En junio, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó el Banco de Prácticas Ambientales a través del trabajo conjunto con el Observatorio de Obras Públicas para trabajar en la construcción colectiva de políticas a partir del intercambio de buenas prácticas y recomendaciones. Este año, según el informe, el 63% del presupuesto nacional destinado a la obra pública tiene incidencia en la sustentabilidad.
Mucho se habla por estos días del cambio climático que se está produciendo a nivel mundial y que tiene que ver con un modo de vida y relación con la naturaleza que está llevando al planeta a cambios abruptos y perjudiciales. En este marco se hace presente la necesidad de abordar la obra pública mediante prácticas de sustentabilidad a fin de mitigar estos fenómenos. En este sentido, el MOP puso a disposición en la web una sección que recopila, sistematiza y da cuenta de las acciones llevadas adelante por el ministerio con el fin de fortalecer estas prácticas sostenibles.
Según el informe de Observatorio sobre este punto de sostenibilidad ambiental de la obra pública, se busca la incorporación de criterios de “contratación verde” en los pliegos y respectivos contratos, y así asegurar mecanismos adecuados de evaluación del impacto ambiental de la obra pública; la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de las Naciones Unidas en las metas propias del Ministerio de Obras Públicas, en particular aquellas vinculadas a los objetivos 6 (agua limpia y saneamiento), 9 (industria, innovación e infraestructura), 10 (reducción de las desigualdades) y 11 (ciudades y comunidades sostenibles).
Sin ir más lejos, en 2023, el 63% del presupuesto nacional destinado a la obra pública tiene incidencia en la sustentabilidad. Exactamente, con una inversión de $621.297.013.302 en lo que va del año, hay más de 5500 obras vinculadas a la sustentabilidad: 2450 de agua y saneamiento; 917 de equipamiento urbano; 1311, viales; 47 de hábitat y vivienda, 165, de recursos hídricos, 61, Infraestructura del cuidado; 234, salud; 397, centros de desarrollo infantil y 16 en centros territoriales de políticas de género y diversidad
LA SUSTENTABILIDAD, EN FOCO
El Ministerio tiene incidencia directa en los objetivos de desarrollo sostenible vinculados al agua limpia y saneamiento, y además en lo que respecta a industria, innovación e infraestructura. Según el comunicado del Mapa de Inversion: “Se busca construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”. La sustentabilidad es un eje transversal en la obra pública, y la infraestructura del cuidado es donde más se puso foco en la gestión, ya que atravesados por la pandemia era la prioridad.
Lo que se hizo según la Dirección de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas era ver dónde estábamos parados al respecto. Más allá de que existen áreas donde ya se tiene incorporada esta mirada, por ejemplo, la de gestión de recursos hídricos, y otras donde tiene menos incorporada esta perspectiva, como por ejemplo vialidad, existía una necesidad de saber de dónde partir. Hay 17 áreas que dependen del Ministerio de OP.
“Lo que se hizo según esta dirección fue relevar área por área, qué era lo que estaban haciendo en términos de sustentabilidad en el trabajo cotidiano. A partir de ahí hubo un diagnóstico y se estableció un mínimo común para toda la obra pública, es el primer paso; y el segundo fue el de ir elevando ese mínimo, con políticas de promoción del tema y poder acceder a un mayor financiamiento para una obra que tiene estas características ya incorporadas y para un proyecto que no lo tiene, que eso sea menor. Todo eso está en proceso en este momento, pero es una de las cosas en evaluación”, explican desde la Dirección de Transparencia.
Otra pata importante para este objetivo, afirman, es la capacitación, interna, externa, de todas las jurisdicciones, de los municipios, de las provincias, “de nuestros propios técnicos que evalúan y hacen seguimiento de la ejecución de obra pública, el fortalecimiento institucional es muy importante y después hay un tercer punto asociado a un programa de infraestructura sostenible 100%, es decir, que el financiamiento que está bajo ese programa solamente contemple la posibilidad de financiar los proyectos que aborden una mirada ambiental y sustentable integral”, explican desde el organismo. “Preservación y conservación de la biodiversidad, protección y calidad del recurso hídrico, de espacio público de calidad para la población son ejes fundamentales de este plan. Hace un año se creó un gabinete ambiental y lo institucionalizamos para que aún con cambio de gestión esto quede en el Ministerio y continúe funcionando, con un representante cada organismo que depende del Ministerio de Obras Públicas”.
