La obra pública entró en la campaña electoral con la difícil misión de acercar votos al Gobierno. Es una buena noticia para el sector de la construcción, pero la agenda futura está marcada por la inflación, el tipo de cambio y el acuerdo con el FMI.
El resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre cambió con la velocidad de un rayo lo que hasta ese momento se suponía que sería un apacible andar del Gobierno hacia una ratificación del rumbo económico que, con avances y retrocesos, la Casa Rosada había mostrado a lo largo de toda la pandemia.
Sin embargo, la sorpresa electoral y el escenario abierto de cara a las elecciones parlamentarias del 14 de noviembre gatillaron un repentino impulso en el músculo político del Gobierno que, rápidamente, salió a anunciar un ambicioso plan de 25 obras públicas a desarrollarse en 14 provincias, además de la reactivación de otras ya en carpeta, con foco en distritos electorales clave.
De este modo, la movilización de obras a cargo del Estado, una reacción casi natural del espacio político gobernante cada vez que ve amenazada sus posibilidades de triunfo electoral, junto con el cambio de figuras en el gabinete de ministros, fueron la estrategia puesta en juego para intentar revertir el resultado en las urnas. La otra pata de la jugada oficial es la decisión de poner “plata en el bolsillo de la gente”, vía refuerzo del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), bono a jubilados, suba del mínimo no imponible para el pago de Impuesto a las Ganancias, financiamiento a tasa cero para monotributistas y otros beneficios fiscales o crediticios para impulsar el consumo.
Según pudo saber El Constructor, la motorización de la obra pública que se menciona, en rigor, no contempla nuevos proyectos, sino que, más bien, seguiría el plan fijado en el Presupuesto 2021, que ya preveía una duplicación de los recursos del Tesoro para este fin, pasando del 1,1% al 2,2% del producto bruto interno (PIB), así como una mayor velocidad en la ejecución para mostrar resultados a corto plazo.
RÁPIDO Y VISIBLES
El viernes 17 de septiembre, el presidente, Alberto Fernández, junto con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; la subsecretaria de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública, Cecilia Larivera; y el intendente del partido de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguraron la pavimentación y el mejoramiento urbano de la Av. República Argentina en ese distrito bonaerense. Fue la ocasión elegida para poner en marcha un programa de 25 obras en 14 provincias, con una inversión total prevista de $3114 millones. Las seleccionadas en esta etapa fueron: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán.
Se trata de obras que se enmarcan en el Plan Argentina Hace, enfocado en municipios, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), y la Dirección de Vialidad Nacional. Hoy, lo que se ve y puede ejecutarse a corto plazo tiene que ver con el acceso al agua potable, la red de cloacas y obras viales, de pavimentación, conectividad en barrios sin accesos transitables… y no mucho más.
“La obra pública convoca al trabajo, nada es más importante que el trabajo. Gobernar es dar trabajo”, señaló el presidente en referencia al lugar que le da el Ejecutivo a este aspecto. Y remarcó: “Acercarles obras que tienen que ver con la calidad de vida de la gente, eso es lo esencial en política, no es otra cosa, hacerles más fácil la vida a las personas. Es muy bueno escuchar que los vecinos van a tener mejores condiciones de vida, aquí y en cualquier otro lugar del país, con el desarrollo de la obra pública”.
Por su parte, el ministro Katopodis subrayó: “Inauguramos la pavimentación de la Av. República Argentina, en Almirante Brown, 50 cuadras que le cambian la vida a miles de familias, y pusimos en marcha 25 obras que crean trabajo en 14 provincias. Con humildad, vamos a seguir arremangándonos para cumplirle a la gente”. Obras y proselitismo, una pareja inseparable en la historia argentina desde hace décadas.
A TODA MARCHA
En la actualidad, el Ministerio de Obras Públicas tiene en ejecución 2588 obras en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, además hay 1446 proyectos en carpeta, en áreas tan disímiles como agua y cloacas, arquitectura, educación, equipamiento urbano, obras viales, vivienda y hábitat, recursos hídricos, turismo y salud.
Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que conduce el exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, el foco hoy está puesto en la vivienda y los desarrollos urbanos del plan Procrear II, que se enmarca en el programa federal Casa Propia. Por su parte, el Gobierno licita la construcción de los desarrollos en todo el país y, una vez construidos, adjudica por sorteo ‒a través de la TV Pública‒ a quienes se inscriban los créditos hipotecarios a 30 años con tasa fija, ajustable por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
Además, impulsa la compra de lo que denomina Suelo Urbano, terrenos donde, luego, realiza un desarrollo del Procrear y adjudica, también, lotes con servicios (electricidad, gas, conectividad, agua, cloacas), para que, más tarde, los beneficiarios puedan construir, con crédito del Estado, su propia vivienda. Son modalidades que asume hoy la obra pública y que se viene ejecutando a buen ritmo.
Sin embargo, la obra “que se ve rápido” es la que se hace en los municipios. Para Ricardo Delgado, titular de la consultora Analytica, el efecto que puede tener la obra pública en términos de actividad económica a nivel macro “es relativamente limitado, aunque sí, obviamente, impacta en la industria de la construcción y en las regiones, provincias y municipios donde estas obras se desarrollan”.
El economista también consideró que “ya desde el año pasado el Gobierno está trabajando con la idea de lo que se llaman obras menores, de bajo porte, que dinamizan empleo, y que, de alguna manera, la gente las puede ver. Este es un punto esencial”, apuntó. No obstante, señaló que “para dinamizar la industria de la construcción, si no hay actividad privada, es difícil que sea un motor muy relevante porque entre dos tercios y tres cuartas partes, entre 66 y el 75% del total, es obra privada, el resto es obra pública”, cuantificó.
Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de la consultora Equilibra, sostuvo que, pensando en las elecciones, “en dos meses no se puede acelerar la obra pública, sí se puede avanzar con alguna partida o apurar algún pago, pero lo tiempos son muy cortos”. En su mirada podría haber un poco más de gasto, pagar algunos contratos con atrasos, pero no mucho más, por la burocracia que conlleva la aprobación de obras públicas.
LA MACRO JUEGA
Tal vez el punto más importante de cara a los meses que vienen tiene que ver con la inflación, el frente cambiario e incluso la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Es que, como siempre, la macroeconomía establece las reglas de juego con las que después las empresas deben lidiar a la hora de llevar adelante sus negocios. Y aquí la inflación es clave, como bien saben las constructoras que se dedican a la obra pública, por el impacto que tiene en las redeterminación de precios.
Al respecto, Delgado considera que la esperable corrección cambiaria luego de las elecciones de noviembre “puede tener impacto en la actividad de la construcción, porque hay una parte de los insumos que están dolarizados. Eso va a tener efectos sobre la inflación, por lo también impacta, obviamente, en las redeterminaciones”. Como las empresas constructoras tienen gatillos, que es la posibilidad de pedir redeterminación de precio cuando la inflación acumula un 5%, lo que ocurre hoy es que, con inflación de 3 o 4% mensual, cada mes y medio se abre la posibilidad de pedir redeterminaciones.
“Eso acumula muchísimo los trámites administrativos en el Estado y, en consecuencia, los nuevos precios tardan demasiado en salir, lo que, en general, enlentece las obras”, detalla Delgado. En su visión, “la inflación es muy mal negocio para la obra pública, justamente porque no permite ejecutarla a la velocidad que el gobernante desea”.
Sigaut Gravina, en tanto, prevé algunos nubarrones en el comienzo de 2022, a partir de una “corrección cambiaria que puede acelerar la inflación y, además, habría cierta parálisis al inicio del año porque se necesitará tomar medidas para paliar las consecuencias negativas de la devaluación”.
Por su parte, Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores Económicos, aseguró que en 2022 la obra pública “va a jugar un rol importante”, y eso está reflejado en el proyecto de Presupuesto que envió el Ejecutivo al Congreso. “Con una meta de déficit primario de 3,3% del producto, el gasto de capital aumentará del 2,2% este año al 2,6% del producto, en 2022, y todo eso concentrado en inversión real directa, o sea, obras de infraestructura”, destacó Tiscornia.
No obstante, dejó en claro que la ejecución de ese presupuesto depende de la decisión política y del acuerdo a que se llegue con el Fondo Monetario Internacional. “Si prevalece lo que quiere la vicepresidenta de mayor expansión fiscal, la obra pública va a tener un rol importante. Pero si terminara primando una visión más ‘conservadora’ de corregir un poco el déficit, incluso dentro de un acuerdo con el FMI, tal vez ahí esta no despegue en 2022”. En ese caso, sería parte de la agenda 2023, en un escenario muy abierto.
