La discusión sobre la reforma laboral y el uso de tecnología en los procesos productivos atraviesa a todos los sectores, mientras en la construcción avizoran un 2026 promisorio, dependiendo de las decisiones que tome el Gobierno. Gustavo Rossi, Secretario General de la Unión de Empleados de la Construcción y de los Peajes del Interior, analiza la actualidad de un sector que espera por una recuperación en 2026.
En la industria de la construcción todos la conocen como UECARA el Interior, es decir la Unión de Empleados de la Construcción que representa a los profesionales, administrativos, técnicos y maestranzas, es decir los mandos medios de las empresas constructoras. Sin embargo, el gremio tiene una particularidad que la distingue de su homónima nacional y es que además agrupa a trabajadores de peajes de las provincias de Santiago de Estero, Salta, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos y Mendoza.
Aunque tienen la personería gremial en esas provincias, y ante la solicitud del Ministerio de Trabajo de la Nación de cambiar la sigla para no confundirse con UECARA nacional decidieron mantener el nombre, pero cambiar la sigla a UDI (Unión del Interior), aunque mantienen el eje de su acción en la representatividad de los mismos trabajadores a los defienden desde 1988, cuando se formó el sindicato.
En diálogo exclusivo con El Constructor, Gustavo Rossi, el secretario general de UDI, habló de la reforma laboral y explicó también la propuesta que están trabajando con los empresarios y funcionarios del Gobierno nacional para avanzar en un fondo de cese laboral o indemnización por renuncia, similar al que rige para los trabajadores nucleados en la UOCRA, pero con la particularidad de que esos fondos podrían servir como garantía para inversiones de capital en las empresas y hasta créditos hipotecarios para los empleados.
UECARA del Interior es parte del Clúster de la Construcción en la provincia. ¿Cuál es la experiencia del gremio en el clúster?
La participación en el clúster es totalmente positiva porque ni bien arrancamos durante la pandemia, empezamos a elaborar lo que se denomina Fondo de Cese Laboral, que para nosotros es la Indemnización por Renuncia. Teníamos algo muy cerca que era la Ley 22.250 que abarca a los trabajadores de la UOCRA que, si te despiden, renuncias o te jubilas, cobrás ese fondo.
Nos sentamos el sector gremial, sector empresario y economistas de la Bolsa de Comercio Córdoba, y empezamos a elaborar un proyecto que nos sirviese a todos. A nosotros nos servía, porque la gente que representamos siente que realmente dejó parte de su vida, 5 o 10 años dentro de la empresa y si quería pasar a un mejor trabajo, se iba con las manos vacías.
En el sector de la construcción casi 98% son pymes, entonces, un costo indemnizatorio las llevaba la quiebra. Empezamos a ver cómo hacer algo que fuese un ganar-ganar para todos los sectores y, además, que todo ese dinero no afectara al patrimonio de la empresa, porque si no la terminábamos quebrando.
¿Este Fondo de Cese Laboral ya se usa en la construcción, pero no para los mandos medios?
Exacto, únicamente rige para la parte obrera, a través de la Ley 22.250, que establece este régimen, donde el empresario tiene que depositar esos fondos, va a un banco y ese dinero prácticamente se inmoviliza. Con la inflación que tenemos, cuando los trabajadores iban a cobrar, cobraban muy poco, lo licuaba la inflación.
PROPUESTA SUPERADORA
Y ¿cuál fue la particularidad del caso cordobés?
En este caso se armó que esos fondos sean administrados por el sector empresario, obviamente, con el Estado nacional como veedor. La idea es que eso sirva a su vez para que los trabajadores accedan a créditos hipotecarios indexados por salarios.
Ahí cuajó por todos lados. Para los empresarios, poder tomar ese dinero que aportaban mensualmente para un crédito y a nosotros nos garantiza no solo cobrar las indemnizaciones el día que nos fuésemos, cualquiera fuera el distracto laboral, sino también nos permitiría acceder a vivienda con cédulas hipotecarias indexadas por salarios, algo que no existe en el país.
¿En qué punto está el proyecto?
Le fuimos dando forma, pero por ahora sigue en proyecto. Hubo algunas reuniones vía Zoom el año pasado con funcionarios del área de Desregulación y Transformación a cargo de Federico Sturzenegger, quedó el tema flotando, pero nunca tomó fuerza. En su momento la Ley Bases decía algo parecido.
