Por Fernando Brovelli – La iniciativa de los representantes provinciales responde a la necesidades de las regiones a las que representan y que giran en torno a la conectividad vial. principalmente. Ante la falta de un plan concreto y la inexistencia de un presupuesto 2025, los diputados reclaman la respuesta del Gobierno nacional.
El 25 de marzo de 2025 una situación se reflejó como un déjà vu en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados: los funcionarios nacionales convocados para explicar la estrategia de infraestructura estatal a nivel federal se ausentaron. Aludieron, sobre la hora, a tener complicaciones de agenda. Las citaciones, en este caso, no son de cumplimiento obligatorio ni las expresiones de los dirigentes allí tienen carácter vinculante, pero aún así continúa siendo una posición extendida del Poder Ejecutivo eximirse de explicaciones para con el Legislativo.
En esta oportunidad, los interpelados eran el secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, y el director de Vialidad Nacional, Jorge Campoy, convocados en razón de la prioridad que tiene el mantenimiento de rutas nacionales para los diputados que representan a las provincias en el Congreso. «El secretario se excusó nuevamente por los problemas de agenda que tiene. Sin embargo la obra pública está paralizada; no sé cuál será su agenda», planteó el santiagueño Bernardo Herrera (Unión por la Patria), titular de la Comisión de Obras Públicas.
El deterioro de la iniciativa de infraestructura estatal no solo se evidencia en el reclamo de los legisladores, se expresa también en estudios cuantitativos, además de las sucesivas advertencias de los actores involucrados -directa e indirectamente- con los distintos eslabones de la construcción. Es el caso de un estudio publicado en marzo del 2025 por la Fundación Mediterránea, que expresó que la inversión del Gobierno nacional para la obra pública se redujo sensiblemente, de un promedio del 2,4% del PBI entre 2015 y 2024 hasta una caída al 1,3% el año pasado.
El informe detalla que a nivel nacional se inyectó un 0,3% en obra pública (tras un 0,8% en el 2023); a escala provincial un 0,8% (luego de un 1,4%); y en el orden municipal un 0,2% (0,3% en el ciclo anterior). Estas cifras tienen implicancias en las del indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), que expresaron un deterioro de la actividad de la construcción -estatal y privada- en un 27,4% anual durante 2024, tras el último registro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Ante ese cuadro de situación, distintas expresiones legislativas se conjugaron para iniciar un camino de consensos que concrete la declaración de emergencia en el sector, iniciativa que ya se discute en otras comisiones del Congreso (Ciencia, Educación, Salud, Discapacidad) para establecer una partida de fondos mínimos que garantice el funcionamiento de cada sector, frente la falta de la aprobación de una ley de Presupuesto para el 2025.
El propio Herrera planteó en una sesión especial de la Cámara de Diputados, el 8 de abril del 2025, la necesidad de una reactivación en las políticas de infraestructura estatal: «Sin ningún tipo de análisis, se dispuso directamente eliminar la obra pública y eso significa el abandono total en todo el país. Jamás se pensó en el daño que se ha ocasionado». Entre los efectos, el legislador precisó la existencia de 3.500 proyectos inconclusos y el impacto negativo en 1.400 empresas de la construcción o vinculadas a ella; con consecuencia de la pérdida de 100.000 empleos directos, más otros 15.000 vinculados.
En esa instancia legislativa, se concretó la aprobación de un pedido de informes a la Secretaría de Obras Públicas y a Vialidad Nacional para “conocer de qué manera consideran revertir esta situación de los efectos que está produciendo la caída de la obra pública y cuál es el sistema de prioridades. No podemos desconocer que el Poder Ejecutivo nacional dijo que iba a avanzar sobre algunas obras, pero tampoco nos dijo cuál era el esquema de prioridades que tenía», señaló Herrera.
El diputado santiagueño hizo énfasis en que «cada ruta que se abandona atenta contra la conectividad del pueblo argentino y la producción porque encarece el transporte, sin dejar de lado algo terrible como las muertes por accidentes de tránsito».
A más de un mes después de esa solicitud, El Constructor realizó una consulta a miembros de la Comisión de Obras Públicas de la cámara baja. Con respuestas que algunos prefirieron dar en off; todos ellos aseguraron que el pedido de informe no fue respondido.
