La Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo pretende propiciar mayores niveles de articulación con sectores de la sociedad a través de la conformación de un espacio multiactoral y con criterio federal, para que haya un intercambio de ideas y propuestas que permita fortalecer las políticas de suelo urbano.
Su planes alcanzar tres objetivos específicos: en primer lugar, según Federico Martí –que además de dirigir la FADIC es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba–, “poder constituir un espacio de participación federal e intersectorial permanente, para generar propuestas a partir del debate que conformen insumos para la gestión y definición de políticas públicas de las áreas técnicas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat“. La segunda meta es “fortalecer la implementación y adecuación de las iniciativas nacionales a la singularidad de los territorios con el fin de promover el diálogo e intercambio entre la política nacional de suelo y los diversos niveles de su ejecución”. Y, tercero, “consolidar una red de relaciones interinstitucionales vinculadas a la gestión de suelo”.
¿Cómo se llevará a cabo la dinámica de trabajo?
Funcionará con una secretaría ejecutiva, un comité federal compuesto por representantes de distintos sectores y regiones, comités integrados por instituciones de las siete regiones, así como los nacionales. También habrá un consejo asesor constituido por especialistas en diversas temáticas afines y un grupo de representantes de organismos públicos. Los participantes del comité federal y de los comités regionales serán las entidades del registro de instituciones vinculadas a las políticas de suelo. Se conformará a partir de una convocatoria anual a quienes cumplan con determinados criterios.
¿Y cuáles son esos criterios?
El de pertinencia, es decir, tener como objetivo principal trabajar en las cuestiones atinentes al Plan Nacional de Suelo Urbano (PNASU).Además, la representatividad, que implica congregar a un número considerable de participantes o representar a un sector social significativo. Asimismo, la trayectoria, que es tener una actuación institucional reconocida como actor social consolidado.
¿Podrán los participantes del comité federal constituir comisiones que permitan trabajar propuestas alineadas con los ejes del PNASU y que contengan temáticas transversales?
Sí, por ejemplo, marcos legales para la ejecución de políticas de suelo, programas con financiamiento estatal para la generación de lotes con servicios o suelo urbano, aspectos tributarios y fiscales que impacten sobre suelo, asistencia técnica y capacitación en la materia, y otros que propondrá la Mesa y estarán sujetos a evaluación y aprobación de la secretaría ejecutiva.
En caso de impedimento de algún representante, ¿el comité designará reemplazante para garantizar su funcionamiento?
Cada institución participante indicó un miembro titular y otro suplente que hará las veces de titular en ausencia del primero. Los representantes generales del comité federal podrán participar de aquellas comisiones que sean de su interés. Cada una de ellas elaborará y presentará las actuaciones que circunscriban el ámbito de su competencia y se expresará mediante informes que se elaborarán con el acuerdo de sus miembros. De igual manera, se brindará la asistencia necesaria para el funcionamiento de las comisiones.
¿Cuáles son las funciones de las comisiones?
Considerar los problemas principales del campo temático abordado por la comisión respectiva, al determinar posibles causas y analizar acciones desarrolladas al respecto para recomendar cursos de acción para la instrumentación de las políticas sectoriales de alcance nacional. Asimismo, analizar el tratamiento de temas de interés común con organismos afines y evaluar los resultados logrados en la aplicación de las políticas y las acciones propuestas en el marco de la temática abordada. Y, por último, desarrollar propuestas a partir del análisis, el relevamiento y estudio de las problemáticas que aborda el PNASU para el cumplimiento de los objetivos del presente reglamento.
¿Qué información se proponen recabar?
Por una parte, contar con información transversal de base es un tema central y resulta vital para planificar propuestas. Para los beneficiarios, las necesidades de hábitat a nivel general y por región, urbano, suburbano y rural, y su composición social. Por otra parte, la cuantificación de las diferentes situaciones de las personas–con capacidades diferentes, niños, adultos mayores– y la tasa de crecimiento poblacional por cada localidad. Y para el Estado y los privados, los bancos de tierras públicas –nacional, provincial, municipal– y considerar, también, terrenos ociosos. Por parte de los distintos estados y de los privados, planes urbanísticos/loteos en curso.
¿Y en cuanto a la información del banco de tierras?
