Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre la actividad económica en la Argentina muestran datos desalentadores. El Producto Bruto Interno (PBI) tuvo una caída anual en el 2024 del 1,7% y el rubro de la construcción fue el más afectado, con una retracción del 17,7% en términos interanuales. Sin embargo, hubo sectores que tuvieron excepcionales crecimientos, entre los que se destaca la categoría «Explotación de minas y canteras», con una suba del 7,4%. Progresivamente, el país deja de ser exclusivamente una referencia en el agro.
El crecimiento minero en la Argentina puede localizarse geográficamente. El impulso se notó en provincias que, ante la falta de una tradición nacional para el desarrollo estratégico y colectivo del sector, se nuclearon en asociaciones para consolidar políticas de Estado regionalizadas que permitan promover confianza y generar dinamismo en las inversiones. Estos jugadores comienzan a hacer sentir su presencia y no solo en la economía local: las comitivas norteñas y cordilleranas representan al país en conferencias energéticas y en foros de inversiones.
Entre todas ellas, la que mayor impulso está tomando es la provincia de Catamarca. Un informe de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera no dejó espacio a las dudas: en el 2023, el distrito captó US$1.123 millones de inversión para la explotación de minerales, lo que representó el 44,2% de participación del total del país. La vastedad de su territorio, sus excepcionales cuencas geológicas y una política sostenida de acompañamiento comunitario que permita absorber y distribuir esos fondos son algunas de las explicaciones del interés global que está generando Catamarca: llegan inversores de la India, Estados Unidos, Corea del Sur, Emiratos Árabes, China y Suiza.
En este escenario se encuentra en funciones Marcelo Murúa Palacio, ministro de Minería de Catamarca, quien fue respaldado por la gestión provincial y avanza en su segunda gestión. En diálogo con El Constructor, apunta los pilares claves de infraestructura que tuvieron que estar garantizadas para proponer condiciones a los inversionistas y, en simultáneo, como los fondos que arriban por la minería continúan alimentando el crecimiento de las comunidades, tanto en servicios básicos que permiten potenciar los procesos (como salud y educación) como en desarrollo urbanístico para acompañar los avances de las localidades.
Rutas y puentes para permitir la conectividad; viviendas y escuelas para los trabajadores; usinas eléctricas y parques solares para asegurar la energía que sostenga las mineras: el distrito crece y se proyecta a largo plazo, mientras el sector privado y el público encuentran cada vez mayor sintonía. La minería impulsa la construcción local y, sin esta, no existe desarrollo posible.
Usted asumió su segundo mandato, ¿en qué estado de situación encontró la infraestructura minera en el 2019 y desde qué bases inició esta segunda gestión?
A partir del año 2011, con la asunción de la gobernadora Lucía Corpacci se implementó un plan de mejora de la infraestructura pública general en el interior provincial, particularmente en los departamentos mineros, donde se produjeron mejoras de conexión vial, con la construcción de los puentes necesarios para conectar y evitar que muchas poblaciones quedaran aisladas en época de lluvias, y también, con esto, mejorar las condiciones de logística para el desarrollo minero.
En materia de infraestructura educativa, se invirtió mucho en estas zonas, tanto en Antofagasta de la Sierra, Fiambalá, Belén y Andalgalá, construyendo diversos edificios para los niveles Inicial, Primario, Secundario y también para educación Superior, como los IES de Fiambalá y Andalgalá. En materia de infraestructura para la salud se pudieron construir en la zona diversos hospitales nuevos, en Andalgalá y Fiambalá, y en la actualidad está construyendo el hospital de Antofagasta de la Sierra y realizando remodelaciones y reequipamiento necesarios.
Un aspecto muy importante en una zona minera como Antofagasta de la Sierra es la conectividad eléctrica. En ese sentido se construyeron dos parques solares híbridos aislados que alimentan a las comunidades de El Peñón y la Villa de Antofagasta, lo que permitió contar con luz eléctrica las 24 horas del día. Poder lograr la conectividad definitiva de esta zona al interconectado nacional es un avance que esperamos para poder generar, lo que permitirá mejores posibilidades de desarrollo para las comunidades y para el desarrollo minero.
