Por Marcos Victorica, economista y CEO de BAS Storage – Más del 80% de la población global convive con la informalidad económica. Números de este calibre reflejan la desconfianza de la sociedad moderna frente a un edificio institucional que perjudica más de lo que favorece, y empuja a la ciudadanía a mantener su economía fuera de los registros oficiales. Ante este panorama, realizar un diagnóstico correcto es crucial para comenzar a desandar un camino que solo puede conducir al fracaso.
Que la economía informal constituye una realidad que engloba a la sociedad en su conjunto es una afirmación más que comprobable. No se trata de abordar la cuestión únicamente a partir de las decisiones individuales de los ciudadanos, sino de comprender cómo la maquinaria informal impacta directamente en el desarrollo nacional. Siguiendo esta línea, buscar culpables entre quienes se resguardan en la informalidad para proteger sus finanzas personales sería un grave error. Es necesario ampliar las miras y reconocer que hay un sistema que no ofrece garantías ni logra convencer.
A partir de 1945, con el crecimiento de la inflación, la informalidad en la Argentina ascendió a niveles cercanos al 50%. Desde ese entonces, nunca más bajó. Ahora bien, para comprender este fenómeno puede ser útil incorporar el concepto anglosajón compassion. Este difiere en un aspecto central de su equivalente más cercano al español, compasión: no hace referencia a la pena que se siente por alguien que atraviesa una mala situación, sino que invita a la empatía, a ponerse en el lugar del otro.
Cuando la corrupción, la inflación y la inestabilidad son moneda corriente, los ciudadanos concluyen que el dinero que aportan mediante impuestos no se traduce en mejoras sociales. De esta manera, utilizan la informalidad como un mecanismo de defensa personal. En la misma línea, situaciones como el boicot parlamentario a Ficha Limpia abonan a la desconfianza generalizada. Si no es posible garantizar seguridad jurídica, tampoco es posible garantizar seguridad económica. El siglo XXI demuestra que la frase “achicar el estado es agrandar la nación” es hoy más cierta que nunca, pero es difícil que la nación crezca si dejamos que la manejen los mismos de siempre.
Pero la falta de compassion no es solo patrimonio argentino: la proliferación de diagnósticos errados derivó en la creación de una burocracia internacional encargada de imponer regulaciones antilavado basadas en supuestos desacertados. El surgimiento de esta fobia se justificó en el combate al terrorismo y al narcotráfico, y ha resultado inconsistente como estrategia contra ambas problemáticas. Los atentados terroristas no dependen de la financiación ni tienen costos significativos, como probó la investigación del ataque a las Torres Gemelas; mientras que el narcotráfico desde Latinoamérica es de USD 15.000 millones anuales, pero el consumo interno en Estados Unidos es de USD 250.000 millones. Cada año cierran miles de cuentas bancarias de latinos, pero nadie se ocupa de la montaña de narcodólares que circula diariamente en EE.UU.
Recientemente Javier Milei reparó en las diferencias que existen entre la informalidad a la que recurren quienes desean proteger sus finanazas de las fallas del sistema, y la informalidad en la que se escudan las actividades ilícitas. Correctamente, el Presidente señaló que el delito debe ser combatido mediante las fuerzas de Seguridad, y no con regulaciones económicas que afectan al ciudadano promedio. Efectivamente, las posiciones del Anti-Money Laundering son incompatibles con la realidad que vive tres cuartas partes del mundo, y la posición del Gobierno argentino ayudará a derribar el primer ladrillo de este Muro de Berlín. El propio Donald Trump, frente a un auditorio repleto de inversores y empresarios árabes en Riad, ha dejado claro que su gobierno pretende abandonar las “lecciones sobre cómo vivir” dirigidas hacia otros países.
Este tipo de prejuicios nublan la visión de las causas reales del problema, e imposibilitan tomar las medidas necesarias contra el verdadero dilema: la informalidad como respuesta a una distorsión institucional severa. En efecto, es primordial atacar la fuente de la informalidad, que no es otra sino la desconfianza. Para esto, la solución es generar incentivos que inviten a ingresar al sistema formal y salir de los márgenes.
En este sentido, la actualidad argentina presenta algunas muestras de mejora que permiten pensar en avances a corto, largo y mediano plazo. El Gobierno implementó una serie de medidas tendientes a promover el ingreso del dinero resguardado informalmente a la economía formal, sin castigar a quien hasta ahora eligió no hacerlo. Milei insistió en que el principal objetivo es que los argentinos “puedan sacar sus ahorros sin que los persiga el Estado”. Esta iniciativa representa un paso interesante para acabar con la problemática de la informalidad, pero hay un elemento que es condición necesaria para desterrarla: el crédito. Con tasas razonables, la gente va a pagar impuestos para poder demostrar ingresos sin necesidad de que se los persiga. El principal incentivo para blanquear los ingresos siempre será el acceso al crédito. Quien no lo vea, seguirá incurriendo en diagnósticos erróneos y el cuento de nunca acabar continuará sonando.
