Por JUAN JOSÉ CARBAJALES – Cancelada toda obra pública que no esté en ejecución, se instrumentará con el sector privado las obras necesarias para viabilizar el potencial hidrocarburífero de Vaca Muerta. Se analizarán los desafíos y oportunidades y la Reversión del Gasoducto Norte como obra crítica.
En primer lugar, es oportuno reseñar las (pocas) referencias energéticas brindadas por Javier Milei durante el discurso de asunción enunciado en las escalinatas del Congreso de la Nación el 10 de diciembre luego de recibir los atributos presidenciales. De allí surge cuál es el “nuevo contrato social” al que se apunta y que postula como “instituciones fundamentales” a “la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal y la libre competencia”: “Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, esas ideas que se resumen en la definición del liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, el profesor Alberto Venegas Lynch (hijo), que dice que ‘el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social’. En esa frase de 57 palabras está resumida la esencia del nuevo contrato social que eligieron los argentinos”.
“En todas las esferas, miren donde miren, la situación de la Argentina es de emergencia. Si miramos la infraestructura de nuestro país, la situación es la misma. Solo el 16% de nuestras rutas se encuentran asfaltadas y solo el 11% se encuentra en buen estado. (…) La situación de la Argentina es crítica y de emergencia”.
“La herencia no termina ahí, ya que los desequilibrios en tarifas son equiparables al desastre que dejó el kirchnerismo en el año 2015. (…) La deuda por importadores supera los 30.000 millones de dólares y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras alcanzan los 10.000 millones de dólares. La deuda del Banco Central e YPF suman 25.000 millones de dólares y la deuda del Tesoro pendiente suma unos 35.000 millones de dólares adicionales. Esto es la bomba en términos de deuda a 100.000 millones de dólares que habrá que sumar a los cerca de 420.000 millones de dólares de deuda ya existentes”.
ACTORES GLOBALES EN LA ASUNCIÓN
Vale la pena recuperar la relevancia de los actores presentes y ausentes durante el acto de asunción, a efectos de esbozar qué se puede esperar en materia de aliados internacionales en materia energética. En cuanto a las presencias, la más destacada (amén de la novedad de parte del presidente de Ucrania) fue la de Jennifer Granholm, Secretaría de Energía de EE.UU., quien, junto al Embajador Marc R. Stanley, fue la única representante de dicho Gobierno, país que es postulado como el principal aliado global de Milei junto a Israel. Temas tales como tarifas y subsidios (vía FMI), inversiones extranjeras (vs. inversiones chinas) y acceso al mercado de biocombustibles y litio, son aspectos centrales de la agenda con la potencia estadounidense. ¿Incluirá financiamiento a proyectos de infraestructura también?
En lo que refiere a las ausencias, se destacó la de José Inacio Lula Da Silva, Presidente de Brasil, quien es el principal socio comercial de Argentina y con quien existe una agenda fortísima en materia de acuerdos energéticos regionales. Solo asistió el canciller Mauro Vieira. Como contracara, el exPresidente Jair Bolsonaro (y familia) no solo estuvo presente sino que gozó de un lugar destacado. Está por verse si el BNDeS continuará sosteniendo líneas de financiamiento para que empresas brasileñas realicen inversiones en infraestructura aquí, como el caso de la Etapa II del GPNK.
ANTECEDENTE DE LOS AÑOS ‘90
Un antecedente sobre la “desregulación” en los años ’90 puede iluminar ese futuro inmediato. Tanto por ideario como por actores (que se repiten), es oportuno releer los famosos Decretos 1055, 1212 y 1589, todos de 1989, en los albores del menemismo. Su contenido refería a la desregulación de la exploración, explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos. Otorgaron la libertad de comercializar en el mercado interno y/o externo sin restricciones, aseguraron el acceso a infraestructura con tarifas equivalentes a las internacionales, dieron libre disponibilidad del crudo y combustibles para importarlos o exportarlos sin ningún tipo de impuestos (retenciones) y para disponer libremente de las divisas resultantes. Así, reemplazaron la intervención del Estado en la fijación de precios, márgenes de bonificaciones, cuotas, cupos, etc., por los mecanismos de asignación del mercado y el libre juego de oferta y demanda. Aquí el detalle:
- Decreto 1055/89, reglamentario del dto-ley 17.319/67: reguló las áreas reservadas a las Empresas del Estado (YPF) y dispuso el llamado a licitación para adjudicar la concesión de las áreas secundarias y la asociación para las áreas centrales, por un plazo de 25 años.