Si bien existe un fuerte impulso del litio, ¿qué inversiones son prioritarias para continuar desarrollando los recursos minerales no metalíferos en la provincia? ¿Qué proyección tienen estos?
Es claro que Catamarca tiene potencial en los dos minerales críticos más importantes para la transformación: el litio y el cobre. La provincia es la primera productora de litio de la Argentina desde hace casi 30 años y tuvo el último proyecto productor de cobre a gran escala en el país, que fue Bajo de la Alumbrera. Pero tenemos un gran potencial de crecimiento en litio y, por otra parte, estamos en condiciones de poner en marcha un proyecto de cobre de clase mundial, como es MARA.
En materia de cobre, nos encontramos dando los últimos pasos en la exploración avanzada y la factibilidad de MARA, para que se transforme en el mediano plazo en el proyecto de producción que devuelva a la Argentina al contexto internacional de productora de cobre. Este es un objetivo primordial no solo de Catamarca, sino de varias provincias y es muy bueno que Argentina tenga hoy un alineamiento de toda la región andina, que busca llevar adelante y poner en marcha proyectos que van a realizar un aporte importante al complejo exportador del país.
También es importante que se avance en inversión de nuevas exploraciones para proyectos metalíferos, y en ese sentido, se tomaron medidas normativas que devuelvan el criterio proactivo de las propiedades mineras y nos saque de una inercia de especulación inmobiliaria en la que la provincia estuvo inmersa muchos años. Esto se hizo capitalizando propiedades a la empresa estatal CAMYEN y, a través de ella, fomentando la inversión en exploración que será lo que nos permita tener cada vez más afianzada la actividad minera en la provincia, ya que teniendo solo dos proyectos en producción nos permite tener hoy el mismo número de empleados directos en la actividad que en el mejor momento de Bajo de la Alumbrera.
Existe una política en conjunto con el Ministerio de Vivienda o Vialidad en donde los privados aportan a un fondo para la construcción de casas y rutas. ¿Cómo se dan este tipo de articulaciones entre políticas sociales e inversión minera? ¿Qué impacto tiene en el desarrollo de los pueblos y la urbanización?
La provincia de Catamarca, en 2020, modificó el sistema de distribución de los fondos de regalías y aportes adicionales de las empresas mineras que operan en su territorio.
Hasta ese momento, el recurso se distribuía automáticamente entre todos los municipios, con lo cual se atomizaba y perdía capacidad para poder generar obras y acciones de real impacto por sí mismas, por eso más allá que durante la producción de Bajo la Alumbrera las regalías eran casi 10 veces más que las actuales, el impacto de esos fondos no se transformaba en inversiones significativas.
A partir de los cambios normativos, todos los fondos provenientes de la minería se incorporan a un fideicomiso cuya función es aplicarlos de manera más concentrada en la zona de influencia de los proyectos. De este modo, en muy poco tiempo y con recursos más escasos que otras épocas, se realizaron importantes obras estructurales y troncales para el desarrollo de estas comunidades; además, como complemento a ello se articularon esquemas sinérgicos entre el Estado y los privados para aplicarlos de manera efectiva y coordinada en función de un plan de desarrollo de corto, mediano y largo plazo.
Ese plan es estructurado por una comisión plural con representación del Estado, organizaciones civiles, comunidades originarias, legisladores, intendentes, cámaras empresariales, cuyo objetivo se trabaja a través de procesos participativos en cada comunidad. Un ejemplo de articulación público-privada es la construcción en curso de la ruta 43 desde la Villa de Antofagasta hasta el límite con Salta.
¿Qué respaldo obtiene de Nación? ¿Qué grado de iniciativa tienen las provincias mineras para concretar los desarrollos mineros?
