Por Fernando Brovelli – Después de una década de trayectoria en la administración de servicios públicos y en el sector energético, Santiago Yanotti asumió el cargo de Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Tucumán en noviembre del 2023. Su designación continúa con la impronta prioritaria que el distrito le otorga a la infraestructura estratégica, que hereda desafíos pero que sostiene la expectativa para una nueva etapa de realizaciones. En este contexto, El Constructor dialogó con el funcionario para que nos informe sobre los proyectos de obra pública que se están llevando adelante en la provincia y otros aspectos claves del trabajo de su gestión con respecto a la priorización en infraestructura.
¿Qué metas de obra pública tienen para este segundo semestre en la provincia, luego de los acuerdos que ha logrado la Gobernación con Presidencia de la Nación?
Los desafíos del área de infraestructura de obra pública están directamente alineados con las prioridades que el gobernador decidió para su gestión. Cuando asumió en la Gobernación de Tucumán en noviembre del año pasado, incluso antes de conocer el resultado electoral de la elección nacional, hizo un gran presupuesto en el que ordenó las cuentas fiscales de la provincia y le bajó el presupuesto a casi todas las áreas menos las que te mencioné.
En ese esquema, nos piden que terminemos los primeros cuatro pabellones de la nueva Penitenciaría Benjamín Paz, en la que no se avanza desde hace dos años. Este proyecto lo vamos a tener concretado a fin de año y van a poder alojarse más de 600 presos. En materia de saneamiento también estamos continuando con plantas de tratamiento de cloacas, en las que contamos con apoyo del Gobierno nacional para reiniciar la obra en San Felipe, que es la planta de tratamiento de cloacales más grande de la Argentina, no solamente de Tucumán. También buscaremos resolver plantas de tratamiento en San Andrés, en Alderete, en Banda Río Salí, en Aguilares, en Pamayzán: tenemos muchos desafíos por delante, a partir de las áreas que el gobernador ha decidido como prioritarias, concluyendo obras que quedaban de gestiones anteriores y adaptándonos a las nuevas pautas de la Nación.
¿Qué impronta personal le da usted a su gestión en Obras Públicas en consideración de que es un área prioritaria en las distintas administraciones provinciales?
Mi impronta no es lo principal, porque se trabaja en equipo y no hay compartimentos estancos entre los diferentes ministerios. Hay permanentemente contacto con el Ministro de Seguridad y con la Ministra de Educación. Y después yo sostengo que hay que estar en la calle: los funcionarios no podemos estar en la oficina, hay que recorrer las obras, hay que recorrer los lugares, hay que conocer de primera mano la situación o la realidad para poder interpretarla y tomar las mejores decisiones.
Otro asunto importante es que hemos armado un área de planeamiento y planificación, para ir previendo proyectos a la espera de que mejore la situación macroeconómica y financiera. Para ver un ejemplo: queremos avanzar con proyectos de circunvalación y vemos que Córdoba es una provincia que ha desarrollado mucho esta área pero que cuenta con planes de más de 60 años y todavía no lo terminan. Nosotros ni siquiera tenemos proyectos en la provincia; hay que tener planes para después poder ir consiguiendo el dinero para financiar.
Ustedes están adoptando modalidades de financiamiento mixta entre Nación y Provincia. ¿Cómo es el esquema de trabajo?
Eso también es una novedad y una innovación. Básicamente, lo que el gobierno nacional nos pide es que el dinero que depositen vaya directamente a la cuenta de las empresas. Antes entraba primero a la provincia y después a la empresa, lo que provocaba una demora corta pero innecesaria. El gobernador rápidamente accedió y ya estamos firmando, por ejemplo, un acuerdo con Vialidad Nacional para la continuación de la Ruta 307, en donde se aplica este sistema novedoso: Nación le paga directamente a la empresa y Provincia igual sigue avanzando en las obras. Nosotros asumimos una parte de la obra y Nación, como contraprestación, asume otra parte de esta u otra obra.
Es una forma nueva de interactuar. Lo que nosotros buscamos es tener la flexibilidad necesaria para poder adecuar nuestros procesos burocráticos, normativos y jurídicos a estas innovaciones a las que no estábamos acostumbrados históricamente, para que en definitiva las obras se puedan completar.
