El presidente de la Camarco conversó con El Constructor acerca de la crisis que atraviesa la obra pública producto de ciertas decisiones gubernamentales en torno a ella: el estado de las empresas, la rotura de la cadena de pagos, los diálogos con los dirigentes, la posible llegada de inversiones y la definición de los contratos, entre otros temas de sustancial importancia para el sector.
Con la premisa de lograr mayor transparencia y eficiencia de las contrataciones y bajo la Disposición 15/2024, el Gobierno nacional aprobó, tiempo atrás, un Compendio que aúna la normativa vigente sobre el Régimen de Contratación de la Obra Pública en la Administración Pública Nacional; a partir de entonces, para la mayor parte de los actores (para no caer en una hipérbole) de la industria surgió el mismo interrogante: ¿cómo puede impactar la ordenanza en el corto y mediano plazo?
En realidad, esto “solo ordena, en un texto, esas disposiciones ya aplicadas desde su respectiva sanción”, argumenta el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss. Y agrega que fue realizado por la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete. De igual manera, “el ordenamiento de normas, dictadas a lo largo de quizás 70 años, es un aporte positivo. Lo estamos revisando para asegurar que no haya omitido alguna disposición de relevancia”.
En ese sentido, únicamente “podemos agregar que resulta algo extemporánea la medida cuando vivimos una situación concreta de paralización de los contratos de obra pública nacional, un default absoluto, desde diciembre pasado, en el pago de los compromisos por obras ejecutadas y la postergación sin plazo de las licitaciones de obra pública nacional”. En ese contexto, “esperamos que esta decisión 15/2024 sea un signo de la intención de reiniciar la inversión en infraestructura en el menor plazo posible”.
Tras las medidas tomadas por el Gobierno, se dijo que hay 1400 empresas al borde de la quiebra y 220.000 empleados con posibilidad de ser despedidos; asimismo, desde el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción se declaró Estado de Emergencia en todo el país. ¿Cuál podría ser el impacto en el corto plazo? ¿Qué escenario vive realmente hoy la obra pública?
La Declaración de Emergencia del sector realizada por el Consejo Federal de la Cámara está plenamente justificada y sus causas siguen totalmente vigentes. El Consejo es el órgano máximo de la institución donde participan todas las delegaciones del país que representan a las empresas socias de todo tamaño y localización. De los 1400 socios, existe una porción que solo realiza obra privada y se ve afectada por la inflación desbocada desde mediados de 2003, el aumento del costo financiero y una previsible caída en la demanda por falta de poder adquisitivo de los clientes o de los adquirentes. Muchos otros de los socios de la Cámara realizan obra pública en mayor o menor proporción. Ellos sufren los mismos problemas de inflación y costo financiero, más la falta de representatividad y la demora en el reconocimiento y pago de esos aumentos por el comité público. Desde diciembre, las empresas socias sufren, además, el citado default de los pagos por el Gobierno nacional de los compromisos contractuales por obras en curso, que ha llevado a la paralización de las obras. La limitación por parte de Nación de transferencias de capital a provincias implica que muchas de ellas no puedan atender sus compromisos y los perjuicios y paralizaciones se extienden a obras públicas provinciales.
Así las cosas, ¿en qué estado se encuentra aquella infraestructura?
Debemos resaltar que la omisión de mantenimiento de la infraestructura existente lleva a su deterioro (baches, mantenimiento ferroviario, cortes de suministro eléctrico por fallas técnicas, afectación de áreas de edificios por filtraciones). Estos daños implican, generalmente, peligros para los usuarios, que se acrecientan en periodos de sucesos climáticos extremos. Por otro parte, es una realidad técnica que la reparación de los daños sufridos por el no mantenimiento es mucho más onerosa que realizar oportunamente la conservación requerida.
¿Cuánto más pueden soportar las empresas del sector luego del desborde inflacionario de 2023 y el aumento de los últimos meses, rotura de cadena de pagos mediante?