Desde mi punto de vista, más allá de la importancia de los regímenes a las inversiones implementados en el último tiempo por el Gobierno nacional, que tienen que ver con cuestiones fiscales, la política minera de Argentina -desde hace mucho tiempo- no es una política de Estado con visión federal. Yo siempre lo sostuve: la política minera de Argentina se trata simplemente de la suma de las políticas implementadas por cada una de las provincias mineras. Es decir, que más allá de los incentivos que son importantes y un aporte para que las inversiones se radiquen en cualquiera de las provincias, la política minera no es una política de Estado a nivel de los gobiernos federales; no alcanza con los incentivos fiscales como el RIGI para considerarse política de Estado, porque una política como tal tiene transversalidad en todas las áreas de gobierno: energía, vialidad, educación, medio ambiente, recursos hídricos. Eso no pasa en la actividad minera y al no ser tal, no goza de la estabilidad política que se requiere para las inversiones de riesgo propias de la minería.
Por eso, es muy importante el trabajo que hace cada uno de los gobiernos locales, que en minería en virtud del mandato constitucional sobre la pertenencia y gestión de los recursos naturales, adquiere mayor relevancia que en otras áreas.
En el caso de Catamarca en particular, tenemos una larga tradición minera, tenemos varios proyectos a gran escala en marcha y un desarrollo de otros que tienen un gran potencial de crecimiento y, por ende, un potencial de aporte al complejo exportador minero de la República Argentina. En ese sentido, Catamarca viene con un trabajo sostenido y de mejora en muchos aspectos: en la seguridad jurídica, en los procedimientos, en los controles, en la circulación de mayor cantidad de información, que sabemos que es lo que permite que la gente acepte la actividad. La sociedad, al tener un conocimiento más cabal de la actividad, de los procesos que se llevan a cabo en cada uno de los proyectos y al tener una percepción real de los beneficios económicos y sociales que se generan, acepta a la minería y con eso se logra el clima general que hace que las inversiones se decidan por Catamarca.
En definitiva, los incentivos nacionales terminan siendo una suma, pero sin el trabajo que hacemos las provincias para generar ese clima integral de seguridad, el inversor minero no llegaría. Sin el trabajo de las provincias, los beneficios que son meramente fiscales no tendrían un caldo de cultivo para dinamizar el sector.
¿Qué avances han logrado en la cadena de proveedores locales y qué desafíos quedan por resolver? ¿Cómo se trabaja el equilibrio entre proveedores locales y las necesidades de los grandes proyectos mineros?
Catamarca, desde que en 2014 dictó su normativa la obligatoriedad de contemplar un porcentaje de trabajadores y proveedores locales en los proyectos que se desarrollen en la provincia, produjo un mejoramiento significativo en ambos aspectos.
Este proceso, además de la exigencia de obligatoriedad de contrataciones locales, estuvo acompañado de muchas políticas públicas que buscaron generar las capacidades para cubrir esas exigencias y esos porcentajes de manera eficiente, y que los servicios que presten los catamarqueños estén a la altura de los requerimientos del sector y de los que se podían conseguir dentro o fuera del país.
Con la implementación de estas políticas públicas, lo que pasó en los últimos años es que Catamarca realmente pudo ampliar su participación en la porción del impacto económico de la minería que mayor importancia tiene: el empleo y la contratación de proveedores locales. Porque siempre se habló de las regalías mineras, pero estas en comparación con la captura de riqueza de la inversión minera a través del empleo y de los proveedores locales es muy inferior.
Tenemos en claro que para que el impacto económico de la minería sea el mayor posible en las comunidades aledañas y en la provincia, tenemos que tener la mayor cantidad de participación en empleos directos y en servicios mineros que podamos brindar en la misma provincia. Ahí el impacto económico es muy superior al de las regalías e, inclusive, impuestos.
Entonces, vemos que la política de Estado de capacitar catamarqueños a través del Ministerio de Educación, de la Universidad Nacional de Catamarca, del Ministerio de Trabajo -que hace una gran tarea para mejorar y certificar capacidades- fue muy importante, porque el impacto económico que más repercute es tener más empleo y más proveeduría locales.
