El Constructor dialogó con Edgardo Depetri, ex Subsecretario de Ejecución de Obra Pública y actual vicepresidente del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), quien sostuvo que “el 80% de la obra pública es estatal nacional junto a las provincias y a los municipios”.
¿Cuáles han sido las principales repercusiones desde que el Estado Nacional anunció el freno de la obra pública?
Las consecuencias de la decisión del gobierno de Milei de paralizar toda la obra pública ha tenido un impacto negativo no solamente en la economía —ya que han caído más de 150.000 puestos de trabajo en todo el país— sino que ha paralizado obras de infraestructura, rutas, puentes, obras vinculadas a la salud como hospitales, universidades, también obras de cuidado como los centros de desarrollo infantil, que realmente es un golpe a las provincias argentinas y a los a los municipios, donde la obra pública cumple un rol de desarrollo de sus economías regionales y creación de empleo.
En Buenos Aires se han paralizadotambién obras vinculadas a la seguridad, como las cárceles y las alcaldías. Esto afecta fuerte el tema de la seguridad, por un lado, y claramente en una crisis de pandemia, como fue el COVID y como es ahora el dengue, afecta por otra parte todo el sistema sanitario del país.
¿Existen alternativas de financiación para retomar las obras paralizadas?
No, no existen. En el mundo está demostrado que las grandes obras de infraestructura las hacen los Estados. El 80% de la obra pública de los países desarrollados está realizada por el Estado. Incluye tanto obras de infraestructura como viviendas, escuelas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las economías regionales y los caminos rurales para el sector agrícola.
Solamente alguna obra vinculada al sector petrolero, por ejemplo una ruta que conecte con el yacimiento, alguna ruta que se encuentre sobre la cordillera para que las empresas mineras extraigan oro o litio u obras vinculadas al ingreso de las grandes ciudades podrían realizarse desde lo privado.
Pero en los pueblos del interior es imposible que el sector privado pueda financiar esas obras. Entonces, no existe ninguna posibilidad de que sin el Estado presente, sin la intervención clara del presupuesto nacional, acompañado por los presupuestos provinciales y municipales, se pueda tener la obra necesaria en Argentina.
Mucho menos aquellas obras que requieren fuerte nivel de inversión para garantizar los derechos de la población, como incluso puede ser el acceso al agua potable en todo el país.
¿Qué puede comentar de los recortes de empleados públicos?
La estructura del antes llamado Ministerio de Obra Pública en términos administrativos sufrió fuertes recortes a tal punto que las dos subsecretarías que tenía el Ministerio —planificación y ejecución— se fusionaron en una sola, se echaron la mayoría de los trabajadores estatales que estaban realizando tareas, se paralizaron las dos grandes obras viales y también hay recortes presupuestarios muy fuertes en vialidad nacional.
Sabemos que las obras vinculadas a AYSA también están paralizadas y están despidiendo personal en ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento).
¿Ve posible un esquema público-privado para obras de infraestructura?
Insisto que el Estado tiene no solamente la responsabilidad sino la posibilidad en el presupuesto nacional de sostener financiamiento para las obras de infraestructura que son necesarias para el desarrollo de la economía, para la integración regional del país y obviamente para que el pueblo tenga más derechos y al mismo tiempo se genere trabajo.
Ya fracasó el sistema de la asociación de hacer obra pública a través del sector privado.
Fue un negocio de los sectores de las grandes empresas, casi siempre con financiamiento internacional, en moneda extranjera, con altísimas tasas de interés, tarifas que estaban también dolarizadas, y siempre el Estado era el garante de esos negocios.
Así que no veo ninguna ninguna posibilidad salvo alguna que otra obra pública vinculada al modelo económico que está impulsando ahora Milei, que es fuertemente exportador en materias primas y que tiene alguna expectativa en el litio, en Vaca Muerta y en la minería. Pero esas son grandes obras que la mayoría involucra a empresas multinacionales y no significan ningún impacto en términos de mejora de la calidad de vida de la población y mucho menos en la generación de empleo.
Al finalizar su gestión, ¿qué destaca entre los logros principales?
Lo más importante que hicimos con el gobierno de Alberto Fernández y con el entonces ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis —actualmente Ministro de Infraestructura y servicios públicos de la Provincia de Buenos Aires—, es que en cada ciudad de la Argentina, en cada municipio, en cada pueblo, en cada paraje, junto con los gobernadores y con los intendentes pudimos construir una obra pública.
Pavimento, una cloaca, agua potable, un centro cultural, una ruta, una escuela, un hospital, una universidad.
Siempre hubo presencia de obra pública y fue la que incluso nos permitió recuperar los niveles de ocupación del sector, que durante el macrismo perdió doscientos cincuenta mil puestos de trabajo. En los cuatro años de nuestra gestión pudimos recuperar los niveles históricos de trabajadores en la construcción.
Obviamente, eso hoy está no solamente frenado, sino que hay una campaña de estigmatización de la obra pública, y hay un deterioro cada vez más importante de toda la infraestructura vinculada al sector, lo cual golpea seriamente a las empresas privadas. Por su parte, los gobernadores continúan muchos como pueden, sin conseguir lo que proyectamos de una obra pública federal que esté presente como Estado nacional en todo el territorio.