La recopilación de información debe ser tal que se tienen queconsiderar los potenciales de la infraestructura de servicios básica en cercanía de diferentes niveles: agua potable, gas natural, cloaca, energía, infraestructura vial, hídrica y sus factibilidades de conexión o, si se deben hacer nexos, quiénes son los prestatarios responsables –municipios, cooperativas, etc.–. También, las infraestructuras complementarias, como hospitales, dispensarios, escuelas en sus diferentes niveles educativos, comisarias, bancos, clubes; y las normativas de uso del suelo local/provincial y tiempos de aprobación de planes urbanísticos/loteos en cada provincia. No hay que olvidar las cuestiones estrictamente particulares de lotes factibles de urbanizar –escorrentías, nivel freático, condiciones ambientales– y el costo de tierras e infraestructura básica.
¿Qué beneficios trae aparejado una política de hábitat acompañada de una adecuada gestión del suelo?
Los proyectos tienen que, sí o sí, ser considerados desde diferentes perspectivas: de manera transversal, cada asentamiento poblacional debe estar enmarcado dentro de un contexto urbano, pero teniendo la visión de lo suburbano y rural. Por ejemplo: por contar con necesidades habitacionales en algún sector, se dispone mal su inserción en un sector rural o suburbano, lo que podría afectar a la matriz productiva o cuestiones ambientales por no ser un lugar propicio para viviendas. O que este lugar donde se emplaza una urbanización no cuente con servicios básicos de infraestructura. Incluso, que llevarlo hasta ese sitio signifique un impacto ambiental exponencialmente más perjudicial para las futuras generaciones.
Más allá de que aún no se realizó el relevamiento, ¿cuáles cree que son las necesidades de hábitat de los diferentes sectores sociales en la Argentina?
Hay varios estudios y análisis al respecto, como el del Foro de Análisis Económico de la Construcción de Córdoba, donde en su última publicación expresa que el déficit habitacional puede ser definido como el conjunto de hogares que residen en vivienda precaria –cuyos materiales y características constructivas son deficientes y no es posible su mejora–, en situación de cohabitación –más de un hogar en una misma vivienda– o en situación de hacinamiento –más de dos personas por habitación–.
¿Esto es independiente del régimen de tenencia de la vivienda?
Sí, y eso implica que alguien puede ser propietario, pero padecer déficit habitacional por tratarse de una casa precaria o demasiado pequeña para la cantidad de integrantes. Y, a la inversa, puede no ser propietario de la vivienda en la que reside y, sin embargo, no padecer déficit habitacional porque este hogar no es precario, resulta apropiado para la cantidad de miembros y no se comparte.
¿Cómo es el estado tanto de la infraestructura básica de servicios y las complementarias, como los hospitales, escuelas, comisarias, bancos, plazas, clubes, entre tantos?
Todo es mejorable. Partamos de la base de que hay mucho por hacer, es una realidad. Pero de ahí tenemos que analizar cada caso según la ubicación en el territorio nacional y dependiendo de la jurisdicción gubernamental responsable de llevar acabo tales infraestructuras, ya sea para realizar obras nuevas, de mantenimiento o reacondicionamiento.
¿Podría darse un incremento en la demanda de reformas para acondicionar este tipo de instituciones que garantice distanciamiento social en tiempos de pandemia, por ejemplo?
Totalmente. Debería ser una gran oportunidad e impulsor de obra pública, de generación de oportunidades laborales y, a su vez, considerando las premisas fundamentales por estos días del aggiornamiento de las infraestructuras a los nuevos tiempos que se vienen; teniendo en cuenta, aparte, que muchos cambios que llegaron con la pandemia quedarán en los hábitos de la ciudadanía. Sin dudas, una vez que esto haya empezado a ser historia, en la industria de la construcción existirán cambios sustanciales y se requerirá de fondos para vivienda social y de crédito hipotecario (para la clase media).
¿Cuál es el criterio de recupero y valor de venta de los lotes?
Cuando el Estado es el que realiza los loteos o planes de urbanización, en general los municipios dan a pagar lotes en cuotas a 20/30 años. En principio, se trata de hacer rodar la rueda con el pago de cuotas y no la rentabilidad.
¿Cómo podrá el sector público generar ahorros corrientes para financiar el flujo de inversiones?
Lo fundamental es la generación permanente de confianza que establezca “reglas de juego claras” y perdurables, combinadas con la estabilización de la moneda; esos dos elementos resultan esenciales para la ciudadanía. Es vital generar un círculo virtuoso en el que todos se sientan parte de un sistema social equilibrado, equitativo y justo; y no un sistema de excluidos. Hay que construir confianza y estabilidad de moneda, que la clase media pueda proyectar, soñar con tranquilidad, la posibilidad de obtener créditos; pero, asimismo, que la población con menos recursos pueda aspirar a alcanzar su tan anhelado techo propio mediante trabajo colaborativo, lo que disminuye la brecha entre los más y los menos pudientes, y acerca más oportunidades genuinas.
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