La gestión de recursos, la planificación estratégica y el análisis de los modelos de desarrollo fueron los principales ejes del XIX Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, que se realiza en la provincia.
Ante un auditorio especializado, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí, expuso la ambiciosa estrategia de la provincia en materia de obras que combina una inversión de 770 millones de dólares con una gestión creativa y sostenible de los recursos públicos. La funcionaria destacó la centralidad y conectividad de la infraestructura para el desarrollo territorial y el fortalecimiento de la competitividad productiva y turística regional.
Durante su disertación, Baduí detalló que Mendoza lleva adelante un plan vial que abarca 477 kilómetros de desarrollo, distribuidos entre la mejora de rutas y la implementación de trenes de cercanía. El propósito central de estas obras es lograr la integración de los oasis productivos, considerados los verdaderos motores económicos de la provincia, para garantizar un crecimiento equitativo y de largo plazo.
«La infraestructura es importante, si se ve desde una perspectiva de servicio, y a la hora de planificar cada obra es relevante preguntarse ¿cuál es su propósito?», planteó la subsecretaria. En esa línea, enfatizó que «la infraestructura hace al desarrollo» y advirtió sobre el impacto negativo de no mantener el ritmo de ejecución.»No invertir es regresivo, por eso es necesario plantear esquemas de recupero, aunque sea una decisión incómoda», dijo.
Gestión creativa y eficiencia fiscal
Uno de los ejes conceptuales más firmes de la presentación fue la necesidad de implementar una gestión creativa frente a la escasez estructural de recursos del Estado. La funcionaria explicó que la infraestructura compite directamente con otras demandas sociales prioritarias, como la salud y la seguridad. Por este motivo, señaló que «en Mendoza estamos dando el debate para que la infraestructura sea sostenible en el tiempo, mediante el recupero de fondos invertidos», evitando así que el Estado deba financiar continuamente las mismas obras con fondos nuevos.
Como ejemplo concreto de esta administración eficiente, Baduí detalló el mecanismo financiero utilizado para intervenir de manera urgente en rutas nacionales que se encontraban en un estado crítico, tales como la Ruta Nacional 143, la Ruta Nacional 40 y tramos de la Ruta Nacional 7 (cuyo tramo luego fue transferido como Ruta 22 del Acceso Este).
Mendoza financió estas obras viales de jurisdicción nacional utilizando fondos propios provenientes del resarcimiento histórico de los más de 1.000 millones de dólares, que la Provincia recibió por los perjuicios que le provocó la Promoción Industrial. Posteriormente, mediante una negociación política y fiscal encabezada por el Gobernador Alfredo Cornejo con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se logró destrabar un histórico cruce de deudas entre ambas administraciones.
En esa conciliación, del saldo global en discusión, la Nación reconoció como deuda consolidada un total de 122.000 millones de pesos a favor de Mendoza. Este monto equivale exactamente a la inversión que la Provincia asumió para reparar las rutas nacionales. De este modo, la Provincia no solo garantizó la ejecución y el disfrute de las obras viales para los mendocinos, sino que logró reducir de manera directa sus pasivos con el Estado Nacional, demostrando la viabilidad de los nuevos esquemas de gestión y recupero de la inversión pública.
