En los últimos días se llevó a cabo la reglamentación de varios artículos de la Ley Bases referidos a los contratos vigentes y por celebrarse en la obra pública. Se trata del Título III, específicamente los artículos 63 al 65 y del 66 al 72, 74 y 75; y es un hecho que representa a un hito de suma relevancia para el sector, puesto que puede significar un avance en los proyectos de infraestructura que habían quedado detenidos durante el gobierno anterior.
A grandes rasgos, el decreto abre la posibilidad a contratistas o empresarios, de someter sus documentos de obra a un proceso administrativo en el cual se elaborará un dictamen respecto de qué tan conveniente es continuar el proyecto. «Las referidas modificaciones tienen como propósito brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones que se requieren al igual que incentivar la presentación de iniciativas privadas para el desarrollo de infraestructuras públicas», destaca el comunicado oficial publicado por el gobierno nacional.
«Por el artículo 63 de la citada ley, se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional, previa intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación, conforme lo establezca la reglamentación, a disponer por razones de emergencia la renegociación o rescisión de los contratos de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos anexos y asociados, en los casos en los que se verifiquen las condiciones allí previstas», quedó también remarcado en el comunicado antes de proceder a detallar la reglamentación y especificaciones que se tendrán en cuenta para avanzar con un proyecto.
Fue el Presidente Javier Milei, junto con el el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzeneger y el Ministro de Economía Luis Caputo, quienes se reunieron este lunes para firmar el decreto 713/2024 avanzando, así, con la implementación que parte de la Ley Bases.
