El Gobierno celebra los avances de proyectos bajo este régimen, que ahora parece recuperar ritmo, tras un arranque lento. Se espera un impacto positivo de las inversiones mineras y energéticas en la industria de la construcción.
Durante el reciente AmCham Energy Forum 2025, que tuvo lugar en un hotel de Puerto Madero, un dato muy relevante a futuro atravesó la mayoría de los paneles y dejó flotando la sensación de que esta vez la Argentina, efectivamente, puede transformarse en un imán de inversiones a gran escala, tanto locales como del exterior.
Son decenas de miles de millones de divisas que, vía los beneficios que establece el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), pueden dar vuelta el balance cambiario del Banco Central, ingresando a la cuenta Capital de la Balanza de Pagos, esto es inversiones extranjeras o locales, pero en la moneda norteamericana.
Es un dato clave, porque no hay que olvidar que la disponibilidad de dólares es desde hace mucho tiempo el verdadero talón de Aquiles de la economía argentina. Pero esos ingresos también contribuirán a potenciar a varios sectores productivos, entre ellos a la estratégica industria de la construcción, dado que todos estos proyectos incluyen un capítulo, más o menos relevante según los casos, de obras civiles o infraestructura.
Las referencias al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que es la gran apuesta del Gobierno para impulsar proyectos productivos y de infraestructura de más de 200 millones de dólares, estuvieron presentes en casi todos los paneles del foro de AmCham, dejando la sensación de que ahora la iniciativa está avanzando a mayor velocidad.
Según la norma vigente, los proyectos aprobados, obtienen beneficios impositivos tales como la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la eliminación de las retenciones a las exportaciones a partir del tercer año de producción -en rigor, el Gobierno acaba de eliminar las retenciones a los minerales industriales y metales como cobre, zinc y plomo-, y la amortización acelerada de inversiones.
También determina la estabilidad fiscal por 30 años, la simplificación de trámites administrativos, facilidades para la importación de insumos y el acceso libre al mercado de cambios, con la posibilidad de girar el 100% de sus divisas al exterior sin restricciones. Todas “zanahorias” para inversiones a mediano y largo plazo y de una cierta envergadura.
PRIMEROS PASOS
Todo arrancó con la sanción de la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742), sancionada el 8 de julio de 2024, luego de un fracaso inicial en el Congreso en febrero de ese año. La voluntad del Ejecutivo de avanzar rápido llevó a que la reglamentación de la norma se hiciera el 23 de agosto, sólo 45 días después de la aprobación.
Pero la ansiedad gubernamental chocó con cierta burocracia en las provincias y dentro de su propia gestión que dilataron el proceso de aprobación de las propuestas, a lo que se sumaron los necesarios tiempos de estudio, definición y diseño de proyectos por parte de las empresas interesadas.
Con todo, en la actualidad ya se presentaron 12 proyectos de inversión por unos US$13.600 millones, de los cuales seis proyectos ya lograron la aprobación por parte del Ministerio de Economía, totalizando inversiones por US$8.763 millones. A esto hay que sumar el anuncio de un proyecto de minería de oro y plata en Salta y Catamarca (Diablillos, de la canadiense AbraSilver) por US$500 millones.
Además, la última semana se conoció que Vicuña Corp., surgida de la unión de la minera australiana BHP, que es la más grande del mundo, está ultimando detalles para presentar al RIGI en forma unificada los proyectos de cobre Josemaría y Filo del Sol en San Juan, por un total de 15.000 millones de dólares, junto a la canadiense Lundin Mining.
De aprobarse sería una de las inversiones privadas más importantes de la historia argentina. Para encontrar un antecedente de esta envergadura hay que retrotraerse a un cuarto de siglo atrás, cuando en 1999 la española Repsol se quedó con YPF por unos US$13.000 millones.
En este contexto, también hubo un rechazo formal de un proyecto RIGI, por no cumplir con un requisito clave y es que el negocio tiene que ser nuevo y no una ampliación de un proyecto existente antes de la vigencia del régimen. Se trata del proyecto Mariana de producción de cloruro de litio en Salta por US$273 millones, a cargo de la china Ganfeng Lithum Group Co. Ltd.