En este período previo a la reactivación del financiamiento nacional para la obra pública, ¿cómo hicieron para seguir avanzando en el desarrollo de infraestructura provincial? ¿Fueron preparando todos estos mecanismos que menciona como novedosos?
Tuvimos mucho diálogo con el sector empresarial y con el sector gremial, que nos han acompañado en esta ralentización o parate de seis meses como tienen algunas obras. También las empresas muchas veces tenían deuda por cobrar y se han comprometido a gestionar, cobrar e invertirla, a pesar de que tenían derecho quizás a quedarse con ese dinero porque era trabajo que ya habían hecho. Entonces avanzamos con compromisos de todas las partes.
Para adecuarnos a los nuevos procesos, lo primero que hicimos fue neutralizar la mayoría de las obras hasta ver cómo seguíamos y después lo que hicimos fue pedir una ley a la Legislatura, que nos ha dado la emergencia para permitirnos volver a pactar formas, plazos y programas. Por ejemplo, las viviendas con calefones solares son muy caras, así que vamos a hacerlas con calefones de gas natural que cumplen la misma funcionalidad, y la gente va a tener agua caliente que es lo que importa. Gracias a esa ley, que es el gran paraguas que tenemos, nosotros podemos incorporar casi cualquier esquema que el gobierno nacional nos proponga. Esa es la flexibilidad o la plasticidad que nos han pedido y que nos están requiriendo. Por haber empezado por neutralizar la obra pública desde diciembre mismo, no hemos generado costo innecesario y esta norma que nos ha dado la legislatura nos permite avanzar concretamente en todas las obras.
Me comenta sobre las viviendas. ¿Cuál es la situación habitacional del distrito y en qué región enfocarán las obras?
La situación habitacional en Tucumán, al igual que el resto del país, es de déficit. Vamos a enfocar la obra en emprendimientos que de larga data vienen sin poder ser terminados por una razón o por otra, como las de la zona de Manantial Sur. Esperamos hacer entregas parciales de viviendas totalmente terminadas y habitables, porque una cuestión que se había analizado era concretar las obras con terminaciones mínimas y que el beneficiario la vaya terminando: por ejemplo, que se pueda entrar a vivir pero que tenga solo la puerta de entrada y del baño y el resto de las habitaciones sin puertas. Pero el gobernador decidió que se terminen las casas y se las haga absolutamente funcionales.
La zona de Manantial Sur es la primera en proyecto para su continuación y después estamos analizando todo el paquete de obras iniciadas que hay para ver qué empresas pueden aceptar las condiciones que el gobierno provincial, en conjunto con el aporte que haga Nación, puede ofrecerles para terminar. Estamos esperando el nuevo programa, que entendemos que va a tener un aporte importante del sector privado y del crediticio.
¿Qué particularidades tiene el desarrollo de infraestructura penitenciaria y cómo afrontan este desafío que venía representando una dificultad en términos de seguridad en la provincia?
Pensá que no se hace una nueva cárcel desde que se fundó Tucumán prácticamente. Hay una sola en toda la provincia y esta es la segunda. Eso genera que personas que deberían estar cumpliendo condenas en una penitenciaría estén alojadas en una comisaría por ser el único establecimiento con seguridad adecuada. Eso genera que los policías que debieran estar cuidando a los ciudadanos en las calles, estén destinados al control de los convictos, además de la situación inhumana que sufre el mismo convicto que tiene que atravesar una condena con todas las condiciones inherentes al ser humano. Entonces esta obra le da al reo una mejor situación de detención para que cumpla su condena sin estar hacinado y que se cumpla el objetivo de la reinserción en la sociedad. Por otro lado, a la ciudadanía le da más seguridad porque permite que la policía esté donde tiene que estar.
Los desafíos en infraestructura tienen que ver básicamente con el control de muchos organismos que buscan que se cumplan los diseños constructivos con distintos protocolos de tratos dignos. Se viene cumpliendo con todo lo que corresponde: hemos tenido visitas de funcionarios de ejecución de la pena de la nación y de la provincia, de académicos y de personas que saben de la materia. Se diseñó correctamente.