Uno de los parlamentarios consultados pidió reserva de su identidad y trazó un cuadro de la situación: “Yo estoy muy identificado con la gestión provincial y a veces el Ejecutivo nacional hace negociaciones directas con los gobernadores, levantándole el pie a los fondos. Hay una discrecionalidad muy marcada en este Ejecutivo nacional hoy por hoy. Uno trata de que llegue la mayor cantidad de recursos para su región y así las provincias puedan llevar su gestión adelante. Se entiende que después de las elecciones va a ser otra historia”.
Lo comentado por el legislador se refleja en la cotidianidad parlamentaria, dado que en cada sesión se expresa en la postura de los diputados el grado de avance de los acuerdos entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales. No existen espacios exentos de cambios de posición inesperada y se pueden tender líneas directas entre las gobernaciones que toman una definición y los bloques que la acatan: Córdoba y Entre Ríos con Encuentro Federal; Catamarca y Santiago del Estero con Unión por la Patria; Salta, Misiones y Río Negro con Innovación Federal; Mendoza y Chaco con la Unión Cívica Radical.
“Me parece una excelente idea del Presidente de la Nación tener un presupuesto con déficit cero y entender que no se puede gastar más de lo que ingresa. Lo que me parece que hay que revisar es la necesidad de tener una visión más federal, que es algo que escasea en algunos funcionarios que toman decisiones, principalmente cuando se habla de obras viales”, analizó el legislador en declaraciones “en off”.
Necesidades regionales
Entre los miembros de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados existen referentes de varias regiones y voces representativas de las posturas de sus bloques. Es el caso del mendocino Julio Cobos (Unión Cívica Radical), quien entendió que “el principal problema que hay es que no tenemos presupuesto, queda bien claro que este gobierno no quiere ni presupuesto ni le interesa la responsabilidad de asumirlo en materia de obras públicas. “Nosotros hemos planteado la cuestión de emergencia para acelerar los procesos licitatorios”, dijo.
“Hay rutas que son prioritarias a nivel nacional y, si vamos al caso de Mendoza, que está en estado deplorable y aumentando día tras día la probabilidad de un accidente, es el camino al Paso Internacional Los Libertadores o Cristo Redentor. Ahí es que necesitamos que rápidamente, por sistema público-privado o por la forma que sea, se acelere este proceso”, señaló el legislador mendocino.
Cobos, además, subrayó la necesidad de inversión en caminos y puentes, como la infraestructura prioritaria a desarrollar en su distrito. “La Ruta 40 espera hace más de seis años inversiones, debido a un aluvión que vino y que se lo llevó. Actualmente es complicado el tránsito en esa zona. La Doble Vía Mendoza-San Juan también ha quedado paralizada. Otra obra es la de la Ruta Nacional 143 que une San Carlos con San Rafael. También están los accesos Norte, Sur y Este, que son rutas nacionales a Mendoza y que están en estado deplorable también”, enumeró el diputado nacional, que pidió federalización en la distribución de recursos: “Entendemos que Vialidad Nacional está recaudando impuestos a los combustibles, pero no está cumpliendo con su función, que es la de programar la licitación de las obras nuevas, como también el mantenimiento para prevenir accidentes”.
La mirada del parlamentario tiene similitudes con la del diputado entrerriano Francisco Morchio (Encuentro Federal), quien también hizo hincapié en la inversión vial y en la necesidad de encontrar alternativas para el origen del financiamiento, que habiliten un proceso para la concreción de las obras. “Estamos abiertos a escuchar todas las posibilidades que puedan haber y que no sea sólo plata del Estado, pero algo hay que hacer para mantener lo que está, y eso lo sabemos porque lo vivimos cada vez que subimos arriba de la ruta. Nosotros y cualquiera de los que viaja desde las provincias a la ciudad de Buenos Aires o por el interior mismo”, comentó el parlamentario.
Luego continuó: “Entiendo que no es momento de hacer grandes obras nuevas, pero tampoco podés bajar la cortina y no mantener lo que ya está, porque eso es lo que necesitás para desarrollar las provincias, para que los productores puedan tener la estructura necesaria y así seguir produciendo”. A su vez, consideró que “en la comisión hay diputados que quieren sacar rédito político enfrentando al gobierno, pero la gran mayoría trae los problemas de su lugar, tiene una visión federal y entiende que probablemente el gobierno nacional tendría que mirar más a las provincias”.