¿Esto viene dando vueltas desde la Ley Bases de 2024?
Antes y apenas arrancó el gobierno de Milei tuvimos un Zoom donde planteamos esto, pero no pudimos avanzar. Seguimos avanzando y depurando el tema, viendo a quién abarcaba, cómo, etcétera. Es un desarrollo que prácticamente lleva tres o cuatro años.
Cuando salió la Ley Bases vimos que no se ajustaba a lo que habíamos planteado, así que recién ahora está empezando a tomar forma y dinámica. La propia Cámara Argentina de la Construcción tampoco se pronunció, así que no había una posición tomada.
¿Por qué no se pronunció Camarco?
Ellos creían que podían incorporar a todos los trabajadores dentro de la Ley 22.250 pero el trabajo que se había hecho desde Córdoba era darle el manejo de esos fondos al propio sector empresario para que lo reinvirtiera dentro de la propia actividad. Esa parte no la terminaron de ver…
Recién ahora se está viendo que esto puede surgir. A partir de eso, tuvimos conversaciones con el área de Desregulación del Estado, vieron el proyecto y el 11 de noviembre nos estamos reuniendo en Buenos Aires con (el ministro) Federico Sturzenegger, porque obviamente le interesó el tema para ver cómo lo desarrollamos.
¿Tienen expectativas de que en los próximos meses se pueda materializar?
Se incorporaría dentro del convenio colectivo de trabajo. Es bueno tener el beneplácito del Gobierno nacional, pero en verdad el acuerdo entre partes hace ley para el sector, entonces no habría inconveniente en avanzar.
¿Cuál es el riesgo sino se aplica el fondo de cese laboral a los mandos medios? Hoy se termina una obra y el administrativo se va a la calle, no cobra un peso. No tenemos el fondo de cese laboral como sí tienen los obreros de la construcción. Por lo general, como los equipos administrativos, técnicos y profesionales somos personal un poco más capacitado, las empresas constructoras son lo último que buscan deshacerse.
Hoy vemos que es necesario ir hacia un fondo de cese laboral porque hay muchísimos trabajadores que quieren irse de la empresa. Tal vez tienen 10, 12 o 15 años en la empresa y sienten moralmente, porque legalmente no, que esos años son de ellos. Algunos se la bancan, se jubilan y se van. Otros tratan de arreglar, a algunos les pagan algo y otros directamente empiezan con problemas buscando el despido. Eso termina siendo un círculo vicioso. Lo que pretendería este fondo es que la relación laboral fluya, tanto de un sector como de otro.
¿Cuándo vence la paritaria actual como para incorporar esto?
Una cosa es la paritaria y otra el convenio colectivo de trabajo. En la paritaria venimos atados a la UOCRA, al ser el sector mayoritario. En materia de convenio, simplemente es cerrar el tema y pedir de incorporarlo como anexo.
¿Podría ser en dos o tres meses, si llegaran a un acuerdo?
Exacto, es ponerse de acuerdo con el sector empresarial, darle validez jurídica al cese laboral firmando las partes y homologarlo en el Ministerio de Trabajo. Automáticamente por anexo se lo incorpora el convenio colectivo de trabajo y ya estaría vigente.
Y las empresas ¿dónde invertirían ese monto, en fondos comunes de inversión?
Estaban hablando con bancos, como para que fuese algo serio. Sí, obviamente sería un fondo que tendría una administración mínima para no generarle costos. La idea, a grosso modo, son cédulas hipotecarias indexadas por salarios y a su vez también créditos que licitarían las mismas empresas que son aportantes, para tomarlo para la compra de máquina-herramientas, máquinas viales, etc. Es decir, para rearmar la empresa o para generar una nueva obra.
REFORMA LABORAL
Hoy se está hablando de avanzar en la reforma laboral. ¿Cómo ve los aspectos que han trascendido del proyecto que impulsaría el Gobierno?
La modernización laboral, como le dice el Gobierno, en la medida que entienda que tiene que incorporar inteligencia artificial o tecnología, estamos de acuerdo. La inteligencia artificial llega a una empresa y desplaza ciertos puestos de trabajos tradicionales, pero a su vez también trae nuevos empleos.
