Reencontrándonos pospandemia, seguramente en la próxima celebración del Día del Camino, además de recrear los vínculos de amistad, recibiremos la consabida, y no por ello menos trascendente, nominación de las Obras Viales del Año, premiando el talento del diseño, la planificación y el esfuerzo por materializar las obras con las herramientas de la ingeniería en todas sus aristas creativas.
El camino une a los más indefensos, los niños, los pobres y los ricos por igual, con destino al futuro. En igualdad para el crecimiento con educación en libertad y sin adoctrinamientos, la que los convierte en futuros hombres y mujeres de bien. Y en búsqueda de los recursos suficientes para este objetivo, nos parece oportuno recordar que los medios siempre limitados de una sociedad pueden administrarse con la racionalidad que proponen la buena ingeniería y administración, o la tentación de transitar nocivos atajos con destino a la dilapidación de los esfuerzos de toda la sociedad. En esta mínima reflexión quisiéramos reiterar “las siete reglas de oro” para el manejo de los fondos públicos y particularmente los referidos a la obra pública:
- Planificación de las inversiones mediante políticas de Estado: que trasciendan a los gobiernos de turno. La obra pública debe contar con una definición precisa de su alcance y características en un todo de acuerdo con un plan de infraestructura de factibilidad y rentabilidad conocidas y dentro de una política de Estado consensuada dentro de las mayorías gobernante y de la oposición.
- Estudios previos de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental: para contar con el consenso mayoritario es esencial la difusión de las propuestas y, en tal sentido, las audiencias públicas son una de las herramientas genuinas para canalizar las opiniones y los intereses de las partes.
- Elaboración de una completa y correcta documentación para la licitación y contratación de las obras: se requiere la preparación de la documentación licitatoria que permita una definición unívoca de la obra por realizar, con un cálculo preciso del presupuesto oficial y, consecuentemente, que permita a los oferentes cotizar en igualdad de condiciones. Esta es la cuestión básica para que una compulsa de precios sea entendida como tal. La indefinición en el objeto por cotizar da lugar a grandes dispersiones en las cotizaciones, que lejos de significar un logro en la competencia, son signos inequívocos de errores graves en la concepción de los documentos y el método de licitar, adjudicar y contratar. Como tales, acarrean los consabidos y repetidos reclamos de los contratistas constructores, los mayores costos y las demoras y paralizaciones de obra con los consecuentes intereses intercalares nocivos y el lucro cesante asociado.
- Adecuado control de gestión: es clave una gestión de contratos por parte del comitente que refleje conocimiento y madurez en la conducción y toma de decisiones, bajo la ley y respetando los derechos de las partes. Las decisiones arbitrarias solo conducen a conflictos que en casos extremos llevan al fracaso de las obras y los consecuentes conflictos judiciales que normalmente pagan las generaciones futuras. En este capítulo cabe explicitar la importancia de una capacitación permanente de los profesionales, tanto del comitente como de las eventuales empresas intervinientes.
- Independencia de la obra pública respecto de la política cortoplacista: si bien la obra pública está necesariamente asociada a la política, en el correcto sentido de la palabra, debe evitarse la subordinación nociva de la obra a los tiempos políticos. Las obras lanzadas sin el previo y adecuado estudio y planificación, en los términos mencionados, deben evitarse absolutamente.
- Planificación y seguimiento del mantenimiento de las inversiones: un estricto control técnico, programático, financiero y funcional de la obra forman parte esencial de las prácticas de gestión y recepción de las obras y su futura operación y mantenimiento.
- Adecuada difusión de las inversiones: para el correcto conocimiento de los contribuyentes, entre otros medios, con un adecuado cartel de obra.
Optimizar el real costo total de una obra de infraestructura no significa minimizar independientemente el costo de cada una de las fases del ciclo de vida de la obra, sino del conjunto interrelacionado de todas ellas, alineadas con el plan de trabajo previsto. Las fases iniciales (planificación, factibilidad y proyecto), aun cuando son las de menor costo (normalmente un dígito porcentual menor de 5) del monto total de la inversión, requieren los tiempos y la atención suficientes, al ser altamente determinantes para el desarrollo correcto de la obra en plazo y precio para la construcción, conservación y explotación posterior de la infraestructura.
