El Ministerio de Infraestructura bonaerense moderniza el régimen de contratación de infraestructura. A través de una actualización integral, se implementan nuevos parámetros de evaluación de ofertas, la readecuación técnica del Consejo de Obras Públicas y un esquema dinámico de indexación para evitar la desactualización por costos.
La Provincia de Buenos Aires actualizó la reglamentación de la Ley de Obras Públicas con el objetivo de reducir tiempos administrativos, modernizar los procesos licitatorios y adecuar la gestión a las necesidades actuales del sector. La reforma redefine funciones institucionales, incorpora nuevos criterios de evaluación de ofertas y busca generar mayor previsibilidad para las empresas contratistas.
La obra pública atraviesa una etapa de transformación en la provincia de Buenos Aires. Con la modificación de la reglamentación de la Ley de Obras Públicas, el gobierno bonaerense busca dejar atrás procedimientos concebidos hace décadas para adaptarlos a un escenario administrativo, tecnológico y económico completamente distinto al que dio origen al régimen vigente.
La actualización normativa constituye una de las reformas más importantes de los últimos años dentro del sistema provincial de contratación de infraestructura. No modifica los principios rectores de la contratación pública, sino que introduce cambios destinados a agilizar la gestión, ordenar las competencias de los organismos intervinientes y brindar mayor seguridad jurídica tanto al Estado como a las empresas constructoras.
Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos explican que la decisión responde a una necesidad largamente identificada por los organismos técnicos y por los propios actores del sector. «La modificación responde a la necesidad de actualizar el régimen de obra pública y adecuar sus procesos administrativos a estándares actuales de calidad, eficiencia y eficacia», sostiene el Ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis.
Según precisan desde la cartera provincial, el régimen anterior había sido diseñado para un contexto administrativo y tecnológico muy diferente del actual. Con el paso de los años fueron apareciendo procedimientos superpuestos, intervenciones redundantes y circuitos burocráticos que terminaron prolongando innecesariamente la contratación y ejecución de las obras.
El diagnóstico oficial sostiene que muchos de esos mecanismos habían dejado de aportar valor al proceso de control y terminaban retrasando decisiones que ya contaban con evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras realizadas por otros organismos del Estado. La reforma, por lo tanto, procura alcanzar un delicado equilibrio: acelerar los procedimientos sin disminuir los mecanismos de control que caracterizan a la contratación pública provincial, sostienen.
Uno de los conceptos que atraviesa toda la nueva reglamentación es la búsqueda de eficiencia administrativa. En lugar de crear nuevas instancias, el decreto elimina duplicaciones, redefine competencias y establece reglas más claras para cada etapa del procedimiento. La intención oficial es reducir tiempos muertos dentro del expediente administrativo, evitando que un mismo aspecto sea analizado sucesivamente por distintos organismos con funciones similares.
En ese sentido, desde el Ministerio aseguran que la reforma busca «dotar de mayor eficiencia a los procedimientos de contratación, brindar mayor previsibilidad contractual y establecer reglas claras para las modificaciones durante la ejecución de las obras».
Por otro lado, aclaran: “La iniciativa también procura fortalecer la transparencia mediante procedimientos más objetivos y fácilmente verificables, manteniendo plenamente vigentes los principios de igualdad, publicidad, concurrencia y control que rigen toda contratación estatal.”
Uno de los reclamos históricos de las empresas constructoras ha sido la duración de los procesos licitatorios. Si bien las autoridades aclaran que no resulta posible establecer un plazo único para todas las contrataciones, ya que cada obra presenta distintos niveles de complejidad técnica, económica y jurídica, estiman que la nueva reglamentación permitirá una reducción significativa de los tiempos administrativos.
El ejemplo más concreto aparece en el funcionamiento del Consejo de Obras Públicas. Hasta ahora, las distintas intervenciones de este organismo demandaban, en promedio, alrededor de 65 días dentro del expediente. Con la nueva reglamentación, ese plazo podría reducirse a aproximadamente 25 días, aseguran desde la cartera.
En un contexto económico donde los costos de construcción presentan variaciones permanentes y donde la velocidad de ejecución resulta determinante para garantizar la continuidad de los proyectos, reducir más de un mes los procedimientos administrativos puede representar un cambio sustancial para el Estado y para las empresas contratistas.