Otro desafío que tenemos es que cuatro pabellones se habilitarán a fin de año y hay otros cuatro en construcción. Si bien están separadas las obras y los condenados no salen porque los patios son internos, no deja de ser un desafío que haya mucha gente con tanta cercanía al pabellón, pero lo estamos resolviendo en conjunto con el área de Seguridad y con la contratista.
¿Qué impacto en el empleo y en las PyMEs del sector tiene esta reactivación en las obras?
Es fundamental el impacto: hablamos de un ecosistema de la obra pública en el que hay empresas constructoras, proveedores de bienes y servicios, corralones, profesionales y, por supuesto, el personal de la construcción que es el que mayor número emplea. Nosotros venimos haciendo un acompañamiento para que éste ecosistema siga funcionando; tanto las empresas como los gremios entienden la situación compleja que tenemos y están haciendo esfuerzos para que los beneficios y el dinero que llegue sea para todos. En ese esquema, la reactivación que pretendemos va a ser importante aunque no vamos a volver inmediatamente a los niveles previos a la paralización de la obra pública. Pero es un alivio saber que empiezan a tomarse más empleos. Para dar un ejemplo, esta primera etapa de la Penitenciaría Benjamín Paz significa una inversión de $1000 millones mensuales, que van a pagar jornales, contratos, cables, hormigón y caños.
La reactivación es importante, aunque la verdad no es la que pretendemos, así que vamos a seguir esperando lo que haga el gobierno nacional. Ellos, y lo digo de buena manera, están limpiando lo que recibieron, transfiriendo a las provincias, terminando lo que le falta, cancelando obras que no van a iniciar y lanzando programas que reemplazan lo que entendemos que va a tener una participación muy importante del sector privado y financiero. Nosotros nos adaptamos para estar preparados para iniciar lo más rápido posible.
Tienen deseos de refaccionar el aeropuerto y el Dique El Cadillal. ¿Qué otras obras proyectan para el mediano-largo plazo?
La obra del aeropuerto la hace Aeropuertos Argentina 2000 por instrucción de su regulador, que es el ORSNA. En junio asumió un nuevo presidente, Hernán de Arzuaga Pinto. Ya estuve en contacto con él porque el gobernador Osvaldo Jaldo habló con el jefe de Gabinete Guillermo Francos y le contó de la necesidad de priorizar esta refacción del Aeropuerto Benjamín Matienzo. No se trata de algo estético, sino que permite que haya muchos más vuelos y realmente Tucumán lo requiere si uno ve la cantidad de personas que viajan, porque van todos los vuelos prácticamente llenos. Ha habido algunos destinos que hemos perdido y nos gustaría recuperar, tanto nacionales como internacionales, como lo son: Iguazú, Mar del Plata, Bariloche, Chile, Paraguay, Brasil y Perú. Para eso necesitamos mejorar sin duda el aeropuerto. Por suerte está toda la parte técnica hecha, validada y acordada. El dinero que se dispone para obras de Aeropuertos Argentina 2000 alcanza y está la garantía del jefe de Gabinete de la Nación de que se va a priorizar este aeropuerto, así que estamos esperando que el nuevo presidente del ORSNA se acomode y podamos iniciar esta obra.
Con respecto al Dique El Cadillal: el gobernador me ha encargado terminar la obra y hemos hablado con Hidroeléctrica Tucumán, que es la empresa concesionaria y la responsable principal de mantenerlo en condiciones para ver qué mecanismos podemos conseguir. Estamos trabajando en un diagnóstico integral de la situación de El Cadillal, teniendo en cuenta que la concesión vence en un año y medio, y quizás es buen momento para refuncionalizar, recuperar capacidad de embalse y modernizarlo.
Fuera de estas dos obras, estamos planificando la circunvalación en dos anillos: uno es el del Gran San Miguel de Tucumán y otro es en áreas rurales para mejorar los tiempos. Hoy, para ir de una ciudad a otra prácticamente tenés que pasar por la capital. La realidad es que Tucumán es geográficamente chica, por lo que con pocos kilómetros uno logra grandes atajos y mejor circulación. Otra obra importante que estamos empujando tiene que ver con la cantidad de inmuebles alquilados que tiene el gobierno provincial: queremos sacar del microcentro la zona administrativa para que todos esos trabajadores no tengan que meterse en el centro y así descomprimirlo.