Claramente, es necesario poner el foco de atención y tiempo necesarios para las etapas iniciales. Los atajos propios de una sociedad inmadura acarrean consecuencias catastróficas. Los países así llamados desarrollados invierten para las primeras etapas el tiempo necesario (equivalente o aún mayor al de las obras), sin saltear etapas, que luego se recupera con creces durante la construcción, logrando minimizar demoras y sobreprecios. No es casualidad que tanto organismos financieros como la CAF y el BID hayan destacado a través de enjundiosos trabajos de investigación que las principales causales de los mayores costos, las dilaciones y aun los fracasos en las obras se hayan debido al no cumplimiento de estas siete reglas de oro.
Tampoco es casualidad que los organismos rectores del conocimiento y la gestión de la ingeniería en nuestro país coincidan en estas cuestiones básicas. Así lo han expresado la Academia Nacional de Ingeniería, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista, el Centro Argentino de Ingenieros, la Asociación Argentina de Carreteras y la Asociación de Ingenieros Estructurales, entre muchas otras entidades prestigiosas representativas del quehacer en la inversión pública. Así lo entendieron, también, los legisladores que, en su oportunidad, sancionaron la Ley 13064 denominada Ley de Obras Públicas, puntualizando las exigencias de prolijidad en la preparación de los estudios previos y posterior contratación y control.
No nos sentimos limitados al expresar y remarcar estos conceptos de prudencia y valoración de los esfuerzos de los contribuyentes, aunque su lectura parezca redundante. Sería ociosa la descripción de estas reglas de oro si no observáramos con asombro y preocupación que no siempre se han cumplido estas cuestiones básicas, mostrando obras paralizadas, reclamos interminables y hasta obras fracasadas en medio de necesidades impostergables.
La alerta sobre la gestión es también la señal inequívoca sobre la necesidad de la adecuada formación de los profesionales responsables del manejo de las inversiones, tanto por parte del elenco contratante cuanto del equipo de conducción del sector contratista, abarcando los de obra y las firmas consultoras.
Bregamos por un tamizado oportuno en la selección de los recursos humanos que garantice honestidad (intelectual y de bolsillo); idoneidad (profesional y personal); eficiencia (cumplimiento de objetivos y programas con la mejor calidad) y apertura mental (para analizar todas las alternativas, inclusive las que parezcan absurdas y para entender al otro, priorizando la cooperación frente al conflicto). Y, lo más importante, desterrar la idea de las culpas cruzadas.
No nos sentimos reiterativos al señalar con énfasis que los recursos dilapidados por la mala praxis en la inversión significan menos educación para quienes están recibiendo la posta del desarrollo futuro y de nuestro sostenimiento. A quienes tienen la responsabilidad directa de las inversiones en la obra pública les pedimos, quienes tenemos una importante responsabilidad indirecta, que siempre nos exijan lo mejor de nuestro saber y que trabajemos juntos para hacer realidad un anhelo de esperanza para las generaciones que nos suceden. Y un cuidado firme, decidido y comprometido de los recursos de los contribuyentes, en especial en circunstancias tan difíciles como la presente.
Quisiéramos cerrar esta reflexión destacando una alerta sobre el comportamiento de algunos comitentes respecto de sus compromisos contractuales que, muchas veces bajo situaciones denominadas difíciles, incumplen sus compromisos contractuales básicos conculcando los legítimos derechos de equidad y buena fe de quienes sí están cumpliendo con sus obligaciones sin posibilidad de defenderse en los tiempos mínimos que requiere su subsistencia. Que se entienda que no estamos en la vereda de enfrente y que somos socios comprometidos con el desarrollo presente y con la inversión para la posteridad. Y que sea esta nuestra modesta contribución para forjar un país mejor.
Por ALFREDO SEVERI (ES DIRECTOR DE ATEC SA)