- Decreto 1212/89: fijó el objetivo de la desregulación del sector hidrocarburífero y estableció reglas que privilegian los mecanismos de mercado para la fijación de precios, asignación de cantidades, valores de transferencia y/o bonificaciones en las distintas etapas de la actividad. Dispuso la libre importación y exportación a precios libremente pactados. Instruyó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales SE a negociar con las empresas contratistas (PECOM, Bridas, Astra, Techint, Socma, etc.) la reconversión al sistema de concesión o asociación, con libre disponibilidad de hasta el 70% de las divisas.
- Decreto 1589/89: extendió el principio de libre disponibilidad a los contratos del Plan Houston de 1985/87 y estableció la libre disponibilidad de hidrocarburos y de las divisas, liberó la impo/expo de todo arancel; y otorgó autorizaciones anuales de exportación y autoimpuso al PEN a preavisar, con 12 meses de anticipación, cualquier restricción en relación a exportaciones, en cuyo caso el Estado debía comprar la producción que no se podía exportar.
PRIMERA MEDIDAS
Los primeros pasos en materia energética desandan el camino de la desregulación e imponen una agenda de marcado corte privatista, aunque a un ritmo que aún no está grabado sobre una hoja de ruta clara. Los aspectos relevantes son los siguientes:
Precio de los combustibles: actualmente existe un retraso vis-à-vis los niveles de inflación anual, la evolución de la depreciación del peso y el precio internacional del barril. A ello se le suma la falta de actualización de los impuestos a los combustibles (ICL y CO2) durante los últimos dos años. Las importaciones representaron en 2023 un 10% del consumo nacional.
El Gobierno podría avanzar en la liberalización total del precio de naftas y gasoil en el mercado nacional, así como una reducción/eliminación de los impuestos respectivos.
Tarifas y subsidios: a pesar de que la ley 27.541 de Emergencia Pública de diciembre de 2019 contenía un mandato de mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal y de iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario por un plazo máximo de hasta 6 meses (período que gozó de sucesivas prórrogas), el Gobierno de A. Fernández no logró materializar este objetivo durante sus 4 años de gestión. Ello, a pesar de que mantuvo intervenidos los entes reguladores ENRE y ENARGAS durante todo su mandato.
Ahora, el Gobierno libertario dictó el DNU 55/23 del 16/12/2023 de “Emergencia del Sector Energético Nacional” en materia de generación (G), transporte (T) y distribución (D) de energía eléctrica (EE) bajo jurisdicción federal y de T y D de gas natural (GN), por el plazo de 1 año. También instó a dar inicio de una Revisión Tarifaria Integral (RTI) para T y D de EE bajo jurisdicción federal y de GN (con remisión directa a los marcos regulatorios vigentes: leyes 24.065 y 24.076), con nuevos cuadros tarifarios a entrar en vigencia antes del 31/12/2024. El objetivo es la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión en condiciones técnicas y económicas adecuadas para prestadores y usuarios. Finalmente, se mantiene la intervención de los entes reguladores a partir del 1°/1/2024 y hasta la designación por concurso de las nuevas autoridades colegiadas (proceso a ser iniciado en 6 meses).
Los interrogantes que surgen, pues, son los siguientes: ¿habrá un único subsidio de un bloque de EE para hogares vulnerables (los N2 de la segmentación de tarifas)? ¿Y se dispondrá el pago de tarifa plena de EE y GN para los hogares medios (los N3)?
Vaca Muerta: dentro de los contados logros de la Administración Fernández se encuentra el haber generado las condiciones para la ampliación de la red de infraestructura troncal para la evacuación de los volúmenes incrementales de petróleo crudo y de gas natural: (i) prórroga de la concesión de Oldelval y de Oil Tanking Ebytem, que permitió que el sector privado prefinanciara las obras; (ii) prórroga del Plan Gas.Ar a diciembre 2028, que otorgó certezas a los productores y permitió avanzar con el Gasoducto Pte. Néstor Kirchner (GPNK) por obra pública y convocar a la Reversión del Gasoducto Norte. Por su parte, la productividad de Vaca Muerta (1.300 fracturas por mes en octubre) potenció el carácter exportador de la producción incremental de crudo y gas natural –vía Chile y Puerto Rosales. Alrededor de un 10% de la producción de gas y de un 20% de la de crudo tuvo como destino la exportación, que abona una alícuota del 8% en materia de retenciones. Se estima que podría alcanzarse los 400.000 b/d de exportación en 2028.
Ahora el Gobierno de Javier Milei podría avanzar en: (i) la eliminación de los derechos de exportación –aunque en el corto plazo los suba del 8% al 15%–, (ii) la liberalización total de la comercialización de hidrocarburos en el mercado interno y externo, (iii) la libre disponibilidad de divisas producto de la exportación, y (iv) el diseño de mecanismos de mercado para la ampliación de las redes de gas y energía eléctrica (símil contratos COM).