Además del ahorro temporal, el Gobierno considera que una mayor previsibilidad permitirá mejorar la planificación financiera de las obras y disminuir las incertidumbres propias de los largos procesos administrativos.
Otro de los cambios más relevantes introducidos por la reforma aparece en la evaluación de las ofertas. Tradicionalmente, el precio ocupaba un lugar prácticamente excluyente al momento de adjudicar una licitación. La nueva reglamentación mantiene al precio como un elemento central, pero habilita la posibilidad de incorporar otros factores cuando la naturaleza de la contratación así lo justifique.
Entre ellos podrán considerarse la capacidad técnica de la empresa, su solvencia económica, antecedentes específicos e incluso criterios vinculados con la sostenibilidad. Según explican desde el ministerio, la incorporación de estos parámetros responde a una tendencia que puede observarse en numerosos sistemas modernos de contratación pública, donde la mejor oferta no siempre coincide con la de menor precio. No obstante, la reforma procura evitar cualquier margen de discrecionalidad. Por esa razón, todos los criterios deberán estar definidos previamente en los pliegos licitatorios junto con su ponderación y la metodología de evaluación.
Asimismo, la administración no puede modificar las reglas durante el procedimiento. Ese principio, explican, busca otorgar previsibilidad a los oferentes y garantizar que todas las empresas compitan bajo exactamente las mismas condiciones desde el inicio del proceso. En consecuencia, la evaluación deberá sustentarse exclusivamente en parámetros objetivos, verificables y conocidos anticipadamente por todos los participantes.
“Uno de los cambios institucionales más importantes de la reforma es la redefinición del papel que desempeña el Consejo de Obras Públicas dentro del proceso licitatorio. La decisión no implica reducir controles, sino reorganizar las competencias de cada organismo para evitar superposiciones que, durante años, extendieron innecesariamente los tiempos administrativos.”, aclara el ministro a este medio.
Hasta ahora, el Consejo intervenía en distintas etapas del expediente. Además de emitir un dictamen técnico sobre los proyectos antes del llamado a licitación, también participaba una vez evaluadas las ofertas, analizando cuestiones que ya habían sido revisadas por la Comisión Evaluadora y que posteriormente volverían a ser examinadas por la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado. Esa multiplicidad de intervenciones generaba una secuencia de revisiones sobre un mismo expediente que, según el Gobierno provincial, terminaba ralentizando las contrataciones sin aportar mayores garantías al sistema.
Con la nueva reglamentación, el Consejo concentrará su actividad exclusivamente en aquello para lo cual fue concebido: el análisis técnico de los proyectos. «La intervención del Consejo se circunscribirá exclusivamente a la emisión de un dictamen técnico de validación del proyecto en la etapa previa a la licitación”, sostienen desde el sector. En esa instancia se verificará la consistencia de los planos, las especificaciones técnicas, el presupuesto oficial y la memoria descriptiva de cada obra. Una vez cumplida esa función, el expediente continuará su recorrido por los restantes organismos de control conforme a las competencias que la legislación ya les asigna.
Desde el Ministerio sostienen que la medida fortalece la calidad técnica de los proyectos y, al mismo tiempo, evita duplicaciones administrativas. La redefinición también representa un cambio conceptual. En lugar de que varios organismos analicen los mismos aspectos, cada uno concentrará su trabajo en el ámbito para el cual posee mayor especialización técnica o jurídica.
“La experiencia demuestra que pocas obras de infraestructura se ejecutan exactamente en las condiciones previstas al momento de su licitación. Cambios en las condiciones del terreno, interferencias de servicios públicos, modificaciones solicitadas por la administración, nuevas necesidades técnicas o situaciones imprevistas suelen obligar a introducir ajustes durante la ejecución, manifiesta Katopodis.
Según el Ministerio, la reforma incorpora herramientas destinadas precisamente a gestionar esas situaciones con mayor agilidad: “La normativa establece procedimientos más claros para incorporar nuevos ítems de trabajo, ampliar tareas o modificar determinadas condiciones contractuales, siempre que esas decisiones se encuentren debidamente justificadas y no alteren el objeto original de la contratación.”
