Ya consumada la asunción de Javier Milei surgen interrogantes para el sector de la construcción e infraestructura. Quienes serán los actores principales o las “caras visibles” de un sector clave para la economía nacional. Financiamiento, ejecución, modelos internacionales, etc.
Aunque en uno de sus últimos spots publicitarios antes del ballotage que lo consagró presidente desdijo algunos de los mantras que lo llevaron al estrellato (“no vamos a privatizar la salud pública, “no vamos a privatizar la educación pública”), el plan de gobierno de Javier Milei para el área de infraestructura tuvo menos variaciones. Desde que el presidente electo empezó a circular por estudios de televisión hasta alcanzar la fama que ahora lo depositó en la Casa Rosada, siempre se mostró tajantemente en contra del propio concepto de obra pública. Incluso, el documento que su equipo difundió días después de la segunda vuelta electoral promete “una avalancha de obras” financiadas por privados, “sin la intromisión del Estado, que lo único que hace es robar” (sic).
El propio Milei afirmó sin pruritos el 5 de octubre, ante una pregunta en un acto proselitista, que si algo “no es rentable” para el Estado, “no es deseable socialmente”. Sin embargo, a diferencia de ideas menos probadas o aplicables como sus famosos “vouchers educativos”, el libertario sí ha puesto ejemplos de modelos a seguir en lo que hace a su política infraestructural: “vamos a un modelo de iniciativa privada a la chilena, con waivers a la peruana e incentivos a la Suiza”.
Para desgranar qué significan estos nortes en el programa de La Libertad Avanza, debe observarse que la primera sentencia del plan para infraestructura propone la “eliminación total” de la obra pública. Milei aclaró, hace algunos días en el programa radial de Alejandro Fantino, que las obras que ya estén en curso serán licitadas a privados. Ahora bien, ¿qué pasaría con las que están por hacerse?
El caso más típico de lo que hoy resuena como “a la chilena” es el de los corredores viales: el Estado le otorga a una compañía privada el permiso para desarrollar una obra de infraestructura, a cambio de la facultad de usufructuar ese bien a través de concesiones. El peaje de una autopista. Si bien eso hoy existe en la Argentina, en el país vecino se ha extendido hasta instalaciones como cárceles o aeropuertos.
Este esquema no es precisamente el modelo PPP (participación público-privada) que se instauró, con un éxito casi nulo, durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). En los contratos del tipo PPP, el rol que jugaba el Estado era el de repagar la inversión: las empresas tomaban financiamiento, realizaban las obras, explotaban el negocio de la concesión (a través de peajes), y el Estado abonaba esa deuda inicial. En el sistema chileno, en cambio, el único rol al que queda reducido el Estado es el de garante de esa deuda.
Ahora bien, hay un dato sobre la implementación de los PPP durante el macrismo que ilustra una de las primeras contras de lo que sería la aplicación del sistema chileno en la Argentina (y que explica también que se hayan llevado a cabo apenas el 2% de los proyectos licitados con esa modalidad durante la experiencia Cambiemos). Según Forbes, cuando se lanzaron las primeras licitaciones PPP, en abril de 2018, el riesgo país era de 350 puntos. Tres meses después, cuando se terminaron de firmar los contratos, había ascendido a 800. A casi un año de haber ganado las elecciones de medio término e interpretar ese inesperado triunfo como una validación del rumbo que estaba tomando la economía nacional, y como la confirmación del apoyo necesario para profundizar aún más en las reformas, el peso argentino volvería a experimentar una fuerte devaluación.
Es decir: tanto para el modelo PPP conocido en el gobierno de Macri como para la implementación del sistema chileno, una de las mayores trabas sigue siendo la inestabilidad de la economía argentina, el bajo acceso a divisas extranjeras, las constantes dificultades que tienen muchas empresas para girar regalías hacia sus casas matrices y la falta de previsibilidad de los indicadores locales. ¿Cómo prever la recuperación de una inversión, mediante el abono sostenido de tarifas de los usuarios, a 15, 20 o 25 años en un país como la Argentina? Las variables de caída de la demanda, pérdida de poder adquisitivo, desactualización de precios, destrucción en dólares de los salarios y poder adquisitivo de la gente son todas demasiado inestables.