Asimismo, Morchio planteó que la actual situación no es responsabilidad exclusiva de la gestión que hoy administra el Poder Ejecutivo: “Entiendo que hay una crisis económica que ha recibido este gobierno por una mala gestión del gobierno de Alberto Fernández y que hubo gobiernos que abusaron de la obra pública para lograr beneficios mediante la corrupción que genera, pero por otro lado creo que se puede hacer una obra pública transparente”.
A partir de allí, el entrerriano sostuvo: “Quienes vivimos en el interior necesitamos que por lo menos lo que ya existe se mantenga mediante la obra pública, y sino que se le dé una solución de otra forma de forma estratégica, sin hacer infraestructura por el mero hecho de hacerlas si después no la podés pagar”. Además, sintetizó: “No puedo pretender que, en una crisis económica como la que tiene la Argentina y de la que quiere salir, el país pueda tener un festival de obra pública, pero por lo menos lo más estratégico es el mantenimiento de las obras que ya están”.
Finalmente, el diputado remarcó las prioridades en la región. “El mantenimiento de la Ruta Nacional 12 es una necesidad porque si no la gente se va a matar, o van a romper sus autos o los camiones no van a poder transitar como es debido. La bajada al camino que conecta Rosario-Buenos Aires, que los que venimos de Entre Ríos hacemos siempre, es una necesidad. Eso también es obra pública”. “Hay obras o mantenimiento de obras que son nacionales. Si hay un plan de transferir las responsabilidades nacionales a las provincias, que sea con los recursos”, reclamó.
El parlamentario dio su opinión en cuanto a la fuente de los recursos. “Nosotros estamos gustosos de hacernos cargo de los problemas de los entrerrianos, por más que quien debería resolverlos sea el gobierno nacional, pero tendría que ser con los recursos que se generan en la provincia y que van a las arcas nacionales. Esto no es ninguna polémica; no tenemos ganas de ponernos la vereda en frente de nadie, porque compartimos muchos de los objetivos que tiene el gobierno nacional, pero es una cosa básica que debería entenderse: es tan obra pública hacer un puente nuevo, que hoy no se puede hacer, como mantener una ruta que ya existe. Y que hay que hacerlo, porque si no se va a matar gente”, explicó.
Otro de los testimonios para este medio llegó desde la provincia de Salta por parte del diputado Emiliano Estrada (Unión por la Patria), quien opinó que “fundamentalmente, lo que nos llevó a la necesidad de unir fuerzas de distintos bloques tiene que ver con el mantenimiento de las rutas y autopistas, que es lo más central y lo más urgente de la obra pública”.
Para contextualizar su comentario, indicó: “Si hay una plaza más o una plaza menos; o que haya metros más o metros menos de cordones de cuneta, que son obras en los barrios, no ponen en riesgo la vida de la gente como sí ponen en riesgo la falta de mantenimiento de las rutas argentinas. Eso empieza a ser un problema serio, no solo por la seguridad de las personas, la seguridad vial, sino también por el tema de la producción”. “En muchos lugares del interior del país, la producción sale por esas rutas que si no tienen mantenimiento, empiezan a no solo encarecer la producción, sino también a inviabilizarla en muchos casos”, argumentó.
El parlamentario salteño enumeró algunas de las demandas en su distrito: “La Ruta 5 o la Ruta 81, por ejemplo, son rutas que transitan muchísimos sectores de la producción y que traen complicaciones muy grandes si es que no están resueltas, ya sean provinciales o sean nacionales […] Nosotros planteamos como prioridad a la Ruta 51, que es por donde sale la producción minera; la Ruta 934, que es el tramo desde Rosario de la Frontera hasta Metán, se llama la Ruta de la Muerte y está con unas huellas de camiones impresionantes y está bastante intransitable; la Ruta 40, que agarra un tramo muy turístico en Salta y quedó paralizada esa obra también; y la Ruta 34, que cruza por Jujuy y que llega hasta Tartagal. Todos esos son los tramos más urgentes y más importantes que necesitaría la provincia”.
Por último reflexionó: “La ruta es ruta, se haga cargo la Nación o las provincias. Después, respecto a cuáles son o cómo nos imaginaríamos el proceder tiene que ser, en nuestro caso, un debate desde el ámbito legislativo, que muchas veces las herramientas no son conducentes ni vinculantes”. Estrada dio una interpretación de la coyuntura: “Lo que sí es vinculante y conducente es que este año todos los bloques que le permitieron al Gobierno nacional no tratar un presupuesto, y hacer lo que guste con los fondos, le exigen al Ejecutivo y le digan que tiene que presentar una ley de presupuestos”.
