Mendoza combate su déficit habitacional mediante una gestión profesionalizada que prescinde de fondos nacionales, basándose en el superávit propio y la sinergia público-privada. La pieza central de este modelo es el Banco Integrado de Proyectos (BIP), un sistema técnico que garantiza la viabilidad y sustentabilidad de cada obra antes de su ejecución, transformando las necesidades territoriales en proyectos financieros y urbanos eficientes.
En una charla exclusiva con el periódico El Constructor, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Mendoza, Gustavo Cantero, analizó en profundidad el panorama habitacional de la provincia. Durante el encuentro, el funcionario detalló los alcances de la inversión con fondos propios ante la falta de financiamiento nacional y los objetivos de los programas actuales. Asimismo, Cantero subrayó la importancia de la sinergia público-privada y el ordenamiento territorial como pilares para reducir el déficit habitacional en el mediano y largo plazo.
¿Cómo describiría la situación habitacional actual de Mendoza y cómo se posiciona frente al resto del país?
Mendoza no es ajena a la situación de la Argentina, donde las variables macroeconómicas, a pesar de que se están estabilizando, aún no permiten que aparezcan los créditos. Tenemos una provincia ordenada, con sus cuentas públicas siempre con superávit, pero nos cuesta hacer viviendas por el costo que eso lleva. Sin embargo, dentro de lo que es el país, no nos podemos quejar. Proporcionalmente, nuestro déficit anda en el mismo orden que el nacional: tenemos más de 100,000 soluciones habitacionales de déficit. Históricamente, en la provincia se han hecho entre 8.000 y 10.000 viviendas, por lo que es imposible que un gobierno, aunque siga ordenado o se endeude, pueda combatir ese déficit solo.
Siempre decimos que esto se logra con una sinergia público-privada y variables macroeconómicas que permitan a la gente endeudarse a través de créditos a largo plazo. Seguimos trabajando sabiendo que el déficit es grande, pero acompañando dentro de las posibilidades del Estado provincial con dinero propio, lo cual es bastante importante si se compara con otras provincias.
Respecto a la gestión del año 2025 ¿qué obras y resultados puede destacar?
Hemos terminado el año con 2.400 soluciones habitacionales: cerca de 1.900 fueron viviendas nuevas y 537 son mejoramientos. Con los mejoramientos —que pueden ser una habitación, un baño o un estar— logramos que familias que vivían sin las condiciones básicas satisfechas tengan una vida digna y puedan desarrollar un futuro mejor. Entregar aproximadamente 2.400 viviendas es para nosotros un hito importante. Además, sumamos el programa «Construyo mi casa», un crédito para familias de clase media que tengan terreno escriturado y hagan un ahorro previo de 36 cuotas. Es un crédito a tasa razonable que ya tiene cerca de 500 personas ahorrando y 200 que ya están ejecutando su obra.
Queremos mostrar el camino a los bancos para que se animen; como Estado podemos arriesgar, pero la solución real viene de una sinergia donde bancos y desarrolladoras aporten y arriesguen en este país a largo plazo.
Mirando hacia adelante, ¿qué tienen planificado para el 2026?
En diciembre de 2025 terminamos de licitar las últimas casas de un plan puramente social llamado «Mendoza Construye Línea 1», que trabajamos a la par de los 18 municipios. Es un programa que nos llena de orgullo porque es para gente que gana hasta tres salarios mínimos (unos 800.000 o 900.000 pesos) y donde la cuota es en relación a sus ingresos, pagando alrededor del 15% de lo que entra a la familia. Para el futuro, necesitamos que la actividad económica crezca para que la provincia pueda recaudar más y destinar dineros propios, ya que hoy el 100% de la inversión es provincial. En el primer trimestre habrá novedades con nuevas operatorias tanto para el sector social como para la clase media, mientras esperamos que aparezcan los créditos bancarios.
¿Bajo qué criterio se seleccionan los proyectos y qué rol juegan los municipios?
Mendoza tiene un Banco Integrado de Proyectos (BIP) donde los municipios cargan sus prioridades habitacionales antes de fin de año. En función del presupuesto, la provincia reparte un cupo según la demanda insatisfecha, pero obligamos a los municipios a que trabajen en lograr la urbanización y los servicios. Sin eso no damos prioridad; necesitamos que el municipio se comprometa con sus vecinos y priorice urbanizar terrenos en zonas urbanas. Aunque no es una política 100 por ciento descentralizada, les permitimos diseñar su cuadrícula y urbanización, pero siempre bajo el control de la Dirección de Ordenamiento Territorial para no permitir los desórdenes urbanísticos que se han visto a lo largo de los años en muchas provincias. Primero se filtra por Ordenamiento Territorial y, una vez que cumple los requisitos, empezamos a charlar sobre la financiación en función del dinero previsto para ese año.
