El Gobierno Nacional dispuso el cierre definitivo de tres entidades clave en la gestión de rutas y políticas de seguridad vial: la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La medida será formalizada mediante un decreto presidencial, y aseguran que «responde a un proceso de reorganización administrativa que busca reducir estructuras, eliminar superposiciones de funciones y mejorar la eficiencia en el manejo de la infraestructura vial».
Tras la disolución de estos organismos, se habilitará un proceso de licitación pública para intervenir 9.120 kilómetros de rutas nacionales. El objetivo central es renovar tramos estratégicos de la red vial que presentan altos niveles de deterioro, tanto por el envejecimiento de materiales como por la falta de mantenimiento sistemático. Para garantizar transparencia en el nuevo esquema, se contempla la aplicación de mecanismos más rigurosos de control contractual y auditoría técnica sobre los proyectos adjudicados.
En reemplazo de los organismos cerrados, se crea la Agencia de Control y Concesiones de Servicios Públicos del Transporte, que tendrá a su cargo la fiscalización de concesiones viales y el monitoreo de servicios vinculados al tránsito. Además, se asignarán a fuerzas de seguridad la tarea de controlar puntos críticos del sistema nacional de circulación, en coordinación con autoridades provinciales.
LA EXPLICACIÓN DE MANUEL ADORNI, VOCERO DE PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
