Hemos fundamentado en varios artículos de esta columna que, en cualquier Nación, las Obras Públicas no pueden no existir o desaparecer.
Analizamos como es la misma norma madre, la Constitución, quien fundamenta la necesidad de dichas construcciones necesarias para la vida, la salud, la educación, el transporte, el progreso, en fin, el bienestar de las personas, que conforman una Nación.
Negar este compromiso y obligación por parte de un gobierno, cualquiera sea su identificación política, que no es más que un grupo de personas que se presenta a una elección para, en caso de ganar, asumir por delegación, a cambio de un sueldo, el compromiso de gobernar, en cumplimiento precisamente de esa Constitución, será incumplir el mandato soberano de los mandantes, la población, los ciudadanos.
Por ello, y en este punto específico sobre la gestión de Obras Públicas indiscutiblemente necesarias para la comunidad organizada, consideramos que es urgente una corrección y cambio de timón del gobierno actual.
Manifestada claramente la decisión de no ejecutar más esas obras por parte del Gobierno Nacional, es momento de producir una delegación masiva de las mismas a las Provincias.
Para asegurar este cambio paradigmático sobre la gestión de Obras Públicas en nuestro país, se deberá organizar el sistema recaudatorio a los efectos de entregar los fondos percibidos por impuestos destinados a esas obras, a las provincias en su totalidad.
Por ejemplo, tal vez las obras de mayor envergadura constructiva, que son las viales , rutas que ya no serán mantenidas por la Nación, sí podrán pasar a ser responsabilidad en su totalidad por cada provincia según su ubicación en cada jurisdicción local.
Esta puede ser una gran solución, atento que el gobierno nacional no las va a mantener en condiciones de transitabilidad y seguridad. Así, se podrían transferir a las provincias Si se transfiere su titularidad, quedarán provincializadas, o en caso gestión de mantenimiento, será una delegación a ese efecto.
Lo que no puede suceder, es que se abandonen las rutas que actualmente son nacionales, ya que son caminos necesarios para la vida de la población, eso está claro.
Y en el caso específico de las rutas que el gobierno está licitando para explotación privada por concesión con cobro por peajes, está bien, pero las rutas nacionales que no tienen aptitud económica de licitarse para esa privatización, y el gobierno nacional no querrá gastar en su mantenimiento, deberían ser transferidas a las provincias en que se encuentren cada una de ellas.
Los fondos viales entonces, deberán ser transferidos y percibidos con criterios de justicia y equidad a las mismas.
Lo mismo respecto a la infraestructura de salud, hospitales, o educación.
Resultado, deben existir fondos para obras fundamentales, como las indicadas, distribuidos en las provincias. Esas obras ya no serán nacionales, sino provinciales (y municipales), pero la Nación como Persona pública principal del Estado debe asegurar esa percepción y recaudación, y ese ingreso, debe distribuirlo con criterios de razonabilidad a las Provincias.
Cuando decimos provincias, incluimos en forma igualitaria a la ciudad autónoma CABA.
El gobierno nacional, que representa la Nación, como ente ejecutivo director, no puede estar en “guerra” o conflicto con sus partes integrantes, las Provincias, porque todas ellas, conforman a esa Nación.
Como en un cuerpo humano, el cerebro dirige y coordina a los órganos que son sus partes componentes, resulta irrazonable y antinatural que atente contra la salud de las
mismas, y cuando eso sucede, se cae el organismo completo.
Así sucede en un país, ya que todas las partes conforman orgánicamente el mismo ente.
Lamentablemente, en Argentina, por razones históricas y políticas, se perciben Nación y Provincias como entes separados, en continua confrontación, un absurdo concepto y una práctica política que ha causado daños graves al país.
Cuando hacemos este análisis, nos damos cuenta de lo absurdo e inconstitucional que resultan los conflictos internos entre Nación y Provincias.
Dr. Hugo Cappelloni – (EL AUTOR ES ASESOR DE EMPRESAS EN PROCESOS LICITATORIOS Y EN CONTRATOS PÚBLICOS; EX ASESOR GENERAL LEGAL PROVINCIAL)