Es difícil predecir la capacidad de resistencia de las empresas a esta «tormenta perfecta». Dependerá de su participación relativa en obra privada, (la que pueda continuar), de la provincia donde realiza obra provincial (si esta puede sostener la inversión con recursos propios), de la incidencia de sus gastos fijos. Sin duda, el efecto sobre el empleo asalariado de baja o media especialización ya es intenso en empresas que realizan principalmente obras públicas nacionales. De no resolverse la situación en breve, seguirá el despido de maquinistas, personal especializado, técnicos, administrativos. Si se generaliza la destrucción de esos planteles técnicos y operativos, el daño será grave para la capacidad productiva del sector. Reconstruirlo llevará tiempo, esfuerzo y, posiblemente, se pierda calidad, pues muchos profesionales del sector están emigrando. Habrá que convencerlos de volver de España, Estados Unidos, Uruguay o Paraguay, donde ya son bien recibidos.
¿Cómo está siendo la interacción de la Camarco con el gobierno del presidente Javier Milei? ¿Pudieron tener un diálogo fluido con él o con el entonces ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, para conversar sobre necesidades urgentes y puntuales?
Nos hemos reunido con el ministro de Economía, Luis Caputo [N. de la R: esta entrevista fue realizada antes del 22/3/2024, cuando, junto con otros representantes de los sectores más relevantes, fue recibido por el primer mandatario], quien entendió la situación, pero manifestó sus prioridades en cuanto a la macroeconomía, en particular lograr el superávit primario y financiero. Lo ha logrado en enero y febrero, lo que es alentador. Pero lo ha hecho, en gran parte, con el default de la deuda comprometida con nuestro sector y a las transferencias de capital a provincias. Esperamos que esto sea transitorio y que la rama ascendente de la V de la recesión se inicie en breve. Hemos tenido un diálogo amplio e intenso con el exministro de Infraestructura y su equipo, a quienes planteamos las necesidades urgentes en enero pasado. Pero, además, Ferraro y equipo valoraron los trabajos realizados por el Consejo de Políticas de Infraestructura CPI, del que la Cámara es parte. El Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPI) publicó, el año pasado, sus Recomendaciones de Políticas Permanentes de Infraestructura, a aplicar por las sucesivas administraciones, para lograr el crecimiento del país.
“El superávit financiero de enero y febrero se logró, en parte, con el default la deuda comprometida con nuestro sector”
¿Esas recomendaciones surgen del consenso de los usuarios?
Sí, representado por las instituciones gremiales empresarias, CGT y UOCRA, más la opinión de entidades profesionales y académicas que colaboraron con CPI desde 2021. El equipo de Ferraro solicitó al Consejo analizar la posible participación privada en la inversión requerida para concretar esos proyectos. CPI está realizando esa tarea y continuará haciéndolo. Esperamos agilizar el diálogo con las actuales autoridades con competencia en el sector a la mayor brevedad. Estamos ansiosos por hacerlo.
¿Qué respuestas tuvieron sobre el pedido para solucionar problemas de los contratos que seguirán y el acomodamiento respecto plazos, precios y deuda, por ejemplo?
Por el momento, no hemos tenido respuesta sobre los contratos que continuarían y la adecuación de los contratos vigentes en cuanto a precio y plazos y otros aspectos. Tampoco respecto del pago integral de la deuda, que será necesaria para recomponer el capital de trabajo de las empresas. Entendemos que este proceso se ve demorado por la falta de designaciones en los equipos de cada secretaría o subsecretaría competente. En los últimos días parece haber algunos avances en estos aspectos. Su definición es importante. Creemos que, de esas decisiones, dependerá el inicio o no de muchas presentaciones en Convocatoria de Acreedores de empresas del sector.
También solicitaron a las autoridades nacionales y provinciales que instrumentaran medidas paliativas en su jurisdicción para empezar al menos intentar aminorar la crisis extrema. ¿Hubo alguna respuesta a este pedido?
Desde Sede Central y desde cada Delegación hemos realizado múltiples propuestas para aminorar o paliar la crisis, con resultado diverso. A nivel nacional, además del planteo global al ministro Caputo, le hemos solicitado ampliar al sector construcción las medidas de alivio impositivo de la resolución AFIP 5482/24, aplicadas al sector salud. Aún no se ha concretado la solución.
¿Qué otros actores de la cadena de valor se ven afectados por toda esta situación?
