Esta decisión se enmarca en la causa «Provincia de Río Negro y otros c/ Estado Nacional – Dirección Nacional de Vialidad s/ amparo ley 16.986», expediente n° FGR 16820/2023, impulsada el año pasado por el entonces Senador Nacional Alberto Weretilneck y diversas entidades provinciales y locales debido al deterioro crítico de la mencionada ruta.
La acción de amparo fue interpuesta por el Fiscal de Estado de la Provincia de Río Negro, la Defensora del Pueblo provincial, el Concejo Deliberante de El Bolsón, la Cámara de Turismo, la Cámara Comercial Industrial y Agropecuaria Regional (CCIAR), y la Asociación Bomberos Voluntarios de El Bolsón contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad. Después de producir pruebas y constatar el mal estado de la Ruta 40, el Juzgado ordenó al Estado Nacional que, en un plazo de 90 días, presente un relevamiento pormenorizado de los puntos críticos de la ruta que deben ser reparados, implemente controles de carga y ejecute dentro de este ejercicio presupuestario (2024) las obras de reparación necesarias.
La demanda exige la reparación completa de la RN 40, argumentando que su deplorable estado afecta la seguridad y la libre circulación de los ciudadanos, además de impactar negativamente en servicios esenciales como salud, educación, turismo y prevención de incendios forestales. Entre las medidas cautelares solicitadas por los demandantes se incluyen la señalización del estado crítico de la ruta, desvíos necesarios para evitar accidentes, tareas de bacheo y relleno de cráteres, y una campaña informativa para advertir a los conductores sobre el estado de la ruta.
El juez reconoció que el estado actual de la ruta representa un riesgo significativo para los usuarios y afecta la prestación de servicios esenciales en la región. Se destacó que la RN 40 es una arteria vital para la red vial nacional, conectando importantes centros urbanos y turísticos.
El informe del Supervisor de Obras de la Dirección de Vialidad Rionegrina y el reconocimiento judicial realizado en noviembre de 2023 por el ingeniero civil Gabriel Neme, de la Universidad Nacional del Comahue, evidencian numerosos baches, deformaciones y una falta de mantenimiento adecuado en la ruta. El juez también consideró un informe de la Dirección Nacional de Vialidad que calificaba gran parte del tramo como «deteriorado» y mencionaba obras previstas para el año en curso.
El Juzgado Federal determinó que la Dirección Nacional de Vialidad ha incumplido su obligación de mantener la ruta en condiciones seguras y ordenó la ejecución inmediata de reparaciones urgentes en los puntos más críticos de la ruta, la señalización adecuada y la implementación de medidas de seguridad vial. Además, se debe presentar un relevamiento detallado de los puntos críticos en un plazo de 90 días.
Esta sentencia representa un avance significativo en la protección de los derechos de los ciudadanos y la seguridad vial en la región, subrayando la obligación del Estado de garantizar infraestructuras seguras y transitables.
El Estado Nacional tiene 48 horas hábiles para apelar la sentencia, contadas desde el viernes que se notificó.