Podría sumarse, incluso, pensando en el gobierno de Milei que recién comienza, la por ahora latente posibilidad de dolarización de la economía. Aunque muchas voces sugieren que la designación como ministro de Economía de Luis “Toto” Caputo, exministro de Finanzas de Macri y reputado como un enemigo de la adopción de la moneda norteamericana y la eliminación del Banco Central, significa un abandono temporal de esa idea, la única certeza al respecto es que no hay ninguna certeza.
Durante el macrismo, las empresas que se sumaron a los PPP vieron los planes interrumpidos primero por la devaluación y luego por el cambio de gobierno. Con Milei, las compañías que ganaron licitaciones durante el gobierno de Alberto Fernández verán un cambio de régimen, aunque es de esperarse que los contratos ya firmados se cumplan. Con el gobierno de Milei, las empresas que obtengan permisos para la construcción de obras infraestructurales, ¿verán un cambio de moneda a mitad de obra?
El otro gran problema que ven muchos especialistas alrededor de la obra pública desarrollada por privados llega una vez realizadas las obras, al momento de establecer (y actualizar) las tarifas, administrar el servicio y mantenerlo en condiciones. Aunque Milei comulgue filosóficamente con la posibilidad del privado de cobrar lo que la empresa determine a piacere, asumiendo el riesgo de la competencia y la caída de usuarios, quizá no esté teniendo en cuenta que sería su propio gobierno el que pague el costo político de una indignación general. Por citar el caso de Chile, que es el que el propio gobierno electo ha elegido como emblema, los problemas vinieron cuando algunos usuarios se encontraron con deudas de hasta USD 30.000 por falta de pago en peajes, para caminos donde no tenían ninguna alternativa de menor calidad a otro precio. En resumen, el gobierno sería el destinatario del enojo popular para con los clásicos perjuicios que ocasionan los monopolios.
Cabe aclarar, de todas maneras, que en el país vecino conviven este sistema de iniciativas privadas con el clásico modo de licitaciones que es, hasta ahora, el único vigente en la Argentina. Sin ir más lejos, de acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas de Chile, el país trasandino hoy destina a la obra pública un porcentaje de su Producto Bruto Interno mayor al que desembolsa la Argentina para el mismo fin.
Si se analizan casos aparte de nuestro vecino, el Centro de Estudios para el Cambio Estructural (CECE), en un documento publicado en julio de 2018, a propósito de los cambios que implementaba entonces el gobierno de Cambiemos, afirma que “más del 70% de los contratos PPP suscritos en la región desde la década del ‘90 hasta 2015 fueron objeto de renegociación”. Además, arroja un dato sectorizado contundente: “para el sector de agua y saneamiento, este porcentaje se eleva al 93%”. Aunque identifica una multiplicidad de causas entre las explicaciones para este fracaso parcial, coloca a la “evaluación deficiente del valor del costo financiero” entre las principales razones.
De todas maneras, hay dos hechos político-mediáticos que debemos tener en cuenta para concretar este análisis: por un lado, desde el campamento de Milei afirman que el libertario prepara un paquete de medidas que reforma hasta 2.000 leyes. Cabe esperar que dentro de esta “Ley Ómnibus” se incluyan modificaciones que afecten a la obra pública. Lo que es seguro es que, bajo la nueva administración, no tendrá la forma en la que la conocemos hasta el momento.
Por otro lado, como mencionó el presidente electo en el debate y como permiten pensar decisiones como la designación de Caputo en Economía, ya comentada, algunas de las reformas insignias del libertario deberán esperar hasta que la economía “se estabilice”. Horas después de su victoria del 19 de noviembre, Milei advirtió que esperaba medio año de estanflación y que terminar con la inflación llevaría “entre 18 y 24 meses”. Quizá el nuevo modelo de infraestructura argentina deba retrasarse también.
El ministerio de Infraestructura de Milei, que manejará el ex KPMG Guillermo Ferraro, concentraría, además de Obras Públicas, las áreas de Transporte, Minería, Comunicaciones y Energía. Ferraro es de los no tan pocos funcionarios asegurados de Milei que ya conoce muy bien el funcionamiento del Estado: fue Secretario de Industria durante la breve experiencia de Duhalde en la Rosada, luego de la debacle del 2001. Antes, se había desempeñado como Subsecretario de Infraestructura y Telecomunicaciones de la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Antonio Cafiero, en pleno menemismo. Algunos años después del interinato del “Cabezón” Duhalde, participó en la gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Su currículum abarca bastante más que la consultoría privada.
