La Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA) envió una carta a la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos solicitándole que “se revea, en carácter de urgente, los alcances de este decreto” 841/2022, a fin de contemplar casos particulares en que los empresarios pymes no pueden afrontar ese costo.
“Desde CAMIMA, como representante de las pymes metalúrgicas nacionales caracterizadas por ser de mano de obra intensiva, queremos manifestarle los importantes inconvenientes económicos y financieros que nos produce dicha medida unilateral, llevando a muchas pymes a no poder afrontar el mismo, con las consecuencias laborales que podrá entender”, comienza la misiva que lleva la firma de José Luis Ammaturo, presidente de la entidad.
Según el dirigente empresario, “esta medida imprevista (al igual que uno de los feriados) se establece en un mes de grandes erogaciones” para las pymes que “deben afrontar sueldos, aguinaldos, vacaciones, además de soportar en particular la carga de cuatro feriados en el mes sin poder producir”.
“Las pymes metalúrgicas entienden perfectamente las necesidades de sus empleados ante una economía que les hace perder el poder adquisitivo de sus salarios en forma constante, sabiendo además que un bono no soluciona la economía de sus trabajadores y sí complica financieramente a las empresas, principalmente a las pymes, es por ello que CAMIMA y el resto de las cámaras metalúrgicas acabamos de firmar (simultáneamente al dictado del DNU 841/2022), acuerdos en el marco de las paritarias”.
Los empresarios metalúrgicos acordaron tanto con la UOM como con ASIMRA un aumento de salarios anual del 110% para el período abril 2022 a marzo 2023. Los convenios contemplaron las proyecciones de inflación a futuro y superaron los porcentajes previstos.
“La industria metalúrgica cuenta con convenios colectivos en plena vigencia, acuerdos que son fruto del consenso entre trabajadores y empresarios. Las negociaciones paritarias han funcionado como un mecanismo eficaz para dar respuesta al problema de la inflación. La metodología dispuesta por el Gobierno afecta esa dinámica de recomposición del poder adquisitivo de los salarios, generando distorsiones e imprevisibilidad al funcionamiento de uno de los activos más importantes de trabajadores y empresarios industriales como son las paritarias”, cuestiona la carta de CAMIMA a Olmos.
Para la cámara, el decreto del Gobierno “interfiere con acuerdos existentes” porque “hace responsable del pago de un bono a empresarios pymes, que no son los culpables de la inflación, solo sufren sus consecuencias, al igual que los trabajadores”.
“Solicitamos se revea en carácter de urgente los alcances de este decreto con el fin de contemplar los casos particulares que hemos señalado, en pos de una buena relación entre trabajadores y empleadores, evitando situaciones críticas económicas y financieras de las empresas, que lamentablemente tarde o temprano se reflejará en las relaciones laborales”, finalizó el escrito.
Además, Ammaturo se puso a disposición de la ministra para “generar las reuniones operativas y de articulación que considere necesarias” de manera tal de poder sentar posición de las pymes metalúrgicas argentinas.
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