El Senado provincial aprobó el Presupuesto 2026, que define el funcionamiento financiero del Estado para el próximo año e incorpora modificaciones legales, nuevas facultades para el Ejecutivo y actualizaciones en el funcionamiento de organismos educativos, sanitarios, energéticos y administrativos. El texto también autoriza financiamiento para la ampliación del Metrotranvía, el Tren de Cercanías y obras de infraestructura educativa.
El proyecto se basa en ejes de fomento de la inversión para el desarrollo sostenido, equilibrio fiscal y administración responsable de la deuda pública. Incluye las variables proyectadas a nivel nacional: crecimiento real del PBI del 5%, variación interanual del IPC del 10,1% a diciembre de 2026 y un tipo de cambio estimado en 1423 ARS/USD al cierre del ejercicio.
La pauta presupuestaria asciende a 5,6 billones de pesos e incorpora inversiones públicas por el 14% del gasto total; ejecución de 32 obras con fondos del resarcimiento; autorización de roll over por 354 mil millones de pesos; 140 mil millones para las Etapas III y IV del Metrotranvía; cien mil millones para el Tren de Cercanías; y 73 mil millones para infraestructura educativa. El tratamiento legislativo incluyó la exposición técnica de las áreas involucradas y el análisis del articulado del CAPÍTULO VII, donde se establecen criterios de reasignación de partidas, mecanismos de saneamiento financiero, regímenes de contribución e instrumentos de reorganización institucional.
Posterior al tratamiento de los proyectos de Avalúo e Impositiva para el ejercicio 2026, se puso en consideración el proyecto de Presupuesto. La propuesta fue aprobada por 35 votos afirmativos y tres negativos, por lo que fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Fomento de la Inversión para el Desarrollo Sostenido
El Presupuesto prevé que la inversión pública alcance el 14% del gasto total en 2026. Las prioridades se orientan a obras viales en todo el territorio, recuperación de comisarías, ampliación y modernización hospitalaria, digitalización del sistema de salud, construcción de salas de nivel inicial y escuelas secundarias con mejoras de conectividad, y continuidad de los proyectos habitacionales del IPV.
Se destaca la ejecución de 32 obras financiadas con fondos de resarcimiento por daños de la Promoción Industrial, con una inversión total de $1.006.832 millones a concretar entre 2025 y 2028, distribuidos en: 10,81% para Agua y Saneamiento; 35,96% para obras viales; 7,91% para Energía; 15,27% para Irrigación; y 30,05% para Transporte.
El plan se completa con la campaña trianual contra la Lobesia Botrana sobre 50.000 hectáreas, la actualización de parques industriales y tecnológicos, y los programas ENLACE y ENLAZADOS.
Remesas a organismos y control del gasto
El articulado autoriza al Ministerio de Hacienda y Finanzas a efectuar remesas a organismos comprendidos en la Ley 8706, según disponibilidad presupuestaria y financiera. Para recibir los aportes, cada organismo deberá presentar una solicitud fundada con detalle de monto, destino y estado de situación, aclarando si se trata de necesidades estacionales o permanentes. En casos de desequilibrios estructurales, deberá incluirse un plan de saneamiento. Hacienda podrá suspender transferencias ante incumplimientos.
Plan de Inversión Pública y contribuciones por mejoras
El Presupuesto incorpora el Plan Plurianual de Inversión Pública sin financiamiento asegurado, habilitando al Ejecutivo a concretar recursos mediante reasignaciones, mayor recaudación u otras fuentes. También se incluyen al régimen de contribución por mejoras dos obras viales estratégicas:
- Ruta Provincial 99 – Tramo II (progresiva 3.350 a 7.000).
- Ruta Provincial 82, entre calle Ugarte y Roque Sáenz Peña, vinculada al proyecto financiado por el BID.
El Ejecutivo definirá la zona de beneficio, procedimiento, alcances y porcentajes de recupero.
Modificaciones normativas y reestructuración de fideicomisos
El proyecto incorpora un nuevo inciso al artículo 28 de la Ley 9083, excluyendo de beneficios a parcelas con deudas inmobiliarias no regularizadas. Además, autoriza la reestructuración, modificación, fusión o supresión de fideicomisos creados por leyes como la 6658, 6794, 7992, 9242, 9243, 9265, 9364 y 9434, entre otras, para optimizar recursos y eficiencia del gasto.
