En medio de un contexto en el que el Gobierno nacional y 10 provincias discutían el traspaso de la obra pública, muchas de ellas con financiación comprometida por organismos internacionales, El Constructor dialogó con el presidente de la Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción, Horacio Berra, en torno a la coyuntura que vive la provincia en ese sentido y sobre cómo se avanzará con los proyectos paralizados.
En días signados por la aprobación de la Ley Bases y todo lo que ella podría traer aparejada para la industria de la construcción, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, con el fin de firmar un convenio que establece el traspaso y la colaboración en materia de obra pública, a través de la cual el Gobierno nacional va a contar con las facultades para transferirles a esta y otras 9 provincias una serie de proyectos de infraestructura, saneamiento, viales e hídricas que serán ejecutados por la provincia de Córdoba. Asimismo, mediante este “tratado”, desde la Casa Rosada se comprometen a darles continuidad a otras obras con determinado grado de avance.
¿EFECTO REBOTE?
El convenio anteriormente dicho fue impulsor de un contexto más alentador que el que se había atravesado en los últimos meses, no obstante, aún es una incógnita cuándo podría efectivizarse un ‘efecto rebote’ que permita emerger de este período tan intrincado para la construcción, en general, y para la obra pública, en particular. “El último Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) que publicó el INDEC, muestra que esta dejó de caer y se recuperó parcialmente, puesto que venía de tres meses consecutivos con una caída de más del 10%, y ganó un pequeño pero alentador porcentaje (1,7% en abril)”, dijo a este medio Horacio Berra, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción – Delegación Córdoba, y agregó que “el punto de inflexión indicaría que se ha llegado al piso de la recesión, pero que es necesario que se confirme y aumente drásticamente para entender que empieza a producirse el rebote”.
Por otro lado, Berra hizo referencia a la importancia de una mayor participación del gobierno nacional en el sector de la construcción: “lo ideal sería que el Estado nacional se hiciera cargo de lo que le toca y que no dejara en manos de las provincias lo que debería ser su obligación”, expresó el directivo. En lo que respecta a las obras, remarcó: “ojalá me equivoque, pero no todas las provincias podrán administrarse desde el control hasta su financiamiento, en el sentido completo de lo que representa la ejecución de obras de esta naturaleza”.
¿Cómo es en el caso de Córdoba, puntualmente?
En Córdoba es viable y ya se han demostrado muchos casos en los cuales se completaron obras nacionales. La provincia tiene capacidad de endeudamiento y gestión en la administración de grandes obras a través de los organismos correspondientes, con una muy buena estructura y capacidad puesta de manifiesto en el ya unificado Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos; y, por otra parte, se encuadra dentro de la política de fondo llevada a cabo desde hace tiempo y sostenida firmemente por el actual gobernador.
¿En qué estado quedaron las obras de infraestructura qué se paralizaron y qué porcentaje siguió en ejecución en la provincia?
A nivel de las obras nacionales, siguen paralizadas. Incluso las que tenían financiación de organismos internacionales. No se sabe aún si, al menos esas, se van a continuar en forma directa o van a ser transferidas a provincias o municipios.
En Córdoba, la inversión se ha retraído conforme lo han hecho los niveles de la economía, pero se han continuado honrando los contratos, cosa que no pasó a nivel nacional, en donde se ha puesto de manifiesto una grave discontinuidad jurídica pero con buenas perspectivas a mediano plazo.
La provincia ha tomado como propias algunas obras de financiamiento compartidas con Nación, o convenios en los que Nación directamente realizaba el 100% del aporte y lo ha afrontado como propias para terminarlas. Recientemente, Córdoba ha firmado un convenio a través del cual recibe alguna de las obras y se hace cargo de su ejecución, y, por su lado, Nación tiene el compromiso de terminar otras dos muy importantes dentro del ámbito provincial. Ojalá dicho criterio sea el principio de un cambio en la mirada del Estado sobre la inversión en infraestructura.
¿Cuál fue el resultado de la charla que mantuvo el gobernador con el Gobierno nacional?
Entendemos que se hicieron negociaciones que, en general, permitirán transferir obras a las provincias y a los municipios, y conocemos la vocación que tiene en tal sentido el Gobierno de Córdoba en mantener la inversión en infraestructura, lo que nos mantiene con cierto optimismo.
El Gobierno de Milei evalúa financiar algunas obras nacionales que sean trascendentes, pero ¿qué fondos destinaría?
En principio, gran parte de las obras que cedería la Nación a la provincia tienen la financiación comprometida por organismos internacionales, pero desconocemos, en caso de que no sea así, cuál sería la forma de financiación. Por su parte, la provincia afrontó con su excedente presupuestario (Córdoba es una de las provincias con menor gasto corriente por habitante) el acceso al crédito. El caso del reciente traspaso de la ruta 19, por ejemplo, tiene financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero desconocemos para cada caso cuál puede ser el origen y a la fecha, tampoco sabemos la forma y magnitud del acuerdo.
En concreto, ¿en qué estado se encuentra la construcción en Córdoba luego de las medidas tomadas por el presidente hace unos meses?
Hace tiempo que los gobiernos de Córdoba trabajan en pos de la inversión en infraestructura sabiendo que esto provoca un círculo virtuoso de efectos encadenados: mejora la competitividad y fundamentalmente la calidad de vida de las personas. Por tal motivo, en los últimos años, la participación del Estado cordobés fue tomando primacía sobre las inversiones nacionales, llegando a ser prácticamente mayoritaria, con un 90% por sobre el aporte nacional. Por tal motivo, el impacto ha sido menor, obviamente entendiendo que la crisis que afecta a la economía en general será un termómetro en cuanto a las verdaderas posibilidades.