AGENDA
Así las cosas, los objetivos de la agenda de sustentabilidad para el 2023 serían consolidar la cartera de obras y proyectos con perspectiva ambiental y de desarrollo sostenible, promoviendo infraestructura que contemple adaptaciones basadas en ecosistemas. Otro de los objetivos según la información brindada en la dirección del área sería incorporar variables y proyecciones que permitan reducir y/o compensar las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir la vulnerabilidad de poblaciones y ecosistemas frente al cambio climático. Por otro lado, se intenta fortalecer capacidades y herramientas institucionales para la gestión sostenible de la obra pública, asegurando el cumplimiento de compromisos y normativas y promoviendo mejores prácticas.
En este sentido, se creó el Gabinete Ambiental con un plan de trabajo anual (agenda ambiental) y metodologías puntuales enfocadas al objetivo. La incorporación de metas de la agenda al Plan de Obras Públicas para el desarrollo de la Nación y la elaboración de un manual de estándares ambientales mínimos aplicables a la obra pública con apoyo del BID. Por otro lado, se implementó el Programa Edificios Públicos Sostenibles y la capacitación del 30% de los trabajadores a partir de la Ley 27592. Además, se propone fortalecer el financiamiento para obras que promuevan la transición de infraestructura gris a azul-verde y de energías renovables.
Por eso, el Instituto de la Administración Pública Nacional (INAP) realizará una capacitación del 22 de agosto al 1 de septiembre que tiene como misión lograr que las contrataciones en el ámbito de la Administración Pública se realicen con mayor eficiencia y transparencia, y con especial énfasis en la aplicación de los criterios de sostenibilidad en las compras públicas, con la necesidad de implementar la capacitación en las contrataciones públicas sustentables a fin de difundir y llevar a la práctica los conceptos fundamentales de sostenibilidad aplicables a las contrataciones y compras del Estado especialmente en el marco de la obra pública.
OBRAS VITALES
Algunas de las obras destacadas y finalizadas que abordan este criterio son, por ejemplo: la ampliación de la ciclovía de la Av. San Martín de Florentino Ameghino, en la provincia de Buenos Aires, con un costo de $2.2000.000; la renovación de red de cloacas en Vicente López por un costo de $820.000; la renovación de la red cloacal en Gral. San Martín, Provincia de Buenos Aires, con un costo de $824.167; la instalación de red de agua en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, también fue concretada por un costo de $675.774, y la renovación de red de agua potable calle Segura, Falciani y Máximo Suárez, en la provincia de Mendoza, por un monto de $705.000.
Y miles de obras que están directamente relacionadas a los objetivos de desarrollo sostenible como la gestión integral del recurso hídrico, el fortalecimiento de la conectividad e infraestructura vial, el desarrollo de obras de arquitectura en zonas urbanas y rurales, la Infraestructura del Cuidado, entre otras. El conjunto de obras que se fueron desarrollando como las finalizadas y las que se encuentran en ejecución y aportan al ODS pueden verificarse en la página de Mapa de Inversiones.
LAS VOCES
Según Roxana Mazzola, directora nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, las incidencias que tienen las obras de agua y saneamiento poseen un móvil directo en la salud, en cuestiones ligadas al género, a la reducción de la pobreza extrema; entonces, dentro de eso, una parte importante de las obras son relativas al agua y saneamiento que en total son las que están en el mapa de inversiones.
“Alrededor de 2400 obras y en relación con la infraestructura resiliente, tenemos el conjunto de obras viales que se vienen desarrollando, todo lo que es la infraestructura del cuidado que incide en el ODS 2030, ese es un aporte muy concreto a las metas y objetivos propuestos en este sentido”, dice.
Y continúa: “Estamos haciendo la evaluación de resultados de los centros de desarrollo infantil a nivel nacional y ahí se ve muy concreto la incidencia que tienen las obras públicas en la garantía del desarrollo y la ampliación de oportunidades dentro de las comunidades, por ejemplo, en relación con la reducción de la pobreza más extrema o a promover cuestiones ligadas al género, porque estos centros de desarrollo infantil influyen en la cotidianidad de las familias y en particular de las mujeres”. Así, todas las tipologías de obra que “tienen que ver con incidir sobre la reducción de las desigualdades de las propias comunidades o preparar una estructura. En ese sentido es también lo que genera la capacidad de respuesta y de resiliencia de las propias comunidades, ante diferentes impactos de desastres naturales, cambios climáticos y demás. Si yo mejoro una infraestructura sanitaria, eso me va a impactar claramente de acuerdo con la respuesta que tienen las comunidades ante todas esas situaciones de cambio climático”.