Desde la cartera de Infraestructura explican que el objetivo consiste en reconocer una realidad habitual en la ejecución de las obras sin resignar los controles legales y financieros correspondientes. Toda modificación deberá estar técnicamente fundada, económicamente justificada y contar con la aprobación de la autoridad competente. Además, continuará sometida a los controles internos y externos previstos por la legislación vigente.
De esta manera, la Provincia intenta combinar flexibilidad operativa con responsabilidad en la administración de los recursos. Otro aspecto que recibe precisiones es el otorgamiento de prórrogas en los plazos de ejecución.
La reglamentación determina que sólo procederán cuando existan causas objetivas que impidan el normal desarrollo de la obra. Entre ellas se incluyen modificaciones del proyecto ordenadas por la propia Administración, acontecimientos imprevisibles, casos fortuitos, fuerza mayor u otras circunstancias expresamente contempladas por la normativa. “La intención es evitar interpretaciones ambiguas y dotar de mayor seguridad jurídica tanto al Estado como a las empresas contratistas.”, aclara.
PRESERVAR EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL
Si bien la reforma incorpora herramientas que facilitan la gestión de modificaciones durante la ejecución, también mantiene límites precisos respecto de las variaciones presupuestarias.
Toda modificación deberá respetar los porcentajes previstos por la Ley de Obras Públicas y preservar el equilibrio económico del contrato. El objetivo es impedir que, mediante sucesivas ampliaciones, una obra termine siendo sustancialmente distinta de aquella que fue originalmente licitada.
En ese sentido, el Gobierno provincial sostiene que la flexibilidad introducida por la reforma no significa una habilitación para modificar libremente los contratos, sino un mecanismo para resolver situaciones excepcionales dentro de parámetros claramente definidos.
Uno de los sectores que podría verse especialmente beneficiado por la reforma es el de las pequeñas y medianas empresas constructoras. Las PyMEs suelen enfrentar mayores dificultades financieras para sostener largos períodos administrativos o demoras en el cobro de certificados de obra. Por ese motivo, desde el Ministerio consideran que la simplificación de trámites y la mayor previsibilidad en los procedimientos pueden traducirse en mejores condiciones de competencia.
La reducción de cargas administrativas, sumada a reglas más claras durante toda la contratación, apunta a ampliar la participación de empresas locales en las licitaciones públicas. A ello se agrega otro aspecto considerado clave por el sector: la intención de agilizar los plazos de pago. Según destacan desde la Provincia, una administración más eficiente de los certificados permitirá disminuir incertidumbres financieras que afectan especialmente a las empresas de menor escala.
En consecuencia, la reforma busca no sólo acelerar la ejecución de las obras, sino también fortalecer el entramado productivo bonaerense vinculado a la construcción, promoviendo una competencia más amplia y equilibrada entre los distintos actores del mercado, según explican.
Otro de los cambios relevantes introducidos por la reglamentación apunta a resolver un problema recurrente en los regímenes de contratación pública: la rápida desactualización de los montos económicos establecidos por la normativa frente a los procesos inflacionarios. Hasta ahora, los límites para definir las distintas modalidades de contratación estaban fijados mediante valores nominales que, con el transcurso del tiempo, perdían vigencia y obligaban a impulsar constantes modificaciones normativas.
La reforma reemplaza ese esquema por una Unidad de Medida vinculada al valor del metro cuadrado de construcción, un parámetro que refleja con mayor fidelidad la evolución de los costos del sector.
Según explicó el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el valor será determinado mediante resolución de la Autoridad de Aplicación sobre la base de indicadores objetivos, particularmente los índices elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con intervención previa del Ministerio de Economía provincial.
La incorporación de un indicador dinámico busca que los límites económicos de las distintas modalidades de contratación acompañen la evolución real de los costos de construcción, evitando que la inflación vuelva obsoleta la reglamentación en pocos meses.
Desde la Provincia sostienen que esta metodología aporta mayor previsibilidad tanto para la Administración como para las empresas contratistas y reduce la necesidad de modificaciones periódicas del marco normativo. La actualización normativa también introduce precisiones respecto de la contratación directa, una modalidad que históricamente ha sido objeto de especial atención debido a su carácter excepcional.