Reversión del Gasoducto Norte: el ministro Caputo anunció que “el Estado Nacional va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. No hay plata ni financiamiento. Las obras de infraestructura serán realizadas por el sector privado”. Ergo, se impone la pregunta de qué se necesita para que la industria financie el Reversal GN, la obra más necesaria hoy en materia hidrocarburífera. Pueden aventurarse las condiciones económicas y regulatorias que podrían figurar en una negociación entre productores de gas y el PEN. (a) Justificación: la licitación lanzada por ENARSA recibió ofertas pero no está adjudicada –su desarrollo no comenzó. Pero el NOA requerirá ese gas de Vaca Muerta en el invierno 2024 (o soluciones alternativas como importación de gas de Bolivia o electricidad de Brasil o Chile); (b) Iniciativa privada: conformación de un consorcio entre los principales productores de gas de Vaca Muerta (YPF, PAE, Total, Pampa, Tecpetrol, Pluspetrol, etc.). (c) Gobierno corporativo: ese consorcio requiere acuerdos de asociación que llevan su tiempo (% de asociación o Equity, financiamiento de riesgo, indemnidades, operación, etc.). (d) Regulación: adaptación de la normativa a un esquema netamente privado (prioridad de exportación o mercado interno; “Open Access” o derecho preferencial de uso del caño y de acceso a los tramos finales). (e) Inversión: del orden de los 2.500/3.000 millones de dólares; y en pocos meses. (f) Tarifa de transporte: negociada libremente con la industria, CAMMESA y las Distribuidoras. Aquí la incógnita es si será con participación del ENARGAS –que seguirá intervenido– para proteger a la demanda prioritaria. (g) Plan Gas.Ar: licitación por la SEN de una nueva ronda para el volumen a transportar (~19 MMm3/d, ampliable a 29 millones en una 2° etapa). También podría buscarse un esquema libre entre privados (h) Retenciones: eliminación de los derechos de exportación de gas natural, hoy en el 8% (requiere ley). (i) Exportaciones: autorización del MECON de exportaciones en firme plurianuales (plazo de repago de la inversión: ~30 años), sin corte en invierno. Un escollo son las leyes de hidrocarburos que priorizan el abastecimiento del mercado interno. (j) Interrogantes pendientes: ¿logrará el Gobierno articular con los privados un esquema que viabilice la inversión? ¿Incrementará ello los costos para industria y usuarios residenciales? ¿Y se llegará a tiempo para el invierno 2024?
Obra pública pendiente: no solo la etapa II del GPNK y la reversión del Gto. Norte están en licitadas, sino también: (i) la construcción de las dos centrales hidroeléctricas de Santa Cruz, (ii) la negociación con China por el financiamiento de la IV central nucleoeléctrica en Zárate y (iii) la construcción del prototipo CAREM de reactor de potencia.
YPF: el anuncio de su futura venta, reorganización y mejora del valor bursátil, junto a la designación de un Presidente/CEO con amplia trayectoria en el sector indican que la compañía de bandera pasará a desempeñar un nuevo rol con un perfil orientado al core business y dispuesto a negociar con Gobernadores/sindicatos las inversiones en segmentos no rentables (áreas convencionales/maduras), bajo el ejemplo de “optimización” de esfuerzos y recursos del tenista Djokovic.
El Gobierno definirá, pues, qué vinculación tendrá YPF con las políticas energéticas, y si será la empresa mixta quien marcó el ritmo de (i) las inversiones en Vaca Muerta, (ii) la liberalización de precios en surtidor y (iii) las importaciones marginales a pérdida. Finalmente, qué política sugerirá el PEN en materia de endeudamiento para la compañía centenaria.
Cambio climático: se llevó a cabo la COP28 en Dubai con presencia de funcionarios argentinos, los cuales ratificaron los compromisos internacionales del país, consistentes en reducir un 19% las emisiones de CO2 para 2030. Todo ello, en el marco de los documentos oficiales aprobados por la Secretaría de Energía consistentes en el “Plan de Transición a 2030” y los “Lineamientos de Reducción de Emisiones a 2050”.
Si bien en campaña Milei esbozó su idea de retirarse de la Agenda 2030, envió a la COP28 a Marcia Levaggi, flamante Secretaria de Política Exterior de Cancillería, quien allí declaró: “Vine a traer tranquilidad a las Naciones Unidas que Argentina va a seguir comprometida con el Acuerdo de París y va a cumplir sus obligaciones climáticas”.
#El autor es Director de la Consultora Paspartú y fue Subsecretario de Hidrocarburos de la Nación en 2019-2020.