En el caso del área de Vivienda, que heredará de la administración Fernández 90 mil propiedades todavía en construcción, estará manejada por Ricardo Inti Alpert, aunque todavía resta definir si este reportará a Ferraro o a Sandra Petovello, la licenciada en “Ciencias de la Familia” que estará a cargo del ministerio de Capital Humano.
La propuesta de los libertarios para Infraestructura incluye las políticas para vivienda. Sostiene que el problema a resolver son “un déficit habitacional de alrededor de 3 millones de viviendas”, “10 mil barrios” que necesitan mejoras infraestructurales y “200 mil edificios multifamiliares” que precisan reparaciones. Para esto, afirman, implementarán un sistema de fideicomisos “al costo”, basándose en el principio de que la vivienda “se financia porque se paga y se paga porque se financia”. Sostienen que apuntan a una política habitacional que “no tenga costo fiscal, sino que cree riqueza”.
Indi Alpert, por su lado, aseguró que el Estado prevé costear las redes para los servicios básicos de las futuras urbanizaciones, pero que dejarían la construcción (y posterior usufructo) de las nuevas viviendas en manos del sector privado. La prédica del hombre que se autodefine “el padre” del Plan PROCREAR, una de los programas insignia del kirchnerismo, y que fue asesor de Emilio Pérsico en el ministerio de Desarrollo Social, pone el foco en las clases más postergadas. Días después del triunfo de Milei, aseguró: “La idea de los créditos para la construcción de casas en lotes identificados por las provincias y los municipios, es una propuesta que apunta a la clase media y deja afuera las necesidades de los barrios populares”.
El programa de La Libertad Avanza reza que cada familia decidirá “qué obra se realiza, en dónde (sic), cuándo y de qué manera”. Dadas las sensibles complicaciones que el acceso al crédito privado tiene en la Argentina, y la inestabilidad y el riesgo financiero que señalamos cuando nos referimos a obras de infraestructura, el gobierno de Milei prevé “articular” este modelo de iniciativa privada desde el Banco Hipotecario, para que luego los privados vayan entrando en la competencia.
Así como Indi Alpert afirmó que es “el fin de la obra pública, no del albañil”, el (podríamos llamar “optimista”) programa libertario promete invitar a los trabajadores a aplicar a créditos a 10 años en base al 25% de su flujo salarial. De acuerdo a un estudio publicado por organizaciones como CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) y TECHO (ex Un Techo para Mi País) a mediados de este año, en el AMBA (Capital Federal y 40 municipios bonaerenses que la circundan, un tercio de la población nacional), más del 30% de los habitantes destinan un porcentaje de su salario mayor a la mitad al pago del alquiler.
Ambos aspectos del programa libertario presentan tantas dificultades como oportunidades. Ya señalamos algo que el propio economista sostuvo sin pudor: casi todas las grandes reformas con las que promete signar su gobierno dependen de una previa estabilización de la economía. Los problemas de la Argentina, reciclados: imprevisibilidad, falta de crédito, riesgo país alto, moneda inestable.
El propio Milei, que de a ratos parece descubrir la política sobre la marcha, dio indicios de ser más transigente con algunos axiomas de su credo libertario a medida que desanda su camino presidencial. Su curso de acción cuando incorpore los datos que brindamos arriba sobre porcentaje del PBI chileno destinado a obra pública, o cuando analice por qué en Suiza el porcentaje de obra infraestructural privada es menor al 17%, podría verse modificado.
En líneas generales, además, la nueva administración deberá demostrar, ante “los libres del mundo”, una estabilidad política que por ahora falla en brindar. La danza de nombres, las idas y venidas, el supuesto cisma interno que habría provocado en el PRO la aceptación solitaria por parte de Patricia Bullrich del cargo de ministra de Seguridad y la disputa a cielo abierto por la presidencia de la Cámara de Diputados no muestran mucha firmeza. Desde el círculo de Milei, sin embargo, confían en que, como decía Cristina Fernández de Kirchner, será el economista libertario quien, desde el 10 de diciembre, “tenga la lapicera”.
