Una macroeconomía más ordenada y algunas decisiones del Gobierno son buenas noticias para la industria de la construcción. Cuáles son los principales drivers de la actividad este año y por qué pueden tener impacto real.
Año nuevo, vida nueva, dice el refrán y al parecer es una frase que bien puede aplicarse a la industria de la construcción, que en los últimos meses empezó a mostrar algunos signos positivos, aún tenues y en un contexto general negativo, con muchas empresas comprometidas en materia de actividad, una realidad que termina permeando al plano económico y financiero de las compañías.
Sin embargo, ajustando el foco de la lente de aquí a unos meses se vislumbran ciertas perspectivas positivas para 2026, siempre que las variables que hoy están en agenda con signo positivo se terminen de consolidar, para abrir escenarios de crecimiento de la demanda y mejora de las condiciones crediticias, conforme pasen los meses.
En términos generales la industria de la construcción viene de dos años de caída de la actividad respecto de los últimos meses de 2023, justo antes del cambio de gobierno. La actividad sectorial anotó un derrumbe del 27,4% en 2024 –el primer año de fuerte recorte en la obra pública nacional-, a lo que siguió una tibia recuperación desde el cuarto subsuelo en la segunda mitad del año pasado.
Por cierto, no fue una mejora lineal y consistente, sino más bien en modo “serrucho”, a esta altura un clásico en la Argentina en todos los sectores, con avances y retrocesos en forma intermitente. Hasta octubre la actividad venía en recuperación interanual, al punto que ese mes tocó su mejor nivel en lo que va de la administración Milei, superando el dato de diciembre de 2023, pero aún por debajo de noviembre de ese año, el último mes completo del gobierno anterior.
Pero en noviembre pasado la industria de la construcción volvió a caer. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) que elabora el Indec, marcó una contracción de -4,7% respecto de noviembre de 2024 y también una caída de -4,1% en la medición desestacionalizada en comparación a octubre de 2025, aunque en el acumulado de los primeros once meses del año se registró una mejora de 6,6% frente al mismo período de 2024.
En este contexto, el vaso puede verse medio lleno o medio vacío, según se lean los números. Pero al margen de las estadísticas, que siempre son materia opinable sobre el impacto en las empresas, en la actividad y el empleo sectoriales, la macro empieza a delinear algunas variables positivas, que en 2026 podrían traccionar la demanda y dinamizar la actividad de la construcción.
En este marco sobresalen cinco variables que, en mayor o menor medida, configuran un escenario alentador para esta industria.
Menor inflación
El índice de precios al consumidor (IPC) que elabora el Indec marcó un incremento del 31,5% para todo 2025, luego de que diciembre quedara finalmente con una variación de precios de 2,8%, pese a lo cual en el acumulado anual se registró el menor nivel en ocho años, en concreto desde que la inflación marcó 24,8% en 2017.
El Gobierno está enfocado en bajar aún más el índice inflacionario y le apunta a un dígito anual como objetivo central, algo que la mayoría de los analistas coincide en que no se lograría durante la presidencia de Javier Milei. Está costando más de lo esperado. De hecho, desde mayo ya se registraron siete meses consecutivos de suba de la inflación, casi duplicando el porcentaje en ese breve lapso, pasando de 1,5% en mayo a 2,8% en diciembre.
Es una clara llamada de atención. El propio Milei había proyectado al comienzo de su gestión que la inflación llegaría a menos del 10% anual en 24 meses, pero lo cierto es que ese plazo ya se cumplió y todavía navega en torno al 2,5% mensual, lo que da una inflación anualizada superior al 30%.
Pero aún en este contexto, hay que resaltar un dato a favor. Hoy las empresas pueden elaborar presupuestos, proyectar un plan de obras e incluso tener mayor previsibilidad sobre las redeterminaciones de precios en el caso de las obras públicas, que como se sabe se activan cuando la inflación mensual acumula un cierto porcentaje y allí el contratista puede pedir la redeterminación.
El costado negativo, en todo caso, es que con inflación del 2,5% mensual y acumulativo y el tipo de cambio “planchado” y sumando atrasos, según los analistas, el costo de la construcción en dólares no para de subir, pero eso no siempre se refleja en los precios de venta.
La clave este año, entonces, es que el Gobierno logre finalmente poner en caja los precios y bajar más la inflación, llevándola a guarismos en torno al 1% mensual o incluso menos que eso.
Baja de tasas de interés
Hace dos años, cuando Javier Milei asumió la Presidencia de la Nación, la tasa de interés de referencia del mercado (Badlar en pesos) estaba en 129,87%, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Desde entonces, la autoridad monetaria y el Ministerio de Economía impulsaron una política de fuerte baja de las tasas de interés, al punto que la tasa Badlar llegó a 28,43% anual en marzo de 2025, pero a partir de allí y en medio de la campaña electoral el Central debió convalidar subas de tasas de interés, hasta niveles del 59% anual en agosto.
Las aguas se fueron calmando luego del triunfo electoral del Gobierno en octubre pasado, lo que se vio reflejado en las tasas de interés, que bajaron hasta niveles del 25% a mediados de diciembre. Pero en ese momento empezaron los “ruidos” y las dudas ante el pago de los intereses de los bonos soberanos (Bonares y Globales en dólares) del pasado 9 de enero, impulsando una suba de tasas hasta 30,25% anual, que retrocedió a 27,37% (TNA) este lunes 12 de enero.
En 2026 será determinante que, en un contexto de baja de la inflación, la tasa de interés siga siendo positiva (por encima de la variación de precios) para incentivar el ahorro de los inversores, pero tendiendo a acompañar la baja de la inflación con menores tasas, para impulsar la actividad económica.