Está bien si el Gobierno entiende que, para tecnificar, primero hay que reconvertirlos, porque esa reconversión va a capacitar al trabajador para que vaya a otra área de la empresa, a otro nuevo empleo.
Ahora ¿modernizar? ¿y están hablando de 12 horas de trabajo? Creo que nos estamos retrotrayendo en el tiempo, porque es una contradicción terrible. Justamente, los procesos productivos por tecnología se aceleran y acortan los tiempos. Si va a ser un ganar-ganar el proceso productivo va a ser igual, en menos jornada y sin bajar el salario.
Si somos un país sensato, esto llevaría a una gran discusión de un nuevo contrato social, decir ¿cómo vamos a distribuir los beneficios que trae la inteligencia artificial, tanto para el sector del capital como para el sector del trabajo?
Además de la incorporación de IA se habla de algún tipo de flexibilización también, más facilidad para contratar, pero también para despedir. En ese punto ¿cuál es su mirada?
Pero ¿por qué la necesidad de precarizar si realmente nos estamos sentando a discutir. Si la reforma laboral es sinónimo de ajuste y bueno, a nadie le va a gustar. El futuro llega y la diferencia está en cómo llega, si con justicia o con descarte, o sea, cómo nos toman a los trabajadores.
Si estamos hablando que es importante incorporar inteligencia artificial totalmente, pero ¿cómo nos situamos nosotros? ¿Nos quedamos en la empresa? Nos reconvertimos y vamos a las nuevas áreas. Si los procesos productivos se aceleran en tiempo y la ganancia va a ser igual o más en menos tiempo, ¿por qué nos quieren llevar a una jornada de 12 horas? Busquemos un equilibrio. No nos paramos en decir «son derechos adquiridos». Nos paramos en la sensatez de decir, ¿para qué precarizar, si no es necesario?
¿Para qué volver y retrotraernos a contratos del siglo XIX, si hoy la tecnología tiene que beneficiarnos a todos por igual? Si el tema indemnizatorio era una piedra en el zapato, bueno, como gremio propusimos la indemnización por renuncia o cese laboral. Vimos que era algo que nos pedían nuestros propios compañeros y lo propusimos. Les llevamos una solución para el tema indemnizatorio a las propias empresas constructoras en el sector de los mandos medios.
¿Esto apunta también a la industria del juicio?
Con el fonde de cese laboral o indemnización por renuncia se acabarían los juicios laborales, porque estaría todo contenido dentro de este aporte que se va previsionando. Es decir que, si la reforma va también para frenar los juicios laborales, este sistema directamente los elimina.
Es de acuerdo a cómo nos paremos, si lo vemos desde un punto de vista práctico y de equilibrio social, nos va a servir a todos. Si lo vemos como una excusa para ajustar, quitar derechos, despedir, precarizar y …. bueno, pero ya se están corriendo no a una modernización, sino se están yendo a un ajuste y en realidad la modernización termina siendo una mascarada como para ajustar, pero no tiene sentido.
¿Qué rol le asigna al Gobierno en esto?
El gran equilibrio va a estar en el Gobierno, de decir si quiere una economía como una timba financiera, como se está llevando adelante ahora, o una economía que vuelve a apostar a la producción. Si vuelve a apostar a la producción, la modernización laboral va a llegar, pero de esta forma.
Una modernización que incorpore tecnología, sí, una modernización laboral que termine tirando los derechos por la ventana y…. no. Entendemos la modernización como un equilibrio respecto del capital y el trabajo, en lo que son los beneficios que traería justamente la incorporación de la tecnología.
Por otro lado, sostengo que los convenios colectivos de trabajo deben ser los garantes de la seguridad jurídica dentro del sector. Si ajustamos la letra nosotros y el sector empresario, tranquilamente es la mejor plataforma como para que vengan a invertir dentro del sector. Que no los tomen como algo que atenta contra la actividad, sino como una herramienta de seguridad jurídica para garantizar el trabajo y las inversiones.
Hay que correrse de ciertos conceptos, ciertos estereotipos que tiene el Gobierno, y a lo mejor algún sector del empresariado también, de vernos como enemigos. En Córdoba con el clúster de la construcción entendimos cómo era trabajar en forma conjunta y no vernos como enemigos. Y ellos no dejaron de representar a las empresas constructoras ni nosotros de representar a nuestros compañeros.