Por eso, siempre se habla que el enfoque del desarrollo sostenible “tiene que ver con el triple impacto y una mirada más integral que no solo refiera al impacto económico, sino también el impacto social, en reducción de brechas que para el caso de los países como Argentina u otros de América Latina que poseen grandes niveles de desigualdad tiene que cobrar un peso bastante importante esto, pero también con una mirada de un tema que hoy se impone en agenda muy fuerte que es el ambiental, por eso es un modelo de desarrollo más sostenible y cómo las obras públicas apuntalan a este modelo más sostenible e igualitario considerando este triple impacto”.
¿Cuáles eran las observaciones que se hicieron para empezar a pensar a trabajar con esta perspectiva sostenible?
Observamos que era necesario abordar de manera integral lo que se conoce como el “triple impacto” de nuestras obras. Durante la primera etapa de nuestra gestión pusimos los mayores esfuerzos en que las obras de infraestructura colaboraran en reducir las brechas de desigualdad y mejorar la calidad de vida de la población, así como en impulsar el proceso de recuperación económica, generando empleo en distintos sectores y en todo el país. Esto quiere decir que nos dedicamos al impacto social y económico de la infraestructura. Lo que estamos haciendo ahora es poner el foco en incorporar la sustentabilidad en el diseño, evaluación y ejecución de las obras, analizando las oportunidades de mejora y definiendo estándares mínimos ambientales en la obra pública. En este proceso, si bien el impacto ambiental es algo que ya se venía evaluando y abordando en nuestras áreas y organismos, esto se hacía de diferentes maneras, con diversos niveles de análisis, con distintos instrumentos y estándares. Entonces nos propusimos generar una agenda ambiental transversal que nos permita establecer conceptualmente qué modelo de desarrollo sostenible queremos construir, desde nuestro sector, para que las intervenciones que hacemos impacten de manera positiva en el ambiente y consideren conceptos como la adaptación y mitigación al cambio climático, los efectos del Niño en el clima del país, la preservación y conservación de la biodiversidad, entre otros. Para esto nos asociamos a actores estratégicos y especialistas que vienen trabajando sobre temas ambientales, como la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, el BID, y el NUD.
¿Qué puede decirnos sobre los desafíos u obstáculos que tienen que abordarse para lograr esto a nivel federal?
Existen desafíos que tienen que ver con la crisis climática y ecológica que atravesamos. Ya no tenemos solamente que evaluar el impacto de la obra pública para prevenir o mitigar daños, tenemos que, además, hacer obras resilientes, en un proceso de cambio climático que es cada vez más crítico. Pero también tenemos que generar entornos saludables para que las comunidades vivan, trabajen y se desarrollen, eso implica promover una infraestructura más respetuosa de la naturaleza, más verde, más sostenible. Y, finalmente, debemos lograr que esas obras aporten a un desarrollo productivo y económico más sustentable, usando estratégicamente los bienes comunes naturales, como el agua, y generando más empleo verde. Esto, evidentemente, no sucede de un día para el otro, estamos iniciando un camino que es progresivo y que requiere de múltiples coordinaciones: coordinación interna a nivel ministerial, para esto creamos un Gabinete Ambiental que es una mesa institucional en la que abordamos estos temas y consolidamos nuestra agenda ambiental; coordinación interministerial, para esto estamos trabajando codo a codo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo de la Nación, no solo para alinearnos, por ejemplo, a la política climática nacional, sino para capacitarnos y fortalecernos en temas ambientales; y en tercer lugar, una articulación con las jurisdicciones que proponen y ejecutan proyectos a través de nuestra asistencia financiera. Este es quizás el desafío más grande, el que significa efectivamente federalizar nuestra agenda ambiental y los estándares que nos estamos proponiendo, esto último es necesario abordarlo desde un trabajo colaborativo con las provincias y los municipios, para que ellos no solo incorporen esta visión a los proyectos que necesitan, sino que se apropien de esta nueva perspectiva en sus propios procesos de planificación de obra.
En este momento bisagra de la sociedad a nivel mundial y donde las noticias día a día dan cuenta del riesgo que implica el cambio climático, pensar en el rol de cada actor y los modos de consenso en función de tomar acción para contribuir a un modelo de producción y desarrollo sustentable es urgente. Y la obra pública como principal actor en la incidencia medioambiental tiene la responsabilidad de llevar a cabo esta transformación, ya que esto trae aparejado una mejor calidad de vida para la población y la mitigación del daño hacia el ecosistema.