Uno de los temas más tratado en los últimos tiempos ha sido el del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años para atraer proyectos de inversión con inversiones iniciales que superen los 200 millones de dólares.
Tras su reglamentación se han creado industrias en diversas industrias, y la de la construcción no ha sido la excepción. Si bien cada sector tiene sus particularidades y está atado a un gran número de variables, este nuevo sistema comienza con la posibilidad de dar vuelta, en principio, uno de los problemas que ha atravesado el país en el último tiempo.
A la hora de evaluar proyectos de inversión, es usual aplicar métodos como el de Valor Presente Neto (VPN), el cual descuenta los flujos de fondos futuros que se estiman para un proyecto a una tasa de descuento adecuada con el objetivo de luego comparar ese valor con el de la inversión inicial. Para utilizarlo se necesitan por lo menos tres elementos: un valor de inversión inicial, un flujo de fondos positivo proyectado y una tasa de descuento. Uno de los problemas para Argentina es que la tasa de descuento que se utiliza está muy influida por el indicador de “riesgo país” y, por lo tanto, es mucho más alta que en otros estados de la región. Una tasa de descuento elevada impacta fuertemente contra los flujos de fondos proyectados y puede hacer que un proyecto de inversión no sea viable.
Por la magnitud de la tasa de descuento, muchos proyectos de inversión que tendrían una evaluación positiva en situaciones de bajo riesgo país, para el caso de la Argentina no serían aprobados. Es a raíz de esto que el RIGI aporta que los flujos de fondos proyectados sean más altos al no tener la carga impositiva usual en Argentina y que sean más seguros al bajar los riesgos cambiarios.
En este marco, se espera que varios sectores de la economía se vean afectados positivamente por la afluencia de inversiones bajo este régimen; algunos porque son los específicamente elegidos por la ley (forestoindustrial, minería, tecnología, infraestructura, etc.), pero otros porque subsidiariamente deberán ser requeridos para llevar adelante estos proyectos. Entre estos sectores se pueden mencionar los de logística, transporte, construcción, servicios profesionales, entre otros. Pero en particular se ve favorecido el sector de la construcción, que se encuentra atravesando un 2024 en depresión por la paralización y la disminución, y puede resultar especialmente beneficiado con la puesta en marcha del RIGI y la llegada de nuevas inversiones.
Las cifras que calcula y publica el INDEC, a través del Indicador Sintético de la Industria de la construcción, han evidenciado esta baja con un índice de actividad notoriamente decreciente a partir de noviembre del último año y que recién ha dado señales de una mejoría en los últimos meses.
Si bien, de acuerdo con el Decreto PE 749/2024 que reglamenta el RIGI, la construcción no es uno de los sectores elegibles previstos en el artículo 167 de la Ley N°27.742, puede estar implícita en todas las actividades elegibles, principalmente en las etapas iniciales, donde se lleva adelante una gran inversión. Por ejemplo, dentro del sector turístico, un proyecto implica una inversión inicial en materia de infraestructura en hotelería. En infraestructura, a su vez, las empresas constructoras podrían ser contratistas en la realización de diversas estructuras físicas descritas en el decreto, como transporte y logística, esparcimiento público, asistencia sanitaria, salud, educación, telecomunicaciones y defensa y seguridad.
En las etapas iniciales de los proyectos del sector de minería se debe construir infraestructura de caminos, alojamientos, servicios públicos, entre otras. Por su parte, en el caso de la tecnología, se mencionan las más variadas alternativas de proyecto y, en ciertas ocasiones, puede resultar necesario la creación de nueva infraestructura.
Las áreas de siderurgia, energía, petróleo y gas no son la excepción, puesto que todas las descripciones confluyen en la necesidad de levantar una infraestructura inicial, donde las empresas constructoras tienen un importante rol asegurado.
Finalmente, dentro del sector foresto-industrial, el RIGI podría ser importante en los proyectos integrados verticalmente, los cuales contemplen la construcción de una obra industrial para el procesamiento de la madera.
Asimismo, los Vehículos de Proyecto Único (VPU) -definidos en el Art. 176 de la Ley 27.742- tienen la obligación de desarrollar proveedores locales que por monto de inversión representen por lo menos el 20% del total, lo que es también una excelente oportunidad para las empresas constructoras locales.
Si bien podría ser compatible que una empresa constructora o un grupo de empresas constructoras sean titulares de un VPU dentro del sector de infraestructura, debe tenerse presente que, por el decreto reglamentario, no podrán ser contemplados dentro del referido porcentaje los bienes u obras provistos por empresas vinculadas al VPU adquirente, salvo que dichas empresas sean las únicas capaces de satisfacer la demanda de provisión del bien o servicio requerido por el VPU, cuestión que difícilmente aplique para empresas constructoras. Para esto se pueden observar los distintos proyectos que se están presentando ante el RIGI, entre los que se puede mencionar a SIDERSA, que presentó un plan de inversiones por 300 millones de dólares para instalar una planta siderúrgica de última generación en la ciudad de San Nicolás.
Por su parte, YPF lidera un proyecto en el cual la compañía preve construir una planta de Gas Natural Licuado en Punta Colorada, Río Negro, con una inversión estimada de 30.000 millones de dólares. En este sentido, además de las obras de la planta, se deberá contemplar la construcción para alojar a las 5000 personas que estarán ocupadas en las obras.
BHP y Lundin están encarando dos proyectos mineros para la explotación de cobre en la Provincia de San Juan, para los cuales se esperan una inversión inicial proyectada de 8000 millones de dólares. Estos desarrollos se van a localizar en plena cordillera, por lo cual conlleva importantes obras en caminos, alojamiento y provisión de servicios básicos como agua y energía eléctrica. Además, sin confirmación hasta el momento, se pueden mencionar numerosos proyectos para la explotación de litio que implican cifras millonarias. En todos ellos se destaca el desarrollo de infraestructura de acceso alojamiento y provisión de servicios.
Esta situación permite presumir que, en un futuro cercano, las empresas constructoras tendrán una demanda creciente de trabajo, ya que a través de contratos directos o subcontratos deberán proveer a todos los proyectos que adhieran al RIGI.
Si bien la situación que atraviesa la industria de la construcción es compleja y, en tanto, su inclusión dentro del programa RIGI no se da de forma directa, su influencia en otras industrias y áreas tiene el potencial abrir un nuevo panorama de oportunidades que se extienda de cara al futuro.
BDO en Argentina
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Por Fernando Garabato – El autor es Socio de Deal Advisory e Industria Financiera, BDO en Argentina.