Toda la cadena de valor del sector, que incluye más de 140 ramas productivas, sufre ya severas pérdidas. Las caídas del despacho de cemento, el cierre temporal de la principal productora de acero por falta de demanda, la caída de indicadores generales de INDEC o de Construya lo muestra.
¿Qué deuda está generando esta parálisis de la obra pública?
Es difícil estimar la deuda, pues depende de situaciones particulares en los más de 3000 contratos de obras públicas nacionales vigentes, más los provinciales y municipales. Pero puede asegurarse que es muy significativa, pues significa un freno de mano en un sector que facturaba en 2023 el 1,6 % del PBI. No es menor pensar que, además del desempleo, esto significará una baja en la recaudación fiscal. Trabajos de la Cámara estiman que el «Recupero fiscal» de la inversión pública a través de impuestos, contribuciones y tasas, directas e indirectas, es del orden del 45%.
En San Juan, el gobernador, Marcelo Orrego, pretende reiniciar la obra pública con remanentes de fondos provinciales, ¿qué piensa de esta medida? ¿Se podría replicar en otras provincias?
Celebramos que el Gobierno de San Juan pondere la importancia de invertir en obra pública. Tememos que no muchas jurisdicciones puedan sostener políticas semejantes.
INCENTIVOS, INVERSIONES Y DEUDA
¿Qué opina sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el que el Gobierno busca tentar fondos externos?
Hemos leído la propuesta contenida en el proyecto original de la Ley «Bases». Entendemos que se sostendrá la propuesta en un nuevo proyecto a enviar en breve al Congreso. Sin haber analizado sus detalles, estamos a favor de todo lo que implique facilitar la inversión productiva en el país, atrayendo a inversores externos e internos.
Con este escenario, ¿cómo podrían llegar inversiones privadas para avanzar con soluciones en cuanto al déficit habitacional?
Las inversiones privadas serán atraídas por un contexto macroeconómico estable, con un apego estricto al cumplimiento de los contratos, por la derrota de la inflación y por el sinceramiento de los precios relativos. Esa es la intención de las autoridades. Esperemos que dé resultado y lo consiga en un tiempo muy breve, pues la estructura productiva del país hoy cruje. Cuando la macro se normalice, cuando la inflación esté dominada, debe renacer la actividad, crecer los salarios reales. Con crédito hipotecario resurgirán los emprendimientos inmobiliarios, incluso para primera vivienda y/o para alquilar.
¿Es la peor crisis para la obra pública en el país?
No podemos decirlo, pero creo que hay que retrotraerse a 2002 para pensar algo parecido, aunque en aquel momento la deuda era menor, por venir de tres o cuatro años de recesión intensa.
¿Y cómo se logra para que, en adelante, vuelva a haber subsidios a la demanda e incentivos a la construcción, contemplando la necesidad de un escenario más estable?
Trabajamos incesantemente desde la Cámara y lo seguiremos haciendo, para mostrar que la construcción es la mejor herramienta de acción social y que, en particular, la primera vivienda es un hito para la organización social y el combate a la pobreza estructural. Esperemos que ese mensaje sea internalizado por los actores del sector y concretado. El subsidio a la demanda y el incentivo a la inversión en construcción son herramientas aptas para ello, como lo prueba la experiencia de muchos países.
TECNICISMOS CONSTRUCTIVOS
¿La construcción en seco o prefabricada es una solución viable para el sector de la vivienda social?
Todas las alternativas de construcción serían bienvenidas en la medida que resulten un efectivo modo de reducción de costos, porque las restricciones presupuestarias y las de ingresos subsistirán por un plazo considerable.
¿Y cuánto incide el avance de la tecnología en el sector de la construcción en la Argentina?
La tecnología llega a todos los sectores. La transformación de nuestro sector ha sido importante en las últimas décadas. Pero como institución queremos que sea mayor, que se difunda a todo nivel de empresa y que contribuya a mejorar nuestra productividad y hacer más accesibles nuestros productos a la comunidad. Para ello, invitamos a todos a participar, conocer y contribuir a las actividades de nuestro sector TIIC «Transformar e Innovar en la Industria de la Construcción».