Lejos de ampliar su utilización, el nuevo régimen reafirma ese principio. «La reforma no modifica el carácter excepcional de la contratación directa», remarcan desde el Ministerio. “Lo que sí hace es actualizar los parámetros económicos y precisar los supuestos en los que podrá aplicarse este procedimiento”, afirman.
Entre las novedades figura la posibilidad de ejecutar determinados trabajos indispensables, urgentes o convenientes durante la ejecución de una obra cuando excedan las reservas previstas por la ley, estableciendo como límite que esas tareas no superen el 35 % del monto total contratado, incluidas las reservas legales.
De acuerdo con la explicación oficial, la finalidad es brindar herramientas que permitan resolver situaciones extraordinarias sin afectar la continuidad de obras estratégicas, pero siempre dentro de límites claramente establecidos. Asimismo, toda contratación directa continuará sujeta a los mecanismos de fundamentación, publicidad, control jurídico, fiscalización financiera e intervención de los organismos competentes. En otras palabras, la excepcionalidad permanece intacta y los controles previstos por el ordenamiento jurídico no se modifican.
Uno de los aspectos que mayor impacto puede tener sobre la actividad cotidiana de las empresas constructoras es la modificación vinculada al sistema de certificación y pago. La nueva reglamentación precisa el momento exacto desde el cual comienza a computarse el plazo legal de treinta días hábiles para efectuar los pagos. Ese plazo comenzará a correr desde la emisión del certificado correspondiente o desde la presentación de la factura, lo que ocurra con posterioridad, siempre que la documentación no presente observaciones formales.
Además, la normativa incorpora expresamente la modalidad de pago mediante cuentas bancarias habilitadas, buscando estandarizar el procedimiento administrativo. Desde el Ministerio consideran que estas precisiones permitirán reducir interpretaciones divergentes, disminuir conflictos administrativos y otorgar mayor previsibilidad financiera durante la ejecución de las obras.
«Se procura disminuir incertidumbres y facilitar una gestión más eficiente de los procesos de certificación y cancelación de obligaciones, beneficiando tanto a la Administración como a las empresas contratistas», señalaron.
Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, contar con reglas claras respecto del inicio de los plazos de pago constituye un aspecto central para la planificación financiera y el sostenimiento del capital de trabajo.
REFORMA CON IMPACTO INSTITUCIONAL
Más allá de cada modificación puntual, la actualización de la reglamentación refleja una estrategia más amplia orientada a modernizar la gestión de la obra pública provincial.
El denominador común de todos los cambios es la búsqueda de procedimientos más ágiles, mayor previsibilidad para los actores involucrados y una distribución más eficiente de las responsabilidades entre los distintos organismos del Estado.
Según informan a El Constructor, la reforma intenta responder a una demanda histórica del sector de la construcción: reducir tiempos administrativos sin resignar transparencia ni controles.
En un contexto económico donde la velocidad de ejecución puede resultar determinante para la viabilidad de una obra, la actualización normativa procura ofrecer herramientas que permitan compatibilizar eficiencia administrativa con seguridad jurídica.
Al mismo tiempo, la incorporación de criterios objetivos para evaluar ofertas, la redefinición del rol del Consejo de Obras Públicas, la actualización automática de los parámetros económicos y la clarificación de los procedimientos de pago configuran un nuevo esquema de gestión que busca adecuarse a las necesidades actuales del sistema de infraestructura provincial.
El desafío, coinciden tanto funcionarios como referentes del sector, comenzará ahora con la implementación efectiva de la normativa. Será en la práctica donde pueda medirse si las modificaciones logran traducirse en expedientes más ágiles, procesos licitatorios más eficientes y obras ejecutadas con mayor previsibilidad para el Estado y para las empresas.
En ese sentido, el sector sostiene que la reforma representa mucho más que una actualización reglamentaria: “Constituye una apuesta por modernizar uno de los instrumentos centrales de la inversión pública bonaerense, procurando que la infraestructura pueda desarrollarse con reglas claras, controles sólidos y procedimientos acordes a las exigencias de una gestión pública contemporánea”.
Por RITA PIRIS