Se desinfla el riesgo país
El índice de riesgo país que elabora el banco de inversión JP Morgan aparece nuevamente en la agenda de las empresas constructoras este año. Aunque pueda verse como un indicador muy técnico, lo cierto es que es clave en materia crediticia.
El riesgo país es la sobretasa que tienen que pagar los países, en este caso la Argentina, por encima de la tasa de referencia de Estados Unidos, para tomar deuda soberana, es decir, para que se financie el Tesoro.
En este momento la tasa de Estados Unidos (bono del Tesoro a 10 años) está en un rango de 3,75-4% anual, mientras que el riesgo país argentino se ubicó este 14 de enero en 591 puntos básicos. De esta manera, hoy un bono emitido por el Gobierno nacional debe pagar una tasa de interés en dólares (la de EE.UU. más el plus por riesgo país) de 9,66% anual, lo que coloca a algunos proyectos en el límite de la rentabilidad.
En los últimos dos meses el riesgo país se mantuvo oscilando entre 550 y 620 puntos básicos. Pero no siempre fue así. A fines de octubre, antes de las elecciones de medio término, el índice de riesgo país llegó a superar los 1.120 puntos. Es decir que, en ese entonces, con una tasa americana del 4% anual, la Argentina sólo podía tomar deuda si pagaba 15,2% anual en dólares, un verdadero disparate.
Hoy el panorama es distinto y el Gobierno aspira a llevar el riesgo país a niveles de 400 puntos básicos en la primera mitad del año, con lo que el costo de endeudamiento estaría en 7,75% anual en dólares. Serían niveles apenas por encima de lo que pagan países como Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil o Colombia.
El índice de riesgo país tiene también una importancia capital en grandes proyectos de infraestructura o inversiones que requieren endeudamiento en moneda dura porque pone una tasa de referencia, que luego actúa como piso para aplicarse a los privados.
Los proyectos de infraestructura en los diversos corredores viales licitados bajo la modalidad participación público-privada (PPP) avanzaron bien durante 2017 pero a comienzos de 2018 la crisis de financiamiento internacional llevó a que se corte el crédito a la Argentina, a una suba del riesgo país y de las tasas de interés, que hizo inviable cerrar el capítulo financiero de los proyectos adjudicados.
Crédito hipotecario
La gran novedad a principios del año pasado fue la reaparición del crédito hipotecario, en el marco de la baja de tasas de interés y la desinflación de la economía. Hasta mediados de 2025 el crédito hipotecario ajustable por UVA (Unidad de Valor de Adquisición) empezó a mover nuevamente el segmento del real estate.
Los principales actores del mercado inmobiliario consideran que para este segmento el 2026 promete ser un año de definiciones, no un “boom” en términos de operaciones, pero sí impulsado por un tridente virtuoso: créditos, costos estables y confianza en que se mantendrán las condiciones macro favorables.
En un escenario en el que el crédito total al sector privado creció 30% en 2025, el crédito hipotecario (UVA) se disparó más de 170%, totalizando más de 3.300 millones de dólares, el mayor indicador en siete años y sólo superado por el boom de los UVA en 2018.
Pero falta que la tasa de interés baje aún más, hoy está en 5,8% promedio aplicable sobre la variación de la UVA.
Obras de infraestructura
En los primeros dos años del gobierno de Milei la obra pública nacional fue paralizada de cuajo, lo que golpeó de manera inusual a la industria de la construcción. En ese entorno las provincias más grandes y con mayor presupuesto, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta o Ciudad de Buenos Aires mantuvieron su inversión en obras públicas, aunque no lograron compensar el bajón generado por el corte del presupuesto nacional.
Ni siquiera el año electoral movió de su eje al Gobierno. Según un estudio de la consultora Analytica en 2025 las partidas destinadas a obra pública continuaron ajustándose “registrando una reducción del 46% en pesos constantes”. Y tras dos años de “motosierra” extrema en la materia, el 2026 no parece tener otra perspectiva.
La Ley de Presupuesto 2026, sancionada por el Congreso al filo del 2025 y promulgada el 2 de enero, prevé una caída del 23% en el financiamiento de obra pública nacional en términos reales (descontada la inflación) en comparación a 2025. Pero en la negociación en el Congreso algunas provincias pusieron sobre la mesa la adjudicación de obras públicas para poder acompañar el proyecto del Ejecutivo. Esto se terminó plasmando en las planillas que acompañan la ley y que dejan ganadores y perdedores en este capítulo.
Así, provincias como Catamarca, Santa Cruz, La Pampa y Tucumán, tendrán fuertes incrementos de los recursos en términos reales, que algunas estimaciones calculan en niveles que van del 310% al 414% en los primeros tres casos y un impactante 1.369%, en el caso de Tucumán, aunque en todos los casos desde niveles muy bajos en 2025. Hay que ver, además, cómo se va dando la ejecución de ese presupuesto, un tema siempre complejo.
En contraste, Jujuy, Entre Ríos y Mendoza serán las que menos atención recibirán de la Nación, las tres con caídas reales entre 72 y 78% respecto de 2025.
En paralelo, el Gobierno nacional busca avanzar este año, con un programa de privatizaciones y concesiones de servicios públicos (ver recuadro), que dinamizará inversiones privadas, que hasta el momento estaban fuera de la hoja de ruta.
Y tras la buena recepción del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) se espera que empiecen a materializarse los proyectos anunciados, que en conjunto suman más de 20.000 millones de dólares, a desembolsar en los próximos años. Todos ellos requerirán obras de infraestructura, en especial los del sector minero metalífero y litio, pero también Oil & Gas, siderurgia, gas natural licuado (GNL), energías renovables y puertos.