IMPULSO A OBRAS CIVILES
“El RIGI muestra cómo este Gobierno quiere que funcione la economía, con apertura e incentivo a la iniciativa privada”, señaló durante su presentación en el encuentro de AmCham Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería y virtual número dos del ministro de Economía, Luis Caputo.
Tras resaltar las ventajas de proyectos de gas, petróleo y LNG (gas natural licuado) para aplicar al régimen, González señaló que éste no es el caso de inversiones en electricidad, que “toman más tiempo”. Fuentes del sector petroquímico también destacan que «la industria petroquímica necesita mayores plazos para poder entrar en este sistema».
Y al cierre de esta edición se conoció la intención de la automotriz Volkswagen de hacer una inversión bajo este esquema de beneficios en su planta de Pacheco para la primera pickup Amarok híbrida, con una apuesta económica de US$580 millones. Si bien el RIGI deja afuera a la industria automotriz, luego de algunas gestiones se permitió el ingreso de proyectos de vehículos eléctricos o de movilidad sustentable.
En este contexto, Daniel González insistió en que perfectamente califican para el RIGI los proyectos de logística y en minería “es un éxito total”, con “cantidad de proyectos medianos a grandes y tres inmensos proyectos de cobre”, a presentarse en breve.
Para Ricardo Delgado, presidente de Analytica Consultora, el programa de incentivos “es un buen instrumento para movilizar la industria de la construcción”, en especial para empresas “que hacen obra civil, pero también en algunos casos a las que se dedican a obras viales y de infraestructura básica”.
En su opinión, una normativa por más generadora de beneficios que sea, como es el RIGI, que liberaliza en términos de uso de fondos propios, de remesas de utilidades, de libre importación, etcétera, “no genera un aluvión de inversiones per sé. Hay que terminar de consolidar el ordenamiento macro primero y eso se tiene que ver en una baja del riesgo país, que todavía no se está viendo”.
En el mismo sentido, Martín Kalos, director de EPyCA Consultores, recordó que en el régimen “claramente se pusieron expectativas superiores a lo que podía ser real, sobre todo en el corto plazo.
Al respecto, apuntó que “muchos previmos esto, porque estaba claro que el diseño, la presentación, los plazos de cualquier proyecto de inversión iban a ser más largos que los que el Gobierno inicialmente parecía esperar, cuando hablaba de que en los siguientes meses y en los primeros años esto ya iba a traer inversiones a Argentina”.
LISTADO DE PROYECTOS
Hasta el momento los proyectos aprobados bajo la modalidad establecida por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones son:
● Proyecto “Parque Solar El Quemado y Anexos” en Jocolí, departamento Las Heras, Mendoza). Es un proyecto proyecto de Luz de Campos S.A. e YPF Luz, con una inversión de US$211 millones, que generará una capacidad instalada de 305 MW.
● Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS. Es un proyecto que involucra a los principales jugadores en Vaca Muerta (YPF, Vista, Pampa Energía, Pan American Energy, Chevron, Plupetrol, Tecpetrol y Shell Argentina). El oleoducto a construirse a lo largo de más de 500 km busca sacar por el Atlántico la producción petrolera de Vaca Muerta, tras una inversión prevista de US$2.486 millones.
● Planta Flotante GNL, gestionado por Southern Energy, una UTE integrada por PAE, Golar LNG, YPF y Harbour) con una inversión de US$2.825 millones en el Golfo de San Matías en Río Negro.
● Proyecto de Litio Salar de Rincón, en Salta. Impulsado por la minera Rio Tinto, de capitales británicos y australianos, tiene una inversión prevista de US$ 2.724 millones.
● Planta Siderúrgica de Sidersa, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Con una inversión de US$300 millones será la primera planta de acero que se construye en el país en 50 años.
● Proyecto Hombre Muerto West (HMW), de la australiana Galan Lithium en el Salar del Hombre Muerto, situado en Catamarca, con una inversión de US$217 millones.