En este momento podemos decir que se ha continuado con las obras en ejecución, las cuales están en la mayoría de las direcciones administradoras de inversiones con los pagos al día, algunas con redeterminaciones pendientes por el fuerte incremento que ha habido, lo que genera la reconducción de partidas presupuestarias. Recientemente se ha presentado en nuestra delegación un interesante plan de obras por realizar en el período 2024-2027. En lo que respecta a la parte privada, la baja de rentabilidad y de los negocios en los grandes desarrollos son fieles reflejos del cuadro general que se vive en el país.
¿Qué deuda está generando esta parálisis de la obra pública en Córdoba?
No es muy grave, porque del presupuesto total, en la medición de los últimos 8 años de la administración anterior, el aporte de Nación era solo del 10%, estando, el resto, a cargo de la administración provincial. Obviamente que el ritmo de la inversión bajó a los niveles de movimiento general de la economía, pero es importante que el mantenimiento de la inversión en infraestructura, poniendo en valor la calidad de vida de las personas, continúe siendo una política de fondo.
EL ESTADO DE LA OBRA PÚBLICA
¿Qué actor paga la peor parte de este ajuste?
El ajuste está repartido en todos los sectores, pero mayormente en el sector privado, puesto que la actividad se ha restringido a valores muy bajos. Esto ha hecho que la pérdida de puestos de trabajo en todos los rubros haya sido notablemente mayor en ese sector.
¿Consideran que esta es la peor crisis de la obra pública en años?
Creemos, sin duda, que sí, porque, si bien en la época de la pandemia de COVID-19 existía una restricción para trabajar, en todo el Estado nacional había obras en ejecución, y apenas se pudo, las empresas volvieron al ritmo normal.
La situación actual es de una característica única, con un horizonte y plazo de recuperación indefinido porque es la primera vez que el Estado nacional decide unilateralmente, incumpliendo de manera manifiesta los contratos y deteniendo la inversión en infraestructura en todas las reparticiones.
Por otro lado, es alentador que el reciente traspaso de la ruta 19 a la provincia incluya un compromiso de la Nación de terminar de ejecutar dos de las obras que estaban paralizadas en Córdoba: la autovía Río Cuarto – Holmberg y la Circunvalación de Villa María. Esto podría significar un cambio en el paradigma de inversión 0 en infraestructura.
¿Cuánto más pueden soportar las empresas del sector luego del desborde inflacionario de 2023 y el aumento de los últimos meses?
El impacto es muy importante. A nivel nacional, el incumplimiento de los contratos ha generado un grave problema en las empresas, es claro que no solo hablamos de la continuidad de las obras. Cuando decimos ‘incumplimiento’ hacemos referencia a la falta total de pagos de lo ejecutado y de la total desinformación acerca de los tiempos y la forma en los que se va a honrar las obligaciones; entendiendo como tal la materialización en la efectiva cancelación de la deuda.
En nuestra provincia, la situación es distinta. En marzo se publicó la última medición de la mano de obra oficial a cargo del IERIC. En los tres meses del año, Córdoba cayó en dicho rubro un 32% menos que el promedio nacional. Si suponemos que el resto de las variables económicas son las mismas para el sector, podemos inferir que se debe a lo virtuoso del mantenimiento del plan de inversiones en infraestructura que sigue llevando a cabo la provincia.
¿Qué otros actores de la cadena de valor se ven afectados por toda esta situación?
Todos los actores de la cadena de valor del sector se ven afectados. La caída de inversiones en el sector privado y público afecta a todos por igual, y los parámetros en general son los mismos que el resto de los rubros de la economía del país.
LA GRAVE FALENCIA HABITACIONAL
Con este escenario, ¿cómo podrían llegar las inversiones privadas para avanzar con las soluciones que tienen que ver con el déficit habitacional?
Para que lleguen inversiones de trascendencia, en todos los rubros, debe bajar el riesgo país, que ata el financiamiento internacional a tasas en monedas duras que son inaccesibles para el mercado local; y, además, debe garantizarse la seguridad jurídica. Esto último es condición indispensable, ya que, en general, los países que tienen fuertes inversiones en iniciativa privada tienen años de continuidad jurídica independientemente de los gobiernos.
En este sentido, las políticas públicas deben ser estables y consensuadas a largo plazo. En lo que respecta al déficit habitacional, hay una cuestión estructural que tiene que ver con la pobreza, no solo con el crédito. Si las condiciones económicas se restablecen en un corto plazo y las tasas de los créditos hipotecarios llegan a valores de cierta accesibilidad, lo mismo existirá en un grupo muy alto de personas que viven en condición de hacinamiento y cuya capacidad de acceso al crédito en las condiciones actuales será extremadamente restringida.
¿El déficit habitacional exige una mirada diferente de la actual?
Exacto, indefectiblemente se debe actuar en este déficit como política pública de fondo a largo plazo, con una fuerte inversión en infraestructura social, y que contemple también una solución de fondo que tiene que ser distinta para cada grupo que habitualmente es segmentado de acuerdo a los ingresos per cápita de cada familia.
Si no se da una respuesta que contemple distintas soluciones para las diferentes demandas y problemas que cada grupo tiene, será muy difícil llegar verdaderamente, en el mediano y largo plazo, a resolver esta cuestión terrible que se agiganta permanentemente. En este tema que es transversal a toda la sociedad, nuestra Cámara está intentando colaborar con hacerle llegar al Estado nacional, las ideas que permitan aportar soluciones al respecto.