¿Cómo manejan el crecimiento de la infraestructura y los servicios básicos, en relación con los nuevos barrios creados?
Desde la provincia hacemos la construcción de los ramales principales de agua y cloaca, pero le pedimos al municipio que trabaje en la infraestructura interna del barrio; la red interna es obligación de ellos. Estamos trabajando en la renovación de cañerías antiguas que requieren inversiones importantes y planificando nuevos colectores y redes de agua para dar factibilidad según el diseño de la provincia. Antes pasaba que los municipios compraban terrenos sin servicios porque eran baratos y terminaba saliendo «más caro el collar que el perro». Ahora la provincia ve lo macro y el municipio lo interno.
¿Cómo es la relación actual con el Gobierno Nacional y el financiamiento externo a la provincia?
Desde 2016, Mendoza ha tenido que trabajar en políticas de vivienda propias, ya sea porque no éramos del color político o porque no teníamos llegada a la Secretaría de Vivienda nacional. Gracias a esa situación, desarrollamos planes como «Mendoza Construye Línea 1», «Línea 2» (público-privado), «IPV Mi Casa» y «Construyo mi casa». Actualmente no sufrimos la desaparición de la Secretaría de Vivienda ni del financiamiento nacional, aunque nos gustaría que la Nación premiara a las provincias que trabajan con orden, superávit y eficiencia. Soy partidario de que el Estado Nacional distribuya el dinero pero que sean las provincias las que decidan la política habitacional según su visión y sus leyes de ordenamiento, sin estructuras centralizadas desde Buenos Aires que generan burocracia y problemas para terminar las obras.
¿Tienen obras con financiamiento nacional paralizadas o con problemas de pago?
Me quedan unas 50 viviendas de Nación que estamos terminando con financiamiento provincial porque Nación se comprometió a pagar un porcentaje y hasta hoy no lo han hecho. El gobernador tomó la decisión política de poner dinero provincial para no hacer esperar a las familias. De las 2.500 soluciones entregadas este año, solo unas 150 eran de Nación y fueron financiadas por nosotros. El impacto es muy bajo porque casi todo lo que tenemos, incluyendo las 3.200 soluciones en ejecución actualmente (2.400 viviendas y 800 mejoramientos), es financiado totalmente por el presupuesto provincial. Para el año que viene tenemos un presupuesto de más de 100.000 millones de pesos.
¿Hubo ralentización de las obras durante el año 2025?
Este año no. Sí hubo en 2024, cuando asumió el nuevo gobierno nacional, porque tuvimos que repensar la cantidad de viviendas y el flujo de fondos. Pero en agosto de 2024 aceleramos y este año no hemos planteado ninguna ralentización; los barrios vienen a muy buen ritmo, muchos por arriba de la curva. Cuando la inflación es manejable y la provincia paga, las empresas cumplen y se logran los objetivos. La inflación solo ayuda a tapar la ineficiencia; sin estabilidad no hay planificación a largo plazo. Mendoza hace un esfuerzo gigante por controlar las cuentas públicas para que el privado sienta que es un lugar serio donde se puede invertir.
Para cerrar, ¿cuál es su visión sobre la política habitacional a largo plazo en Argentina?
Somos optimistas y colaboramos con el gobierno nacional para que se logren sus objetivos. Pero necesitamos que Nación distribuya el dinero de los combustibles y otros impuestos para que las provincias ideemos nuestras políticas y seamos responsables del dinero que recibimos. También trabajamos en concientizar a la gente de que las casas el Estado no las regala. El dinero es de todos los mendocinos y el beneficiario tiene la obligación de pagarlo por respeto a quienes no tuvieron esa suerte. Culturalmente se ha vendido que la casa es un derecho y el Estado debe hacerla, pero el Estado está para ayudar a acceder, no para regalar. Gracias a este trabajo, bajamos la morosidad del 50% al 36%. Con optimismo, esperamos seguir aumentando las soluciones habitacionales si la macroeconomía ayuda y llegan los fondos que corresponden.