Además, la semana pasada Michael Meding, CEO de la canadiense McEwen Copper, que es la principal accionista del proyecto cuprífero Los Azules, en San Juan, uno de los 10 más importantes del mundo, anunció la unificación de dos etapas que tenían previsto para entrar al esquema. Así la presentación original de 227 millones de dólares, se transformó en un megaproyecto de US$2.672 millones, al que por supuesto, aún le falta la aprobación.
En este punto y hacia adelante, las claves pasan más por la macro. “El RIGI tiene mucho que ver con la macro, pero sobre todo la mirada respecto de hacia dónde va el país, porque se está estabilizando inflación y los riesgos devaluatorios, pero también está manteniendo a niveles más mediocres todo lo que tiene que ver con actividad, empleo, demanda”, sostuvo Kalos.
Y agregó: “El Gobierno dejó ahora que el peso se devaluara un 13%, pero nunca dejó de insistir que tiene que ir hacia abajo y tender a apreciarse. Esto es un problema para una empresa que piensa cuál es el mercado al cual le va a vender, y si la apreciación cambiaria, que el Ejecutivo insiste que es parte de un modelo que llegó para quedarse y profundizarse, también te complica la exportación”.
Al respecto, Ricardo Delgado agregó otra luz amarilla. “En los sectores en los cuales Argentina tiene ventajas competitivas muy claras, como es básicamente gas y petróleo y minería los proyectos RIGI fluyen, pero las decisiones de inversión siempre son lentas. Competimos con otros países que tienen condiciones similares y eventualmente una historia diferente, con lo cual convencer que la apuesta económica tiene que ser en la Argentina siempre lleva un tiempo considerable, teniendo en cuenta el pasado”, remató.
CIUDADANÍA ARGENTINA A CAMBIO DE INVERSIONES
El pasado 30 de julio el Gobierno nacional sorprendió con un decreto que establece cambios importantes en la normativa migratoria del país, y con claras implicancias en el clima de inversiones y negocios.
Además, otorgará la ciudadanía en forma ejecutiva y en sólo 30 días, previa intervención del Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Dirección Nacional de Migraciones, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Registro Nacional de Reincidencia y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Aunque el Gobierno no lo aclara taxativamente, la intención oficial de fomentar e impulsar la llegada de capitales extranjeros amparados en los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) sobrevuela todo el nuevo corpus legal, que modifica leyes con vigencia más que centenaria.
A través del Decreto 524/2025 el Poder Ejecutivo definió que los extranjeros que acrediten haber realizado inversiones relevantes en el país podrán solicitar la ciudadanía argentina. Se establece que será el Ministerio de Economía de la Nación el encargado de determinar qué inversiones son consideradas relevantes, aunque quedan dudas sobre este aspecto.
“La persona extranjera que hubiere realizado una inversión relevante, conforme lo establezca el Ministerio de Economía en los términos del artículo 2° bis de la Ley de Ciudadanía N° 346, podrá solicitar la ciudadanía argentina, bajo el supuesto previsto por el artículo 2°, inciso 2° de la mencionada ley, ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, organismo descentralizado actuante en el ámbito de dicho Ministerio”, señala el artículo 1 del Decreto 524/2025, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Los cambios migratorios que abren la puerta a la ciudadanía argentina a través de una inversión por parte de extranjeros, tienen dos particularidades. Por un lado, modifican una ley que tiene vigencia desde la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, dado que la Ley de Ciudadanía 346 fue sancionada el 1 de octubre de 1869.
Por otro lado, genera ciertas dudas el hecho de que la citada ley es modificada a través de un decreto (DNU 366/2025) algo que impide la Constitución Nacional, dado que una ley sólo puede ser modificada por otra ley. El Gobierno aduce que se trata de un Decreto de Necesidad y Urgencia y por tanto no se aplicaría esa regla.
El decreto 366 fue sancionado por el Congreso el 28 de mayo de 2025 y modifica cuatro leyes nacionales, la citada Ley de Ciudadanía 346, la Ley de Educación Superior 24.521, la Ley 25.871, que en 1995 fijó un nuevo régimen legal de migraciones y la Ley de Educación Nacional 26.206.
